Castilla y León cae 2 posiciones en financiación por habitante pese a subir la Junta sus tributos
La segunda edición de las balanzas fiscales revela que los nuevos impuestos que aplicó la Comunidad en 2012 amortiguaron el recorte de fondos estatal, pero la competencia fiscal entre regiones la relegó del sexto al octavo puesto entre las más ‘ricas’
El modelo de financiación autonómica, con el que las comunidades pagan la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, genera desigualdades, que se agravan como consecuencia de la competencia fiscal entre territorios. Es una de las conclusiones que arrojan las segundas balanzas fiscales, elaboradas por el comité de sabios de Cristóbal Montoro, que ayer hizo públicas el Ministerio de Hacienda.
A igual carga tributaria, Castilla y León es la sexta autonomía que más recursos por habitante ajustado (ponderando criterios como el envejecimiento o la dispersión territorial) recibe del sistema: el informe le asigna un índice 108,7 frente a la media nacional de 106,5.
Sin embargo, aplicadas las competencias que en materia fiscal tiene cada autonomía –unas suben impuestos y otras los bajan– pierde dos posiciones en el ranking y pasa al octavo lugar entre las benefactoras de más fondos: obtiene un índice de 107,2 frente a 104,9 de media.
Los datos del informe avalarían la petición que vienen reivindicando al Ministerio varias comunidades, entre ellas, Castilla y León, sobre la necesaria armonización fiscal, que evite una competencia desleal entre regiones, y corrija los desequilibrios.
Dicho de otro modo. Con un sistema fiscal homogéneo, las autonomías que más financiación por habitante reciben son País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León. Cuando los ejecutivos autonómicos aplican su normativa tributaria, el orden cambia: por delante de astilla y León se cuelan Asturias y Aragón.
Sobrefinanciación
La segunda edición del llamado ‘Sistema de Cuentas Territorializado’, calculado para el ejercicio 2012, vuelve a situar a Castilla y León en el pelotón de las seis comunidades sobrefinanciadas, que serían cuatro descontando a País Vasco y Navarra, privilegiadas por el régimen foral (ambas presentan un índice 200 frente al 100 de las de régimen común). Le siguen en el escalafón Cantabria (121,9); La Rioja (120,2), Extremadura (109,2); y Castilla y León (108,7). Todas superan la media nacional: 106.
Pese a ello, una comparativa con los resultados de la primera edición del informe, correspondiente al ejercicio 2011, permite concluir que la financiación per capita aumentó en 2012 en la Comunidad gracias a los tributos autonómicos.
Si sólo fuera por los fondos que transfiere el Gobierno central, Castilla y León habría bajado de un índice 108,9 a 108,7. Al aplicar la Junta su fiscalidad propia –en 2012 creó dos impuestos nuevos, el de vertederos y el de afección medioambiental, y aplicó la tarifa máxima del céntimo sanitario–, el índice pasó de 106,1 el año anterior a 107,2 en el año más crítico de la economía española, primero del mandato de Rajoy, bajo la sombra acechante del rescate.
Este ejercicio es el resultado de extrapolar a un índice cien el reparto de los fondos del modelo de financiación autonómica con los criterios que fija la ley; es decir, aplicando al número de habitantes criterios correctores como el envejecimiento, la dispersión o la extensión territorial, al entender que ello encarece la prestación de los servicios públicos básicos. Sin embargo, las conclusiones son muy similares antes de aplicar esta ponderación.
Según el informe de los sabios de Montoro, la administración central repartió en 2012 a cada castellano y leonés 2.396 euros, 213 más que el español tipo (2.183), pero casi la mitad de lo que reciben navarros y vascos (4.152 de media). Aplicados los impuestos de la Junta, la financiación per capita asciende a 2.427 euros, un 1,29% más, frente al aumento del 1,09% que supone de media en el territorio nacional la aplicación de la fiscalidad regional.
Agravios fiscales
Logran del modelo de financiación autonómica más recursos por habitante los vascos (3.863 euros), los navarros (3.100), los extremeños (2.592), los cántabros (2.576) y los riojanos (2.535). A la cola en fondos por cabeza, una vez aplicada la tributación autonómica, están los valencianos, con 1.848 euros; los murcianos, con 1.908 euros; los andaluces, con 1.949 euros y los canarios, con 1.972 euros.
Nuevamente quedan confirmadas las diferencias en el trato fiscal que soportan los contribuyentes en función de su lugar de residencia, un principio contra el que ha clamado la Junta. Así, mientras un castellano y leonés soporta una factura fiscal autonómica equivalente a 31 euros, un extremeño paga 248 euros, un asturiano 147 y un catalán 131.
En el otro extremo, se sitúan tres comunidades con régimen de financiación especial, Navarra, País Vasco y Canarias, además de Madrid, cuyos ciudadanos disfrutan de más rebajas impositivas, por lo que el informe de los sabios les imputa un sobreesfuerzo fiscal con signo negativo.