Ocho detenidos de un grupo organizado que estafó al menos 96.000 euros a 200 personas ofreciendo empleo público sin examen a cambio de dinero

Efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Antidroga “EDOA” de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, detuvieron a ocho personas que formaban parte de un grupo organizado al que se acusa de delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de funciones públicas, dentro del marco de la “Operación Moscoso”. Estos delincuentes habría estafado más de 96.000 euros al menos a 200 personas en Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Badajoz, Murcia y Valencia ofreciendo plazas en la Administración Pública sin necesidad de examen a cambio de dinero.

A finales del pasado año, se tuvo conocimiento de que en varias poblaciones de esta provincia se estaba ofreciendo la posibilidad de ocupar plazas en la Administración Pública, sin realizar examen alguno, a cambio de pagar ciertas cantidades de dinero por parte de los interesados. Ahondando en la investigación, finalmente se determinó la existencia de un grupo organizado con funciones jerarquizadas el cual se dedicaba a cometer un delito continuado contra el patrimonio basado en “estafa”, asimilando al fraude, timo y engaño.

Se averiguó la participación directa de un individuo que, haciéndose pasar por Inspector del Ministerio de Educación y Ciencia y apoyado por un grupo estructurado y ubicado en otras provincias, se dedicaba a la captación de personas, principalmente desempleados, sin actividad laboral conocida, a las cuales tras una primera entrevista, ofrecía distintos puestos de trabajo de la Administración Pública. En concreto, ofrecía puestos de coordinador, técnico, conserje, etc., todo ello a cambio de considerables cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y 3.000 euros por participante, que tendrían que abonar en un número de cuenta, o en efectivo a los estafadores a cambio de acceder a los llamados puestos de la Administración en su modalidad de “libre designación”.

Asimismo, se determinó la existencia de tres focos de estafadores ubicados en Ávila, León y Toledo, provincias en las cuales cada uno de ellos captaba a sus víctimas, cuyo jefe sería el que decía ser el Inspector del Ministerio, principal objetivo y residente en Ávila capital.

Tras ganarse la confianza de estas personas, que por lo general carecían de trabajo estable o estaban sin él desde hacía tiempo, accedían a las pretensiones de los estafadores, optando por pagar la cantidad de dinero que se les solicitaba; todo ello en base a apertura de expediente y otros trámites falsos.

Para conseguir la confianza de los estafadores, facilitaban números de cuenta bancaria a las víctimas para realizar sus ingresos, solicitándoles documentación personal a cada una de ellas; llegando incluso a la devolución de la cantidad ingresada de aquellas personas que sospechaban del engaño que podrían estar sufriendo. De esta manera hacían ver a los demás afectados que la operación realizada era de total legalidad.

Una vez analizadas estas cuentas bancarias se ha contabilizado hasta el momento la cantidad de 96.000 euros estafados, destacando además de la cantidad anotada otro tanto de dinero superior ya que algunos perjudicados habrían pagado en mano a los estafadores, estimándose, que hasta el momento, ha podido afectar el engaño a unas 200 personas.

Sistema estructurado

La estafa en cuestión está basada en un sistema estructurado, en el que las víctimas pagaban con el fin de obtener su soñado puesto de trabajo, ante su precaria situación en el desempleo. Los estafadores a la hora de cometer este tipo de delito utilizaban lo que en el ámbito de la comunicación, marketing y la psicología de sus víctimas estrategias persuasivas, todo ello para llevar a éstas a una total credibilidad de sus actos.

Su primer objetivo consistía en conseguir que cada víctima creyera fehacientemente en la realidad de la oferta de trabajo que se le presentaba, de tal forma que los estafadores establecían conversaciones telefónicas y personales con ellas para de esa manera ganarse su confianza. Con todo ello, incluso crearon grupos de Whatsapp entre todos ellos para estar informados de las fechas que los estafadores anunciaban para las correspondientes firmas de los futuros contratos y del tal ansiado puesto de trabajo.

Una vez que se aproximaba el día de la firma de los mencionados contratos, el estafador trasladaba a sus víctimas que había existido cualquier tipo de anomalía en el Gobierno central y/o europeo, de tal forma que esas fechas eran aplazadas permanentemente. Seguidamente, la misión de los estafadores era en todo momento ir convenciendo a sus víctimas y reforzando su argumento para presumir de la legalidad del anuncio.

Por todo lo cual se ha desarticulado un grupo de profesionales, repartidos por distintas comunidades autónomas, cuyas víctimas del delito residen en las provincias de Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Badajoz, Murcia y Valencia, así como otras que pudieran estar afectadas y que están siendo analizadas

La policía sugiere a las personas que estén afectadas y no hayan puesto denuncia al respecto, que lo hagan personalmente en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a través del teléfono de contacto 92022 44 00, o incluso vía e - mail (dirección de correo electrónico av-cmd-avila-uopj@guardiacivil.orgl).

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. El caso está en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Ávila. Se estima que en fechas próximas el número de denuncias se incremente.