La Junta ve en la rectificación de Montoro un «gesto» de corto plazo

La Junta de Castilla y León ve en la decisión del Gobierno central de flexibilizar el objetivo de déficit un motivo de esperanza, pero solo «a corto plazo», porque la meta de la Comunidad es que se produzca un cambio en el modelo de financiación y un reparto más equitativo del déficit entre el Estado y las autonomías. Y rechaza los recortes y el «café para todos».

La posición la fijó ayer la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, para quien la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy es «un gesto» que demuestra solo «un poquito de sensibilidad». Que para este año se haya cambiado el objetivo del déficit del 0,3 al 0,7% puede ser un alivio, «pero no creemos que sea la solución», según Valdeón.

En la comparecencia ante los medios para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, Valdeón recordó que los presupuestos de la Comunidad Autónoma ya se ajustaban al 0,3%, por lo que todo lo que se fije por encima de ese porcentaje «nos beneficia».

Sin embargo, la vicepresidenta no desveló si el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera tiene previsto utilizar ese mayor margen en las cuentas públicas. Tampoco cuantificó el montante económico que puede suponer, pues se está evaluando, y dejó todo pendiente de la reunión bilateral que debe producirse entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda de Pilar del Olmo.

En cualquier caso, si se opta por un incremento del gasto o la inversión, el destino serán las políticas directamente relacionadas con los servicios básicos a los ciudadanos. Valdeón respondía así a las declaraciones del secretario autonómico socialista, Luis Tudanca, quien ayer pidió que el dinero de más que se pueda disponer (210 millones adicionales según algunas estimaciones extraoficiales), se dedique a revertir los recortes en el Estado de Bienestar, previa consulta con todos los grupos políticos.

Valdeón recalcó que el 80% del presupuesto castellano y leonés está dedicado a políticas sociales y aprovechó para recordar al Gobierno central que no es lo mismo pedir recortes a unas comunidades con un 60% de gasto social que a Castilla y León con el 80.

Precisamente lo que no quiere la Junta de Castilla y León, como explicó la vicepresidenta, es un trato igualitario. «No vale el café para todos», sentenció. Por eso aboga por las reuniones bilaterales, para que cada comunidad sea tratada en función de sus cuentas.

Insistió en que Castilla y León es una Comunidad «cumplidora», y rechazó tajantemente que alguien pueda decir lo contrario por un único desvío en sus cuentas, en las del año pasado, que fue «por causa justificada». A este respecto, dijo que el Gobierno central debería tener sensibilidad e incluir como criterio el grado de cumplimiento de las comunidades.

Lo que quedó claro es que la ampliación del objetivo déficit refuerza las posiciones de la Junta, ya que supone «un reconocimiento de que si nos quejábamos era por algo». Además, si con el 0,3% se rechazó cualquier recorte, «ahora menos lo vamos a consentir». En cualquier caso, lo que no quiere la Comunidad es vivir pendiente de buenos gestos. «Nos mantiene la misma incertidumbre», «no podemos estar a si el Gobierno es generoso o no».

Minería

La vicepresidenta también informó de la próxima reunión entre Juan Vicente Herrera y el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández. La minería será una de las cuestiones que estarán encima de la mesa. Los objetivos de ambas comunidades son los mismos y la vicepresidenta insistió en que la voluntad de Castilla y León es ser «proactivos». «Juntos podemos llegar más lejos», sentenció. Además, ambas comunidades analizarán la prestación de servicios a ciudadanos que vivan en las dos zonas. También profundizarán en su acuerdo sobre actuaciones por el problema demográfico, aprovechando también el dictamen que presentó el miércoles en Bruselas Juan Vicente Herrera. La financiación autonómica será otro de los asuntos a tratar.