CORTES CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Herrera estará "vigilante" para que "se respeten los intereses de la Comunidad"
El presidente de la Junta reclama a la oposición mantener el pacto sobre financiación y PSOE y Podemos le muestran su apoyo
Lealtad pero con ojo avizor. La Junta permanecerá atenta a que se cumplan los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes, sobre todo en lo que atañan a la Comunidad.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, marcó ayer la actitud que tomará Castilla y León ante las medidas adoptadas tras el cónclave de presidentes autonómicos celebrado en enero y advirtió que, aunque prestará «su leal colaboración», también estará «muy vigilante para que sus intereses sean respetados».
Herrera ahondó en que en el encuentro en el que se tuvieron en cuenta las principales demandas de la Comunidad se abordaron «cuestiones de interés real» para los ciudadanos, como la despoblación, una financiación justa para garantizar los servicios públicos o la Dependencia.
También subrayó, durante su intervención en el Pleno de las Cortes para informar sobre el desarrollo de la Conferencia, que a partir de ahora arrancan «meses de trabajo duro» porque esa cita «no ha sido un punto de llegada, sino de partida de muchas y muy importantes cuestiones».
Alabó la trascendencia del encuentro y destacó que el acuerdo sobre financiación autonómica «no va a ser un proceso fácil, sino muy condicionado por los acuerdos políticos necesarios».
En nombre del interés común, Herrera llamó al resto de los grupos parlamentarios a reeditar «la voluntad de acuerdo, el talante constructivo y el espíritu de participación» mostrados por todos el pasado año, cuando suscribieron la posición de Comunidad que el presidente autonómico debía defender en la reunión de la que dio cuenta ayer.
El consenso que el presidente espera lograr en asuntos clave para los castellanos y leoneses pasa, entre otras cuestiones decisivas, por mantener el pacto sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Pero no sólo.
En esta materia se encontró con el respaldo absoluto del PSOE, la mano tendida de Podemos, cierta crítica de Ciudadanos y la desconfianza del Grupo Mixto. «Sabe que cuenta con todo nuestro apoyo. Tenemos una posición unánime en defensa de una financiación adecuada a las circunstancias», afirmó el líder socialista Luis Tudanca, que calificó de «acierto» incluir en ese acuerdo «el análisis de corresponsabilidad fiscal» de las administraciones.
Pese a que Pablo Fernández, secretario autonómico de Podemos, reprochó al presidente la falta de pasos dados en los últimos cinco años y sus «silencios cómplices», le recordó que coinciden en que requiere «una respuesta multilateral» e indicó que seguirá apoyando un modelo que garantice los servicios públicos de calidad. «En asuntos de Comunidad cuenta con nosotros», aseveró, antes de criticar que se formen comisiones de expertos para resolver esta cuestión, que, a su juicio, requiere una solución política.
El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, matizó que su grupo hubiera preferido debatir previamente y más a fondo sobre la reforma del modelo.
Donde no encontró Herrera respaldo fue en un asunto tan decisivo como el de la despoblación, más allá de coincidir con el resto de grupos en que el problema «es muy grave» y que requiere soluciones urgentes, «globales y transversales», según indicó el propio presidente de la Junta.
Herrera consideró un pequeño triunfo el que «los retos demográficos se reconozcan como un problema de Estado», y avanzó que la Junta ya ha contactado con la nueva comisionada del Gobierno para estos asuntos, una figura creada a raíz de la Conferencia de Presidentes.
El consejero de empleo, Carlos Fernández Carriedo, se reunirá con ella el 24 de febrero, tras haber enviado documentación sobre las iniciativas del Gobierno autonómico.
Calificó el Juan Vicente Herrera de «cierto avance» que la financiación local se aborde «de forma paralela y acompasada» a la autonómica y la creación de expertos para que se analice cómo se ejerce la corresponsabilidad fiscal en España. Aunque reconoció que se trata de un asunto complejo, afirmó que «el debate sobre el actual sistema de fiscal español es muy necesario y no debe dar miedo».
El balance del presidente sobre la Conferencia de Presidentes fue satisfactorio porque aseguró que estuvo marcada por la «sensatez y el diálogo», se escuchó a las comunidades y se establecieron «las prioridades, abierto procesos y fijado plazos».