La Policía Nacional y la Guardia Civil intensifican las inspecciones de talleres para localizar centros ilegales

Policía y Guardia Civil están “intensificando” las inspecciones de talleres de automóviles en Segovia para combatir la competencia desleal, la desprotección de los clientes ante posibles reclamaciones y el riesgo que suponen para la propia seguridad vial. Sobre todo, “por las dudas que ofrece la profesionalidad de las personas que realizan estos trabajos”, según subrayó la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz.

Sanz se reunió con representantes del sector para abordar esta y otras cuestiones, como la celebración de una jornada informativa sobre normativa medioambiental que, en principio, se acordó para el próximo mes de octubre. En el encuentro participaron el teniente coronel de la Guardia Civil, Fernando Gil Llorente, y el teniente del Seprona, así como el secretario de la Federación Empresarial Segoviana (FES), José Luis de Vicente, y el presidente y un vocal del Gremio Segoviano de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Gestraa), José Luis Horcajo y Miguel Ángel García, respectivamente.

Respecto a la competencia desleal que sufre el sector, Sanz señaló que “los cuerpos de seguridad combaten esta actividad ilícita intensificando las inspecciones”, y animó a que se denuncie cuando se observen estas prácticas ilegales, al tiempo que recordó “los perjuicios que tienen tanto para la economía como para los consumidores”. De hecho, fuentes de la Subdelegación del Gobierno destacaron a Ical las dificultades que afrontan las autoridades a la hora de localizar estos centros, intervenir por propia iniciativa y sorprender a los responsables para reunir pruebas cuando no hay denuncia previa.

“Aparte de que los usuarios de talleres ilegales quedan desprotegidos ante posibles reclamaciones o fraudes, al no contar con presupuestos, facturas o garantías, esta actividad puede suponer un riesgo para la seguridad vial, por las dudas que ofrece la profesionalidad de las personas que realizan estos trabajos”, argumentó la subdelegada.

La llamada pública de Sanz a denunciar la proliferación de centros ilegales de reparación de vehículos se produce un mes después de que Gestraa volviera a advertir del problema que sufren por esta causa las empresas a las que representa. De hecho, la economía sumergida alcanza “porcentajes de entre el 20 y el 25 por ciento” en su sector y “continúa siendo motivo de preocupación”, tal y como recordó el gremio el pasado 22 de junio, reunido en asamblea general ordinaria.

Gestraa reclamó por ello “más contundencia a la hora de perseguir la competencia desleal”, aunque matizó que se han “producido avances”, y pidió “colaboración con las administraciones y los propios consumidores, concienciados por la falta de garantías y los riesgos para la seguridad vial” que conlleva esta situación.