La VPO servirá de aval para que la Junta recupere la subvención en caso de fraude

Cerco al fraude en el mercado de las viviendas de protección pública. El comprador de una VPO que cometa una irregularidad –por ejemplo, vender la vivienda como si fuera libre antes de lo permitido por ley– deberá devolver a la Administración la subvención recibida y, en caso de declararse insolvente, responderá con el piso.

Así lo recogerá la nueva ley de derecho a la vivienda de Castilla y León, que previsiblemente aprobarán las Cortes el próximo 24 de agosto en sesión extraordinaria. Ésta es una de las modificaciones más importantes que sufrirá el proyecto aprobado en marzo por el Consejo de Gobierno, introducida mediante una enmienda presentada por el Grupo Popular y respaldada por el Socialista.

Con la aprobación de esta enmienda –que modifica el artículo 71 que regula la transmisión de viviendas de protección pública–, la Junta se garantiza el reintegro de las subvenciones concedidas mediante un aval que es el propio inmueble. «La vivienda estaría gravada; ocurriría como al solicitar una hipoteca, si el propietario no paga, el banco se garantiza el cobro del préstamo con la vivienda», señala el portavoz de los  populares en la Comisión de Arquitectura y Vivienda del Parlamento autonómico, Juan Ramón Represa.