Condenan al ex director del Inteco tras el sobrecoste de 1,9 ME por acelerar la sede
El Tribunal de Cuentas ve probado que la cantidad sirvió para acortar los plazos, pero afirma que no está acreditado que fuera por las generales
Zapatero y Enrique Martínez, en la visita del presidente a la obra Inteco.-E. M.
La obra de la sede del Insituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), lo que hoy es el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), vuelve a estar de actualidad ocho años después de su finalización.
El Tribunal de Cuentas condena al ex director general del Instituto, Enrique Martínez, por el sobrecoste de 1,9 millones de euros que se pagó a la constructora Dragados para que acelerara la construcción y que la obra estuviera concluida en febrero de 2008, a tan solo un mes de las elecciones generales.
El Inteco adjudicó en abril de 2007 la obra por 8,4 millones de euros para que se finalizara en 10 meses, pero finalmente y tras un modificado exigido por el instituto con Enrique Martínez a la cabeza, que incluyó más cimentación para dos torres futuras y un párking subterráneo, el proyecto quedó fijado en 17,3 millones, 16,3 «destinados para la obra y otro millón para las instalaciones», detalla el Tribunal de Cuentas.
En la sentencia del Tribunal, a la que ha tenido acceso este periódico, se detalla con claridad que «el importe total satisfecho por la obra, resultante de sumar los pagos de las doce certificaciones del contrato de obra y las tres del contrato de instalaciones, asciende a 18,2 millones de euros». Y es aquí donde el Tribunal es rotundo al asegurar que «la parte de este importe total que corresponde al sobreprecio pagado por el Inteco para la aceleración de los trabajos a fin de que estuvieran finalizados en febrero de 2008 asciende a 1,9 millones de euros».
Además de al ex director del Inteco, el Tribunal de Cuentas condena también a los arquitectos y al jefe del proyecto.
La sentencia deja claro que se firmaron certificaciones de obra, entre ellos Enrique Martínez, que «está probado que conocían que las unidades de obra consignadas en la certificación no correspondían a la obra efectivamente ejecutada, como consecuencia del sistema seguido, y conocido por todos, para pagar a la constructora el sobreprecio por la aceleración de la obra».
Eso sí, el Tribunal de Cuentas matiza que «no se puede considerar acreditado que la proximidad de las elecciones generales fuera la razón por la que el Inteco impusiera el acortamiento del plazo de ejecución de la obra».
Esa última certificación de obra que no se ejecutó introdujo dos conceptos, la cobertura de 4.682 metros de suelo con linóleo y la construcción de una góndola, por un importe total de 403.756 euros, que realmente no se llevaron a cabo. La resolución indica que «dichos pagos pueden considerarse justificados en la misma medida en que lo está el del precio total de la obra», esto es, en un 89,6% de los 403.756 euros reclamados en la demanda. Así, se considera justificado el pago de 361.765 euros, pero no de los 41.990 euros restantes que deberán abonar los ahora condenados.
Enrique Martínez, en declaraciones a este periódico, asegura que respeta la sentencia pero que la recurrirá a la segunda instancia del Tribunal de Cuentas «porque no estoy de acuerdo con los hechos», puntualiza.