La Junta denuncia que Castilla y León es la segunda autonomía que más peso pierde en la financiación autonómica de 2009, un 10,4%

Castilla y León recibió de media el 6,5 por ciento de los fondos asignados por el modelo de financiación entre las 15 autonomías de régimen común desde su entrada en vigor en 2009 hasta el último ejercicio liquidado, 2014, un porcentaje que contrasta con la cuota del 7,3 por ciento percibida con el anterior sistema, que reguló el reparto de recursos entre 2002 y 2008.El resultado es que la Comunidad vio reducido en más de un 10,4 por ciento su peso relativo en la financiación autonómica, lo que demuestra que el modelo actual "ha sido perjudicial para los intereses de los castellanos y leoneses", lamentaron desde la Junta. De hecho, fue el segundo territorio más damnificado, solo por detrás de Extremadura, que se dejó un 13,7 por ciento, frente a cinco autonomías que ganaron peso (Baleares, Madrid, Cataluña, Valencia y Murcia).

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta calculó, en términos homogéneos entre las autonomías (sin aplicar su capacidad normativa), que el mejor ejercicio para Castilla y León fue 2010, cuando recibió el 6,65 por ciento de los fondos distribuidos entre las autonomías, si bien cabe precisar que en este ejercicio se incorporaron plenamente los recursos adicionales que el Gobierno central había agregado al modelo de financiación un año antes, coincidiendo con la fecha de su aprobación. Por el contrario, 2012 marcó el peor registro para la Comunidad, ya que sólo percibió el 6,4 por ciento de los fondos totales.

La cuota castellana y leonesa de la financiación autonómica fue sensiblemente mayor en cualquiera de los ejercicios liquidados con el anterior modelo y osciló entre el 7,43 por ciento logrado en sus dos primeros años de aplicación -2002 y 2003-, y el 7,12 por ciento en el último, 2008, señala un comunicado de prensa.

Cinco comunidades ganan peso

La primera conclusión que obtuvo es que cinco autonomías ganaron peso relativo con el actual sistema, destacando en primer lugar Baleares (un 27,1 por ciento), seguida por Madrid (16,6 por ciento), Cataluña (14,7 por ciento), Valencia (3,4 por ciento) y Murcia (0,6 por ciento).

La mayor representatividad conseguida por estos cinco territorios fue en detrimento del resto, especialmente de Castilla y León y Extremadura, cuyo retroceso en términos porcentuales alcanzó los dos dígitos. En concreto, la comunidad extremeña vio caer su peso relativo sobre el conjunto de la financiación un 13,7 por ciento con el actual modelo y Castilla y León, un 10,4 por ciento.

Siguiendo este orden, a continuación se situaron Canarias y Andalucía, que cedieron casi un diez por ciento cada una; Galicia (8,9 por ciento); Asturias (7,8 por ciento); Castilla-La Mancha (6,5 por ciento); Cantabria (2,5 por ciento); Aragón (2,3 por ciento); y La Rioja (0,8 por ciento).  

La insuficiencia financiera del modelo

Fuentes de departamento que dirige Pilar del Olmo destacaron que con independencia del peso relativo que ganaron cinco autonomías y perdieron diez, una consecuencia común que sufrieron todas fue la insuficiencia financiera.

El Gobierno autonómico destacó que esta "insuficiencia" de recursos se hace "especialmente patente" en el caso de Castilla y León, que vio recortada su financiación en 456,65 millones de euros entre 2010 y 2014, es decir, un 7,4 por ciento. En concreto, los recursos definitivos asignados por el sistema a la Comunidad retrocedieron desde los 6.166,59 millones de euros hasta los 5.709,95 millones en el mismo periodo.

Una de las causas principales de esta pérdida de financiación se explica, según la Junta, por las reglas de reparto definidas en la ley que regula el modelo, que otorgan un peso deficiente a las variables no poblacionales –como el envejecimiento, la dispersión o la baja densidad– pese a que estas determinan un coste mayor en la prestación de los servicios públicos fundamentales. En concreto, el único fondo en el que se computan estos criterios es el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supone menos del diez por ciento de los recursos totales del sistema.

El Ejecutivo autonómica incide en que otra muestra del "mal funcionamiento" del sistema es que Castilla y León mantuvo en el 6,2 por ciento su peso relativo en términos de población ajustada (es decir, ponderada con las variables no demográficas) respecto al total de autonomías entre 2010 y 2014 y, pese a ello, redujo su cuota de participación en la financiación del modelo del 6,7 al 6,5 por ciento en el mismo periodo.

"Las conclusiones anteriores evidencian que el sistema es insuficiente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León en condiciones de equidad y calidad", resaltaron, para recordar que esta premisa que sirvió como punto de partida para alcanzar un acuerdo de Comunidad entre la Junta, con el presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, y todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria el pasado 12 de abril.

El documento consensuado con todos los grupos de las Cortes comprometía la defensa de 14 principios ante la futura reforma del modelo de financiación autonómica que acometa el próximo Gobierno.

Un sistema que encoje

En términos globales, precisaron que tomando como referencia 2010 –por ser el ejercicio en el que tienen sus efectos plenos los recursos adicionales incorporados al modelo– y 2014 –por tratarse del último ejercicio liquidado–, la disminución de fondos del sistema se cifra en 4.630 millones de euros, es decir, un cinco por ciento menos.

Esta reducción es superior a la experimentada por el Producto Interior Bruto (PIB) de España, que en estos ejercicios de crisis se contrajo un 3,7 por ciento en términos nominales. Por lo tanto, la segunda conclusión que puede extrae la Junta es que "la financiación de las comunidades autónomas ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía nacional y ha pasado de representar el 8,6 por ciento del PIB en 2010 al 8,5 por ciento en 2014".

Otra comparativa que el Ejecutivo regional considera "interesante" es la que resulta de ponderar los recursos del modelo con la recaudación total de los impuestos estatales que gestiona la Agencia Tributaria. Entre ellos se encuentran los que en diferente porcentaje alimentan el sistema –Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los Impuestos Especiales– y los que aportan recursos que se queda el Gobierno central, fundamentalmente el Impuesto de Sociedades.

Al respecto, estos ingresos fiscales se incrementaron un 9,7 por ciento entre 2010 y 2014, al tiempo que el volumen total de fondos transferidos a las autonomías fue descendiendo, siempre según la información facilitada por la Junta. Como consecuencia de lo anterior, la tercera conclusión para la Consejería de Economía y Hacienda es que "la financiación de las comunidades también perdió peso frente a la recaudación de los principales impuestos que pagan los ciudadanos, al bajar del 58,2 por ciento en 2010 al 50,4 por ciento cuatro años después".

Cifras armonizadas

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta realizo este análisis comparativo tomando como referencia la cuantía que ingresaron las comunidades sin aplicar su capacidad normativa, puesto que sumar estos fondos impediría contrastar las cifras en términos homogéneos, dada la ausencia de armonización fiscal entre territorios.

Por lo tanto, para este cálculo, excluyó del cómputo la recaudación de los tributos cedidos –Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Juego y tasas por servicios transferidos–, la derivada del impuesto sobre determinados medios de transporte y la correspondiente a la tarifa autonómica del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda realizó estas operaciones con todas las comunidades de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra–, a partir de los datos oficiales de liquidación publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y calculó el promedio de la financiación recibida por cada una con cargo a los dos modelos más recientes.