Los compradores de patrimonio público podrán pagar en 10 años
La Junta modifica la Ley para facilitar la enajenación de los 1.671 inmuebles y 670 hectáreas de suelo que tiene en el mercado / Exigirá hipoteca o aval bancario
Silo ubicado en la localidad segoviana de Sepúlveda incluido en el inventario de la Junta.-Ical
Cuando la crisis económica empezó a agujerear la caja de los ingresos públicos, las administraciones perforaron en pozos alternativos al de la recaudación tributaria en busca de fondos.
Uno de ellos fue la comercialización de patrimonio en desuso. A esta vía acudieron el Gobierno central y muchas de sus empresas públicas, y varias comunidades, entre ellas Castilla y León, que a finales de 2014 centralizó las operaciones de todas las Consejerías en un Plan de Enajenación de Inmuebles.
Sin embargo, la administración no es ajena a los obstáculos que aún hoy sigue teniendo cualquier particular para vender una vivienda, local o terreno. La demanda continúa siendo moderada, los precios no acaban de recuperarse y persisten las dificultades de financiación para los compradores potenciales.
Con el objetivo de minimizar estos inconvenientes, la Consejería de Economía y Hacienda ha introducido en el anteproyecto de la Ley de Medidas una modificación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad para regular la venta a plazos de los bienes públicos.
Así, introduce un artículo 115 bis que faculta al órgano competente para «admitir el pago aplazado» en la venta de bienes o derechos «por un periodo no superior a diez años y siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condición resolutoria explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente usual en el mercado».
La nueva regulación, que entrará en vigor el 1 de enero, dictamina, además, que el interés de aplazamiento «no podrá ser inferior al interés legal del dinero» y que las condiciones ventajosas de este pago fraccionado podrán incluirse como «condición particular en el pliego» que rige la subasta o concurso o bien «ofrecerse al interesado en la venta directa».
La Consejería de Economía y Hacienda, competente en materia de Patrimonio de la Comunidad, imita una posibilidad que «ya ofrece el Gobierno», según precisan fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo.
El Plan de Enajenación de Inmuebes, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo, ya incoporaba otras fórmulas similares para facilitar la salida al mercado de los 1.671 inmuebles y 670 hectáreas de suelo inventariados –valorador por el Ejecutivo en 254 millones de euros–, como las permutas, cesiones gratuitas o arrendamientos. Con su venta, la Junta no sólo obtendría fondos de forma directa, sino que ahorraría también los costes de mantenimiento de este patrimonio.
En ese catálogo de bienes no afectos a usos públicos figuran 1.110 parcelas de suelo industrial; 258 fincas de reemplazo; 176 silos, casillas de camineros y viviendas, sin incluir las de protección oficial; 48 garajes; 33 solares en suelo urbano consolidable; 27 edificios en desuso y 15locales; y tres terrenos pendientes de desarrollo urbanístico, entre otros.