El Pleno acaba con siete acuerdos unánimes tras el inicio bronco del debate

veces también en el ámbito parlamentario tras la tempestad llega la calma. Al ver el resultado de las votaciones de ayer, con siete acuerdos por unanimidad, pocos podrían pensar que era el final de uno de los plenos más broncos que ha habido. Las discusiones subidas de tono del pasado martes no impidieron, sin embargo, los acuerdos de la sesión de ayer, de los que uno de los beneficiados fue Aimar, un niño de 11 años con parálisis cerebral al que por fin se le abre la posibilidad de acudir al colegio con otros niños.

Aimar acudió ayer a las Cortes en su silla de ruedas, acompañado por su madre, que ha emprendido una lucha sin cuartel para que su hijo pueda acudir a un aula sustitutiva en el colegio Pedro I de Tordesillas. Su objetivo no es otro que Aimar y otros como él pueden ejercer un derecho que tienen reconocido.

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, procurador de Izquierda Unida, presentó una proposición no de ley para que se garanticen los derechos de Aimar. La legislación castellana y leonesa establece aulas sustitutivas de colegios de educación especial para la escolarización de niños como Aimar que no pueden o no quieren desplazarse hasta la ciudad para ir a un colegio de educación especial. En Tordesillas cuentan con ese aula, pero no hay el servicio de enfermería que le ha prescrito el Hospital Universitario de Salamanca para poder ir a clase.

En los Colegios de Educación Especial cuentan con el servicio, pero Sarrión denunció la discriminación que sufren los niños del ámbito rural que, disponiendo de aulas sustitutivas, no ofrecen ese personal especializado. El resultado es que Aimar estuvo el curso pasado recibiendo clases dos días a la semana en su casa, solo, sin un contacto con otros niños que se considera beneficioso y, por tanto, sin la educación inclusiva que su madre quiere para él.

Aimar y quienes le acompañaron a las Cortes salieron ayer satisfechos de la cámara legislativa. No lograron el cien por cien de lo que pretendían, pero sí consiguieron un paso adelante importante. El consenso no permitió reclamar un servicio de enfermería en el colegio Pedro I, pero sí se instó de forma unánime a la Junta de Castilla y León para que establezca un servicio itinerante, de forma que haya personal para que atienda a los colegios de la zona.

No faltaron los reproches en el debate ni la defensa de la acción política gubernamental, pero finalmente los procuradores que el día antes parecían enemigos irreconciliables lanzándose insultos gruesos acabaron por ponerse de acuerdo para pedir unidos una solución para Aimar y todos los niños que se encuentren en su situación.

No fue el único acuerdo por unanimidad, hubo seis más. A pesar de que las heridas por la batalla dialéctica del día anterior seguían abiertas y se mostraban a través de declaraciones en los pasillos de las Cortes, fue posible que quienes se habían tildado de zombis, motores gripados y cosas similares con tonos de voz elevado, consensuaran la defensa de intereses de Castilla y León relacionados con la remolacha, las pagas extraordinarias de los funcionarios y su jornada laboral, las actualización de las pensiones y los sueldos de los funcionarios, la creación de formación específica para las técnicos en emergencias o mejoras en la atención a la dependencia.

En lo relacionado con la remolacha no había duda posible sobre el consenso, ya que la proposición de ley que se debatía ayer estaba firmada por todos los grupos parlamentarios, comprometiéndose así en la defensa de un sector en el que hay 4.800 agricultores en la Comunidad y en torno al que se articulan aproximadamente 1.500 empleos directos.

La amenaza que se cierne sobre el sector es la desaparición de las cuotas de producción a partir del 30 de septiembre de 2017. Esta actividad se verá enfrentada sin protección alguna a una fuerte competencia en Europa partiendo con la desventaja de unos costes fijos más elevados, aproximadamente un 40% más altos debido a la necesidad de riego. Por ello, todos los grupos quieren que se impulsen mecanismos para acompañar al sector en la adaptación al fin de las cuotas, con ayudas a la modernización de los regadíos, fomento de la colaboración entre la industria y los agricultores, potenciar la concentración parcelaria, apoyar acciones de promoción del cultivo o, entre otras, fomentar la incorporación de jóvenes al cultivo de la remolacha, todo ello en coordinación con la Administración central.

OTROS ACUERDOS DE LAS CORTES

Actualización de pensiones. Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad pedir que el Gobierno central apruebe un decreto ley para la revalorización de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos en caso de que se tengan que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado.

Cuidador profesional. Todos los grupos pidieron regular la figura del cuidador profesional e incluir en la web de la Junta de Castilla y León las estadísticas de atención a la dependencia por meses y años de la atención del Sistema de la Dependencia.

Técnicos de emergencias. Por acuerdo unánime se insta a la Junta a la implantación de unos nuevos ciclos formativos de formación profesional de Técnico de Emergencias y Protección Civil, en Palencia como «lugar más adecuado».

Paga extra y jornada de 35 horas. Los grupos parlamentarios se pusieron todos de acuerdo para reclamar la devolución de las pagas extraordinarias de los funcionarios pendientes. En otra resolución piden que se restablezca la jornada de 35 horas para el colectivo.

SIN ACUERDO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

El Grupo Socialista no logró ayer que el Pleno de las Cortes aprobara una proposición no de ley para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en la Comunidad para acabar así con los símbolos franquistas. El resto de grupos de la oposición respaldaron la propuesta, pero el voto en contra de los procuradores del PP propició un empate que supuso la desestimación de la propuesta.

El rechazo de la resolución no desanimó, sin embargo, al público que acudió a presenciar el debate, desde afectados a abogados que protagonizan una batalla legal para exigir el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. En la imagen, parte de los asistentes conversa con procuradores socialistas. Desde la izquierda, Germán Arias, marido de Julia Merino, la mujer que está de espaldas, que es vicepresidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid y que lleva años buscando los restos de su padre. Junto a Arias, los procuradores Luis Tudanca y Javier Izquierdo, los abogados Eduardo Ranz y Hugo Fernández y el procurador Álvaro Lora, que fue el encargado de defender la propuesta socialista.

El abogado Ranz fue quien presentó la demanda, entre otras muchas en España, contra el Ayuntamiento de Olmedo, que fue el primer consistorio condenado por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, al allanarse en el juicio para no tener que pagar las costas y hacer así que la decisión judicial fuera firme. El alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, fue precisamente quien tuvo que defender ayer los argumentos del Partido Popular para rechazar la propuesta socialista. El abogado Eduardo Ranz recordó ayer en los pasillos de las Cortes que el Ayuntamiento de Olmedo no ha cumplido todavía la sentencia. Ranz, a pesar del rechazo a la propuesta socialista, se fue satisfecho de las Cortes porque valora la relevancia que se ha dado al asunto al trasladarse a un debate en el Parlamento autonómico.