El PP insiste en que las gratificaciones no pueden ser públicas
El Grupo Popular apeló ayer a la ley e insistió en que las gratificaciones a los empleados de la Administración autonómica no pueden tener carácter público para rechazar en la Comisión de la Presidencia la proposición no de ley presentada por Podemos, en la que se produjo un empate en las tres votación entre oposición y populares y la iniciativa se eleva al pleno de las Cortes de Castilla y León.
La procuradora de Podemos Natalia del Barrio recordó que los Presupuestos Generales de la Comunidad y la ley de Función Pública de Castilla y León recogen que las gratificaciones «serán de conocimiento público» y sólo se podrán percibir por servicios extraordinarios. «A pesar de la claridad de los textos legales, las distintas consejerías así como organismos dependientes de ellas se han resistido a publicar estos datos amparándose en la Ley de Protección de Datos», argumentó.
Natalia del Barrio afirmó que la «opacidad» en la publicación de estas retribuciones lleva a «indicios de sospecha» por un presunto fraude de ley, posición que respaldaron José Sarrión (IU), David Castaño (Ciudadanos) y Luis Briones (PSOE), quien rechazó «vetos y cortapisas» en el cumplimiento de la transparencia, informa Ical.
El procurador del PP Manuel García insistió en los argumentos ya expuestos por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en el sentido de que el Estatuto Básico del Empleado Público es de obligado cumplimiento y como fue aprobado en 2007 está por encima de la Ley de la Función Pública que data de 2005.
García recordó a los procuradores la diferencia entre las gratificaciones y la productividad, que si se ha publicado a través de una orden, y remarcó que la Junta debe cumplir la ley básica, al tiempo que se remitió a una sentencia en la que «no se ampara la cesión máxiva de datos a los representantes sindicales y junta de personal», por lo que anunció el voto en contra.
Pese a reconocer que la publicación figura en la ley de Presupuestos y en la de Función Pública, reiteró que se debe cumplir la ley de rango superior de la Administración del Estado, posición en la que discreparon el resto de ponentes de la oposición.