«Ahora se demuestra que teníamos razón»

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma local avala la tesis mantenida por la Junta de Castilla y León, contraria a que la Administración autonómica asumiera las competencias de consultorios y servicios sociales, máxime sin financiación añadida.

Así lo afirmó ayer el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien expresó su satisfacción por la sentencia. «Ahora se demuestra que teníamos razón», declaró a este periódico el consejero, tras recordar que el Gobierno autonómico fue muy beligerante con la ley «porque no era adecuada para el mundo local de Castilla y León».

Desde el primer borrador, el Ejecutivo autonómico cuestionó la reforma local y protagonizó un duro enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda y su titular, Cristóbal Montoro. De hecho, el proyecto de ley provocó los momentos de mayor tensión entre la Junta y el Gobierno de Mariano Rajoy, junto con el conflicto de la minería, que todavía colea. El propio titular del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, llegó a manifestar que la ley Montoro iba a dejar a los alcaldes poco menos que «para pasear al santo el día de la fiesta del patrón».

«No entendíamos cómo un gobierno local no podía participar en cuestiones fundamentales para los ciuadadanos de su municipio», manifestó De Santiago-Juárez, quien, en los largos meses de debate sobre la reforma, insistió una y otra vez en que las competencias de consultorios o servicios sociales podrían estar «en todo caso mal financiadas, pero no eran ‘impropias’» como recoge la LRSAL y entendían tanto la dirección de la Federación Nacional de Muncipios y Provincias (FEMP).

«Algunos deberían explicar hoy por qué defendieron de aquella manera la ley Montoro», añadió el consejero, sin querer precisar a quién se refería. Lo cierto es que en aquel debate, uno de los que más se significaron a favor de la ley fue el hoy secreario general de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, entonces vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, que ayer no pudo atender a este periódico por encontrarse reunido.

A lo largo de la tramitación del proyecto de ley, fueron varias las ocasiones en que Maillo y De Santiago-Juárez se cruzaron críticas al rsepecto, a pesar de que ambos pertenecen al Partido Popular.

Pero el ahora ‘número 3’ del PP no fue el único defensor de la reforma, finalmente asumida a regañadientes por la Junta después de que se introdujeran diversas mejoras. Los diputados y senadores populares de Castilla y León votaron a favor y el secretario del Grupo Popular en el Senado, Antolín Sanz, manifestó que la ley iba a permitir que los municipios miraran «al próximo siglo», tras afirmar que incluía «el 99% de las reivindicaciones de la Junta». Entre ellas, que la asunción por las Comunidades de las competencias relativas a la salud y a servicios sociales, quedaban «referenciadas al que será el nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales», como recoge la exposición de motivos de la ley.

La otra vertiente del conflicto sobre la reforma local estuvo en su coincidencia en el tiempo con la tramitación del nuevo modelo de Ordenación del territorio por parte de la Junta. El debate, en el que intervinieron tanto los defensores de la ley Montoro como la oposición socialista, se centró en si una y otra resultarían incompatibles y, al ser la autonómica de rango inferior, pudiera verse afectada.

Este debate, según De Santiago-Juárez, hizo que se retrasara la norma autonómica y obligó a la Junta a elaborar un informe, a petición del PSOE para demostrar que no existía tal incompatilidad. «Nos pusieron palos en las ruedas para que no avanzáramos en nuestro proyecto de ley sembrando dudas, y ahora resulta que lo que es incompatible, y con la Constitución, es la ley Montoro», declaró el consejero de la Presidencia.

Con el fin de resolver la inseguridad jurídica que generó la entrada en vigor de la reforma local, el Gobierno autonómico aprobó, el 27 de marzo de 2014, un decreto- ley de medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Con este decreto ley, luego imitado por otras comunidades, según explicó De Santiago-Juárez, las competencias de sanidad, educación y servicios sociales se mantenían en manos de los ayuntamientos hasta que se produjera el traspaso a la Comunidad, momento que estaba vinculado a la reforma del modelo de financiación autonómica y de la Ley de Haciendas Locales.