Los contratistas piden a la Junta que suprima la tasa de inspección de obras por «injusta»
Su presidente, Enrique Pascual, asegura que «lastra el futuro del sector» y destaca que este impuesto supondrá 7,6 millones de euros en un año con el menor nivel de adjudicación de los últimos 25
La Cámara de Contratistas de Castilla y León solicitará a las Cortes regionales que insten al Gobierno autonómico a que suprima la Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas (TIDOP) por tratarse de un «impuesto injusto que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores del sector de obra pública».
La asociación precisa, a través de un comunicado que recoge Ical, que las empresas de obra pública deberán abonar aproximadamente 7,6 millones de euros en concepto de esta tasa y eso cuando «la ejecución de obra este año volverá a ser muy escasa, situándose la Junta de Castilla y León en uno de los momentos de menor adjudicación de obra de los últimos 25 años».
Así se lo comunicó el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, durante el encuentro que mantuvieron ayer en la sede del Parlamento regional.
En el transcurso de la reunión, Pascual explicó a Silvia Clemente que el objetivo de la Cámara de Contratistas es que las Cortes regionales tramiten una iniciativa parlamentaria encaminada a la supresión de dicha tasa dado que, en su opinión, lastra las posibilidades de desarrollo del sector.
Para ello, la Cámara de Contratistas tiene previsto mantener encuentros en los próximos días con todos los grupos parlamentarios para explicarles las repercusiones negativas que tiene esa tasa en el sector y solicitarles su apoyo para lograr que la Junta no incluya dicha tasa en los presupuestos de 2017.
La Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas es un tributo que aplica la Junta de Castilla y León a las certificaciones de las obras que lleva a cabo y que representa el 4% del presupuesto de ejecución material de la obra.
Desde su implantación en el año 2002, la Cámara de Contratistas ha reclamado reiteradamente supresión, al considerar que «no se corresponde al pago por un servicio que el Gobierno regional preste a las adjudicatarias de obras, sino a un servicio que la administración se presta a sí misma, por lo que no debería ser abonado por las empresas contratistas».
Además del desembolso económico que supone para las empresas, la tramitación de estas tasas implica también, siempre los contratistas, «un coste burocrático tanto para la propia administración como para las adjudicatarias», que «no beneficia a nadie».
Por ello, estima que las TIDOP suponen para todo el sector de la obra pública en la región un impuesto «injusto que lastra sus posibilidades de futuro del sector, que ya se ha visto gravemente afectado por la crisis, con la pérdida de cerca de 8.300 empresas y más de 77.000 puestos de trabajo directos desde el año 2007».