ECONOMÍA
Uno de cada seis autónomos ve ya tan grave la morosidad como la falta de crédito
La clasificación que engloba los principales problemas económicos de los autónomos, realizada por la Federación de Autónomos de Castilla y León a partir de 500 encuestas durante los tres primeros meses de este año, ha registrado una fuerte subida de la morosidad, tanto pública como privada. Aunque ocupa los últimos lugares (siete y ocho), ya roza con la preocupación por el casi eterno problema de la falta de financiación.
El 18% de los autónomos, más de uno de cada seis, ven en la morosidad privada su principal problema para hacer frente a la coyuntura económica, mientras la falta de crédito se sitúa en el 18,76%. No obstante, la ausencia de pagos por parte de las administraciones públicas le preocupa al 15,3% de los trabajadores por cuenta propia. Esta variable entra con fuerza en juego cuando más se acusan las consecuencias de la deuda pública, parte de la cual afecta a los pequeños empresarios. De hecho, la falta de inversión se redujo un 26,37% durante 2009 y las compras a proveedores más de un 25%, coincidiendo con esa preocupación por el ascenso de la morosidad y por la falta de finaciación.
En términos absolutos, la organización integrada en Cecale asegura que la morosidad privada ha afectado «de forma grave» a más de 37.000 autónomos, y la pública a más de 31.000. Mientras, la patronal explica que «no es de extrañar que los problemas financieros derivados de la morosidad se hayan convertido en causa del 25% de las quiebras empresariales».
Por provincias, los trabajadores autónomos de Burgos son los que más acusan la morosidad privada, ya que casi un 35% la consideran uno de los principales problemas a los que se enfrentan sus negocios. Algo similar, con el 30% de respaldo, sucede en Salamanca.
No obstante, en Burgos la falta de pagos por parte del sector público alcanza números récord, puesto que se equipara prácticamente a los impagos de particulares y empresas privadas. Salamanca, por su parte, conserva también el mismo porcentaje con las administraciones públicas que con el sector privado.La clasificación que engloba los principales problemas económicos de los autónomos, realizada por la Federación de Autónomos de Castilla y León a partir de 500 encuestas durante los tres primeros meses de este año, ha registrado una fuerte subida de la morosidad, tanto pública como privada. Aunque ocupa los últimos lugares (siete y ocho), ya roza con la preocupación por el casi eterno problema de la falta de financiación.
El 18% de los autónomos, más de uno de cada seis, ven en la morosidad privada su principal problema para hacer frente a la coyuntura económica, mientras la falta de crédito se sitúa en el 18,76%. No obstante, la ausencia de pagos por parte de las administraciones públicas le preocupa al 15,3% de los trabajadores por cuenta propia. Esta variable entra con fuerza en juego cuando más se acusan las consecuencias de la deuda pública, parte de la cual afecta a los pequeños empresarios. De hecho, la falta de inversión se redujo un 26,37% durante 2009 y las compras a proveedores más de un 25%, coincidiendo con esa preocupación por el ascenso de la morosidad y por la falta de finaciación.
En términos absolutos, la organización integrada en Cecale asegura que la morosidad privada ha afectado «de forma grave» a más de 37.000 autónomos, y la pública a más de 31.000. Mientras, la patronal explica que «no es de extrañar que los problemas financieros derivados de la morosidad se hayan convertido en causa del 25% de las quiebras empresariales».
Por provincias, los trabajadores autónomos de Burgos son los que más acusan la morosidad privada, ya que casi un 35% la consideran uno de los principales problemas a los que se enfrentan sus negocios. Algo similar, con el 30% de respaldo, sucede en Salamanca.
No obstante, en Burgos la falta de pagos por parte del sector público alcanza números récord, puesto que se equipara prácticamente a los impagos de particulares y empresas privadas. Salamanca, por su parte, conserva también el mismo porcentaje con las administraciones públicas que con el sector privado.
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