Unanimidad para que la financiación autónomica ‘pague’ por la demografía

El reto demográfico estuvo presente durante los dos días del debate sobre el estado de la Comunidad en las Cortes. Reconocido por todos como uno de los problemas más importantes de Castilla y León se convirtió en varios momentos en arma arrojadiza en los discursos de los grupos de la oposición. Sin embargo, el último día se consiguió la unanimidad para intentar crear un nuevo instrumento que mitigue uno de los problemas que generan los rasgos demográficos de la Comunidad, el encarecimiento de los servicios. Por ello, se buscará un cambio en el modelo de financiación autonómica para que contemple el coste del envejecimiento de la población.

Todos los grupos respaldaron la resolución propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, así que se aprobó instar a la Junta de Castilla y León a que busque el consenso con las comunidades autónomas que tengan intereses similares en relación a la financiación autonómica.

El consenso sobre la necesidad de cambiar el modelo de financiación es prácticamente unánime entre las autonomías, pero no todas defienden los mismo intereses. En el caso de Castilla y León, una reclamación histórica es que se tenga en cuenta el coste real de los servicios, ya que las características demográficas de la Comunidad, por la existencia de una población rural dispersa y una media de edad elevada hacen que en general los servicios tengan un coste mayor por habitante.

Por este motivo, la resolución aprobada ayer por las Cortes reclama buscar alianzas con otras comunidades autónomas que tengan intereses similares. Hay que recordar que Castilla y León está integrada en un foro autonómico con otras siete autonomías para abordar conjuntamente los retos demográficos, lo que podría ser un punto de partida.

La resolución aprobada por unanimidad quiere que ese frente común se forme para que en la reforma del sistema de financiación «se ponderen de forma suficiente las circunstancias distintas de la población que generen un coste diferencial en la prestación de los servicios transferidos».

La resolución deja abierta las posibilidades de establecer compensaciones, pero sí hace una propuesta concreta, que es la creación de un Fondo de Cohesión Demográfica «que tenga en cuenta el coste del envejecimiento».

El consenso de todos los grupos era más que previsible, dado que ya se han formalizado acuerdos previos en esa línea. De hecho, la resolución cita el pacto entre la Junta de Castilla y León con los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto en materia de financiación autonómica del pasado 13 de abril.

No fue la única propuesta relacionada con la población. El Grupo Popular también consiguió la aprobación, aunque en este caso no por unanimidad, de una resolución en la que se insta a la Junta a que, antes de concluya el año, actualice la Agenda para la Población de Castilla y León con el objetivo de adaptar las políticas de población a la realidad actual.

Esta resolución se votó englobada con todas las que nadie pidió votar de forma independiente y que obtuvieron un resultado 59 votos favorables y 24 abstenciones, las correspondientes al Grupo Socialista, que ayer contaba con una ausencia en su bancada.

Para establecer los cambios en la Agenda de la Población, la resolución pide que se tengan en cuenta las observaciones y propuestas de nueve medidas formuladas por los miembros del Consejo de Políticas Demográficas, así como las consideraciones realizadas dentro del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos. También se alude al dictamen aprobado recientemente en Bruselas por el Comité de las Regiones, en el que el ponente fue el presidente de la Junta castellano y leonesa, Juan Vicente Herrera. Dicho dictamen hacía referencia a la Respuesta de la UE al Reto Demográfico. La resolución pide además que se oiga al Consejo de Políticas Demográficas.