Veto a las gasolineras ‘low cost’ en contra del criterio de Competencia

Hay varias comunidades autónomas que han legislado contra la instalación de gasolineras automáticas o low cost, sin personal, pero Castilla yLeón es la primera que lo hace después del contundente informe de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que considera las restricciones «innecesarias, desproporcionadas e injustificadas». Las Cortes aprobaron ayer una modificación del Estatuto del Consumidor que obliga a que mientras las estaciones de servicio permanezcan abiertas, de día o de noche, haya al menos una persona en la instalación.

La norma fue aprobada por una amplia mayoría, solo con el voto en contra de los cinco procuradores de Ciudadanos y la abstención del de Unión del Pueblo Leonés (UPL). El consenso entre el PP y el PSOE fue total, pues los populares aceptaron las enmiendas de los socialistas, de modo que se pasó de permitir solo la apertura de gasolineras automáticas durante la noche a obligar a que tengan personal siempre que estén abiertas. La norma se enfrentará ahora a los recursos legales en España y en la Unión Europea de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

El único motivo de discrepancia con Podemos, UPL e IU fueron las cooperativas agrarias y las zonas rurales. Los dos primeros querían que las cooperativas no se vieran afectadas por la medida. El PP rechazó la enmienda, ya que los surtidores de las cooperativas no necesitarán personal mientras solo distribuyan combustible entre sus socios, con lo cual solo se aplicará la norma si venden al público. Tampoco se aceptó la propuesta de IU que quería dejar la puerta abierta a excepciones en las zonas rurales. Aun así, Podemos e IU votaron a favor. UPL se abstuvo.

La medida se justifica en los derechos de los consumidores de un servicio seguro, para garantizar el acceso a los conductores con discapacidad y para evitar la destrucción de empleo en el sector, según explicó ante el Pleno el procurador del PP Salvador Cruz.

Ciudadanos votó en contra por considerar que la norma no está motivada, es contraria a Derecho e incumple la obligación de comunicar a Europa una restricción al libre mercado. De hecho, el presidente de Aesae, Manuel Jiménez, confirmó ayer a este periódico que presentarán un recurso en lo Contencioso Administrativo en España y al mismo tiempo una denuncia ante la Comisión Europea.

La Ley de Hidrocarburos nacional permite tres tipos de estaciones de servicio, las atendidas, donde un empleado sirve el combustible; los autoservicios, donde se sirve el cliente pero hay personal al menos para cobrar, y las desatendidas o automáticas, donde no hay empleados y el usuario se sirve y paga en una máquina con tarjeta o en metálico, aunque este último sistema no está disponible en todas.

El procurador de Ciudadanos David Castaño recordó que las gasolineras desatendidas cumplen una normativa de seguridad más rigurosa. Asimismo, dijo que su prohibición va en contra de la ley de garantía de unidad del mercado, que exige motivar las restricciones que impongan las autonomías. El procurador también rebatió el criterio de accesibilidad para los minusválidos, ya que éstos no reclaman que les atiendan personalmente, sino poder acceder a los servicios como cualquier otro ciudadano, para lo que las estaciones de servicio automatizadas están adaptadas.

También recordó que la Comisión Europa obliga a comunicar cualquier restricción a la libertad de mercado, que además debe garantizar que no supone ninguna discriminación. Por último, Castaño cuestionó la motivación relacionada con el empleo, y preguntó al resto de grupos por qué, si lo que quieren es crear empleo, no prohiben los autoservicios y obligan que haya personal para servir la gasolina.

La norma se ha aprobado con una moratoria de tres meses para su aplicación y contempla que su incumplimiento sea falta grave, con una sanción que puede ir de los 3.000 a los 15.000 euros.

El presidente de Aesae encuadró las restricciones en un intento de una parte de la patronal de limitar la competencia, ya que estás gasolineras, también conocidas como low cost, fuerzan la bajada de precios hasta 7 u 8 céntimos por litro de combustible. Jiménez está convencido de que Europa les dará la razón, aunque el problema es que tanto la vía española como la europea pueden tardar cuatro años. Otra posibilidad es que se produzca una sanción y pueda recurrirse y argumentar su inconstitucionalidad, lo que podría ser más rápido.

RESOLUCIONES APROBADAS

Agricultura. Las Cortes de Castilla y León instaron, por unanimidad, al Gobierno de España a que en las propuestas de modificaciones de la Política Agraria Común se introduzcan acciones que fortalezcan y equilibren la cadena de valor alimentaria. También pidieron agilizar la implantación de las plataformas de competitividad durante el año 2015.

Transporte sanitario. Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una Proposición no de Ley socialista para que se garantice el cumplimiento «riguroso» de los contratos de concesión de transporte sanitario y se incluyan «mejoras ostensibles» cuando se renueven.

Formación Profesional. Las Cortes de Castilla y León instan a la Consejería de Educación a aumentar el presupuesto a partir de 2017 destinado a la Formación Profesional con la finalidad de incrementar la oferta formativa y luchar contra la despoblación y el paro.

Financiación de la Dependencia. Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para instar a la Junta a que exija al Gobierno de España que cofinancie al 50 por ciento los servicios prestados de la Ley de la Dependencia y no como hasta ahora que sufraga el 19 por ciento, frente al 81 que dedica el G.