El segundo presupuesto al alza se vuelca en el empleo y apuntala el gasto social

Por segundo año consecutivo, en 2016 el Gobierno autonómico tendrá más capacidad para gastar por dos motivos: la recuperación, moderada pero firme, de los ingresos tributarios y la rebaja en la factura de los intereses de la deuda.

Las nueve consejerías se repartirán el próximo año 7.628 millones para ejecutar sus programas, libres de carga financiera, casi 162 millones más que en el ejercicio actual.

Aunque ténue, este incremento del 2,2% permitirá a la Junta consolidar una política social que «ya no admite más recortes» –y ahora arañará el 82% de esos fondos adicionales, 132,3 millones– y volcarse en el empleo para imprimir velocidad a la «insoportablemente lenta reducción de la tasa de paro». Un departamento ad hoc creó esta legislatura el jefe del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, que gestionará, en una comparativa homogéna, un 11,2% más.

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, aprobado en sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, aporta «certidumbre, previsibilidad y eficacia», en palabras de Herrera.

Se asienta sobre unas previsiones macroeconómicas elaboradas desde una «extraordinaria prudencia». Son unas cuentas «realistas, creíbles y responsables», cualidad, este última, a la que apeló el presidente para reclamar su apoyo a los grupos parlamentarios –con un guiño particular a Ciudadanos–, en los presupuestos que estrenan la legislatura y los primeros de la era herreriana sin mayoría absoluta.

Tres grandes cifras arman el proyecto de ley. La primera: 9.843,6 millones. Es la cuantía global, la suma de los capítulos 1 a 9, que adelgaza un 0,78%. Sin embargo, es un lifting logrado a base de photoshop, léase, un artificio contable ordenado por el Ministerio de Hacienda.

La Junta se ha visto obligada a sacar de su presupuesto las ayudas reembolsables que concedía a las empresas –235 millones sumaron en 2015– para evitar que cumputen como números rojos de la Administración y saltarse el objetivo de deuda, lo que se ha traducido en un recorte del 15% en las operaciones financieras. Precisamente, el departamento de Cristóbal Montoro cambió las reglas de juego este año, con carácter retroactivo a 2014. Y en virtud de ese nuevo criterio ha colocado a la Comunidad entre las incumplidoras.

La segunda cifra relevante para entender las cuentas para 2016 la constituye el techo de gasto no financiero. Es el todo menos las operaciones financieras. O, dicho de otro modo, la suma del gasto de las consejerías (7.627,9 millones), más la PAC (923), los intereses de la deuda (330,2), y el presupuesto de las Cortes (27,9), que crece un 2,2%.

El resultado final son 8.909,9 millones, 23,6 más que el techo de gasto aprobado por las Cortes en septiembre, un ajuste al alza que obedece al pequeño incremento de las transferencias del Gobierno y la Unión Europea y a la estimación mayor de ingresos propios.

Sin embargo, la cifra crucial, la que determina la capacidad efectiva de gasto de las consejerías, son los 7.627,9 millones señalados al inicio, un 2,2% más. Es el dinero contante y sonante, descontadas las operaciones financieras, los intereses de la deuda, la PAC y las Cortes.

Que el presupuesto global de la Comunidad baje pero la capacidad de gasto de sus departamentos suba se explica por dos motivos: más ingresos ordinarios y menos peso de las cargas financieras.

La recaudación tributaria mejora en el marco de una economía en despegue. El cuadro macroeconómico que sustenta estas cuentas, más prudente que el del Gobierno central, cuestionado por Bruselas, prevé un incremento del PIB del 2,7%; una tasa de paro del 17,8%; y un repunte del 2% en la creación de empleo.

Más dinamización económica repercute en más ingresos por impuestos, aumento compatible, como destacó Herrera, con la rebaja en el IRPF o la supresión del céntimo sanitario. Las entregas a cuenta del modelo de financiación anotan una «sensible mejora, aunque coyuntural».

Crecen un 7,2% gracias a los 318,3 millones de la liquidación positiva de 2014, que contrarrestan los 73,9 que la Junta debe devolver por las de 2008 y 2009. Despierta la demanda interna (crece un 3,4% la recaudación estimada por IVA) mientras que la doble reducción estatal y autonómica en el IRPF aminora casi un 2% los ingresos por esta vía. Los tributos propios, incluido el cedido sobre depósitos bancarios, crecen un 2,3%. La recaudación tributaria amortigua el descenso del 2,16% en las transferencias finalistas, principalmente las llegadas de Europa en el primer año del nuevo marco.

La vía de financiación natural de la Administración se desatasca: presupuesta un 4,4% más por ingresos no financieros. Mientras la extraordinaria pierde peso: las operaciones financieras se resienten un 28,5% hasta 1.111,4 millones al computarse extrapresupuestariamente los préstamos reembolsables y por la reducción en un 55,3% de los ingresos autorizados con cargo al objetivo de déficit del 0,3%, lo que reduce la emisión de deuda nueva a 225,4 millones.

Por el lado de los gastos, la Junta suelta lastre en el capítulo tres, los intereses de la deuda, que bajan un 18,6% y dejan libres 75,4 millones para gastos «más urgentes y sensibles», gracias a los ahorros por la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera del Gobierno (36 millones), la refinanciación del Plan de Pago a Proveedores (10) y la renegociación de créditos (18).

Destacan los incrementos previstos en el capítulo de personal (un 1,97% más) para atender el incremento del 1% en las retribuciones de los empleados públicos, el pago del 25% de la extra de 2012, o el aumento de la oferta de empleo público.

Y del 4,5% en las inversiones reales, que suben por primera vez en seis años. De los 465 millones consignados, 150 serán para el plan de inversiones sociales prioritarios comprometido en campaña y 220 se los repartirán Agricultura y Fomento y Medio Ambiente, en especial para conservación de carreteras.