«Si no logramos para el mundo rural los mismos servicios será un fracaso»

Castilla y León estará representada en el comité de expertos que diseñará el nuevo modelo de financiación por un socialista. Jaime Rabanal (La Robla. León. 1952) ha sido consejero del Gobierno de Asturias durante ocho años. Conoce bien el modelo actual que fue aprobado con su voto cuando era consejero de Economía y Hacienda del Principado, valora sus avances y su «arquitectura», pero considera que es susceptible «de muchas mejoras». Fue vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y acumula un amplio currículo de docente y de otros cargos públicos de ámbito económico y sanitario. Hasta fue asesor de CCOO en los primeros años de la democracia. Parte con optimismo, con ilusión y tiene claro los objetivos. Se expresa con prudencia y cautela, sin rehuir casi ninguna pregunta; excepto el caso catalán. Se siente cómodo porque no sólo representa al PP de la Junta, sino a todos los grupos parlamentarios.

PREGUNTA.- ¿Qué ha fallado en el modelo de financiación para que no le guste a nadie?

RESPUESTA.- ¿Fallar? Muchas cosas son mejorables, fundamentalmente un mejor ajuste de la financiación al coste de prestación de los servicios. Eso es lo básico. Yo no participo de que sea revisable, pero sí mejorable en muchas cosas. El modelo de 2009 supuso un avance importante, tanto en la definición de los servicios públicos fundamentales, como en la garantía de financiación de estos, la corresponsabilidad y la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Si yo tuviera que resumir mi posición, diría que la arquitectura del modelo está razonablemente bien construida, pero hay que mejorarlo.

P.- Un modelo no revisable, pero sí muy mejorable. ¿Puede precisar alguna debilidad más sobre todo para esta Comunidad?

R.- El coste de los servicios, porque hay que tener en cuenta las diferencias territoriales, poblacionales… Seguramente hay un margen para el consenso y para el acuerdo.

P.- ¿A pesar de las grandes diferencias entre la estructura de unas comunidades y otras? En unas se necesita más la solidaridad para obtener los ingresos necesarios y en otras la actividad económica.

R.- Claro, pero la clave es el principio constitucional que dice que los ciudadanos son iguales en cualquier parte del territorio y tienen derecho a los mismos niveles de servicios.

P.- ¿Se puede conseguir esa igualdad en una comunidad como Castilla y León con un gran peso del mundo rural?

R.- Si no lo conseguimos, no habremos hecho bien el trabajo.

P.- ¿Sería un fracaso para Castilla y León?

R.- No de Castilla y León. Será un fracaso como país, será un fracaso de Castilla y León, de Andalucía, de Valencia, de Baleares o de Asturias. Tenemos que ser capaces de diseñar un modelo que dé respuesta a los problemas de financiación que tienen las comunidades autónomas. Como son muy dispares y muy desiguales, tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo prestar servicios en un barrio de Valladolid que en cualquier otro pueblo de Castilla y León, en uno de León o de Palencia donde viven 200 habitantes en 22 municipios por poner un ejemplo. Como eso es muy diferente, y además tenemos un problema de despoblación y de envejecimiento cuya tendencia queremos intentar paliar, tenemos que encontrar los mecanismos financieros que hagan posible que los gobiernos autónomos den respuesta a sus problemas.

P.- ¿Ha sido la falta de ingresos por el desplome de la economía lo que ha lastrado el sistema de financiación vigente?

R.- En gran parte. El modelo pretende ser garantistas de los servicios públicos fundamentales, pero en este período de crisis ha habido una caída muy grande de los ingresos fiscales y en consecuencia los servicios públicos se han resentido.

P.- ¿Y dada esta experiencia de la crisis no sería bueno un mecanismos que evite estos déficits que el modelo ha generado por la caída de ingresos?

R.- Es posible establecer un mecanismo si decidimos entre todos que en cualquier circunstancia económica los servicios públicos fundamentales estén garantizados. Si decidiéramos eso, será en detrimento de otros recursos; la restricción presupuestaria existe, los recursos son escasos. Sería el mal menor en uso de su autonomía.

P.- ¿Qué le ha pedido el presidente de la Junta cuando se ha entrevistado con él?

