CSI-F lamenta que la Junta no haya anunciado más oposiciones de profesores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Castilla y León no ve “voluntad política suficiente” en la Junta para recuperar los casi 1.500 profesores que se han perdido en los últimos cinco años en la Comunidad, ya que la plantilla de este curso sólo se ha incrementado en 132 profesores más, hasta los 33.721 actuales. CSI-F lamentó que la Junta no haya anunciado la convocatoria de nuevas oposiciones de docentes, como sí hizo en la presentación del curso del pasado año.

De esos 132 profesores más que habrá en el curso 2015-2016, un total de 85 lo serán en la enseñanza pública y 47 en la enseñanza privada, por lo que CSI-F considera que la enseñanza pública, en proporción a los alumnos, resulta más perjudicada. Por ello, CSI-F insistió en la necesidad de que la Junta convoque la oposición de más plazas de profesores, que permita la sustitución de todos los profesores que por jubilación u otras razones hayan dejado la plantilla, es decir, reclama el 100 por 100 de la reposición de plazas vacantes.

La responsable de Enseñanza de CSI-F Castilla y León, Isabel Madruga, insistió en que la aprobación de más oposiciones para profesorado no supone ningún coste añadido para la Junta, ya que las plazas de profesorado se ocupan a través de adjudicaciones a interinos. Por el contrario, reiteró que tener más plazas cubiertas con oposición da más estabilidad al sistema educativo, y se refuerza la calidad y la organización en los centros.

De esta manera, Madruga reiteró que tener cerca del 20 por ciento de profesores interinos provoca muchas incidencias y cambios, que para nada benefician al objetivo de conseguir la máxima calidad en la enseñanza de Castilla y León, por lo que exige una convocatoria de oposiciones “acorde con las necesidades reales del sistema”, añade. Para CSI-F, el incremento de 132 nuevos profesores resulta insuficiente.

En cuanto a la aplicación de la Lomce, el sindicato remarcó que la Junta sigue sin tener las ideas claras, en la aplicación de la nueva ley educativa. Por eso, aunque valora decisiones que ha tomado la Consejería, como prorrogar la PAU para evitar incertidumbres en los alumnos de Bachillerato, mantener las tutorías dos cursos seguidos, o darle a las pruebas de evaluación de sexto de Primaria o cuarto de ESO un valor de diagnóstico, hizo hincapié en que la aplicación de la ley debe hacerse sin imposiciones, con el acuerdo de la comunidad educativa.

Además, exigió que los datos de esas pruebas diagnósticas no se hagan públicas, para que la enseñanza concertada no los utilice en su favor, para dar una idea distorsionada de la realidad, puesto que la enseñanza pública atiende todas las necesidades y llega a todos los lugares, donde no interesa a la enseñanza privada, como ocurre con el medio rural y diversas educaciones especiales.