R.- Hemos hablado de cómo es el modelo, de las dificultades de reformarlo, de llevar una propuesta común, de cómo son las posiciones a priori... que mucho de lo malo que tiene el modelo tiene que ver con posiciones a priori, lo cual es legítimo, intentando condicionar el resultado final. De la posición y de esa estrategia. Yo he valorado, y el presidente también por supuesto, el hecho de que haya un acuerdo de Comunidad de todos los grupos políticos, que es anterior a este momento, y por lo tanto tiene más mérito, porque es de abril de 2016, y establece los principios generales de las características que tiene que cubrir el nuevo modelo. Es verdad que son muy generales y caben muchas cosas, pero lo valoro como muy positivo.

P.- ¿Será fácil que el nuevo modelo cumpla los catorce principios pactados con todos los grupos?

R.- Sí, porque tal y como se formulan sería posible que las comunidades estén de acuerdo. Supongamos que comunidades autónomas que tienen mejores bases fiscales y más capacidad fiscal quieran todos los impuestos para ellos. En otros sitios, con bases fiscales más débiles o de menor cuantía, con los resultados financieros serían menores ingresos y no sería posible la prestación de los servicios al mismo nivel. Si en esas circunstancias alguien preguntara a esas comunidades si creen que los ciudadanos, de acuerdo con los principios constitucionales, tienen derecho a igualdad de servicios en cualquier territorio, no creo que ninguna dijera que no. Si partimos de esos principios generales que establece la Constitución, podremos llegar razonablemente a acuerdos y ser capaces de dar esa igualdad de servicios en el conjunto del país.

P.- El PSOE propone en Castilla y León fijar un suelo de gasto social equivalente al 12% del PIB para evitar que los vaivenes económicos perjudiquen a la financiación de los servicios esenciales. ¿Sería bueno un modelo nacional que garantice ese suelo en todo el país?

R.- Sería deseable porque es una manera de blindar la prestación de los servicios públicos fundamentales.

P.- Usted apoyó el modelo en Asturias, una comunidad con algunas similitudes a Castilla y León. ¿Interesa a nuestra comunidad menos corresponsabilidad y menos cesión de impuestos, y más solidaridad en el modelo?

R.- No. Si hablamos en términos asépticos, los intereses son comunes a todas las comunidades. Será fácil ponernos de acuerdo en la garantía de los servicios públicos. La autonomía y la corresponsabilidad son consecuencias de la autonomía política y todos los gobiernos tienen capacidad de decidir… la cuestión es hasta dónde. Los que tienen bases fiscales importantes dicen «toda», yo soy el que decido; los que tenemos bases fiscales inferiores queremos que haya más garantías. En España, en la medida en que los territorios son muy desiguales, no será indiferente para los ciudadanos de Madrid que en Castilla y León se hagan unas cosas u otras… Conseguir un territorio equilibrado en un país depende en parte de las políticas que haga el gobierno de desarrollo regional y en eso el modelo de financiación es importante.

P.- Hubo un modelo anterior que establecía un fondo de nivelación de los servicios para garantizar esa igualdad, diseñado como un elemento equiparador. ¿Sería bueno un mecanismo similar o ya lo tiene el modelo actual?

R.- El modelo tiene un elemento de garantía, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales que es igual para todas las comunidades y merece la pena mantenerlo. Por eso decía que la arquitectura global del sistema está, en mi opinión, razonablemente bien diseñada, a pesar de que los resultados no sean los que a cada uno nos hubiera gustado.

P.- Y sin embargo, el presidente de la Junta califica de nefasto el sistema y la consejera de Economía y Hacienda dice que es insuficiente, oscuro y que su falta de transparencia es total. ¿Asume este diagnóstico?

R.- Sí. Es una evidencia que es insuficiente, hay un déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Otra cosa es que el diseño, partiendo de que las bases de los tributos son del Estado…, la participación en los tributos del Estado se puede aumentar. Se puede. Decidámoslo. Lo que tendríamos que garantizar es que los servicios públicos fundamentales estén adecuadamente financiados con un suelo del PIB a determinar y con impuestos que son básicamente del Estado.

P.- Entiendo que Castilla y León va a aspirar a que las ponderaciones de la dispersión, la despoblación, el sobreenvejecimiento… etc. sean superiores al modelo actual y otros que querrán que prime la población.

R.- Claro, algunas querrán que la población sea la única variable. Por eso la discusión es cómo calculamos el coste de los servicios en Castilla y León y en Madrid, Valencia o Barcelona. ¿El coste de prestar los servicios a una población dispersa y envejecida es diferente? Seguramente podremos admitirlo.

P.- ¿El éxito o el fracaso de la negociación va a depender de cómo se fije el coste de los servicios esenciales en esta comunidad?

R.- Naturalmente. Si nosotros tenemos el 35% de los consultorios de España con el 5,3% de la población, no los tenemos por casualidad. Esto es un coche; si queremos mantener servicios públicos, escuelas, educación, en un territorio disperso, tendremos que mantener escuelas con –por ejemplo- con cuatro niños. Para alguien que vive en el centro de Palencia, sería un despilfarro; pero, si no hacemos eso, llega la despoblación del territorio. La gente no puede vivir allí.

P.- ¿Quiere usted decir que un sistema de financiación suficiente es el elemento clave para mantener la población?

R.- Tiene un componente muy importante. Además está el empleo y otros muchos elementos, lo que la gente quiere hacer en cada momento. Es muy importante, claro. Si yo no tengo escuela para mis hijos no puedo vivir en algunos sitios.

P.- ¿Debe garantizar el nuevo modelo una financiación absoluta de la Ley de Dependencia?

R.- Está admitido que uno de los públicos fundamentales son los servicios sociales. La Ley de Dependencia debería estar en el modelo. En eso coinciden los expertos; a partir de ahí, la discusión es el cuánto.

P.- Usted ha tenido responsabilidades en la gestión sanitaria. ¿Hay margen para que el modelo nuevo evite ese déficit cercano a los 500 millones que, según la Junta, sufre esta Comunidad? Es un mal que genera listas de espera, retraso en inversiones, desigualdades entre zonas, plantillas sin cubrir…

R.- Sí. Es un problema; no sólo de Castilla y León, sino del conjunto de comunidades autónomas. Debemos ser capaces de establecer una garantía de ese fondo para la sanidad. Eso, seguramente supone que haya más recursos del Estado. Sin más recursos del Estado esa garantía es muy difícil. Una de las carencias del modelo es su insuficiencia vertical, que comparto con lo que ha dicho antes; el Estado se reserva más recursos de los que destina a las comunidades autónomas. Hay que establecer un mecanismo de seguimiento del modelo que lo reajuste en el tiempo. No quiere decir que el Estado no pueda tomar decisiones en su jurisdicción, pero sí con acuerdos.

P.- Ha fallado también el principio de lealtad institucional. Se han cargado a las comunidades autónomas servicios o funciones impuestos desde el gobierno.

R.- Correcto.

P.- Un político con trayectoria socialista que representa en el comité de expertos a una Comunidad gobernada por el PP. ¿Esto le hace a usted ser más exigente o beligerante con un gobierno central del PP o la ideología en los modelos de financiación tiene poco que ver?

R.- (Silencio) Tiene que ver… Yo tengo ideología y no renuncio a ella. Hay principios constitucionales que compartimos con independencia de la ideología. Además, comparto un acuerdo global de todos los grupos políticos de Castilla y León. Represento a una comunidad gobernada por el PP pero intentaré responder a la responsabilidad que me ha encomendado el Gobierno, por supuesto, pero también al resto de los grupos que están de acuerdo en el planteamiento.

P.- ¿Comparecería en las Cortes regionales para dar explicación de las negociaciones si se lo pidieran?

R.- Si eso procede hacer, sin ningún problema.

P.- Cataluña votó a favor del modelo vigente en un contexto político diferente. ¿Cree que es posible con la crispación que hay que Cataluña asuma un nuevo modelo?

R.- Preferiría no pronunciarme. Creo que desde el punto de vista del trabajo de la comisión deberíamos tener en cuenta esos factores y ser capaces de formular propuestas que puedan ser aceptadas por el conjunto de las comunidades autónomas.

P.- El debate de Cataluña siempre nos conduce a la bilateralidad, a los acuerdos bilaterales.

R.- Uno de los principios que recoge el acuerdo de Castilla y León es la multilateralidad. Nadie es más que nadie. Todas las comunidades son muy importantes y todas son iguales.

P.- ¿No son más importantes para el modelo las que tengan más población o más actividad económica?

R.- No debería. Es verdad que hay que tenerlas en cuenta.

P.- ¿Es optimista con el compromiso de la Conferencia de Presidentes de abordar la financiación local?

R.- Debe abordarse una vez que se decida la estructura del modelo.

P.- ¿Ve realista que el nuevo modelo se apruebe o se acuerde en 2017?

R.- Es un período exigente. Para que la comisión de expertos formule una propuesta, siete u ocho meses es razonable. El debate político posterior a lo mejor requiere otro ritmo. Sería conveniente que el debate no estuviera abierto indefinidamente porque es un elemento más de distorsión.

P.- ¿Qué inquietudes planteó cuando le propusieron representar a Castilla y León en la comisión de expertos?

R.- Plantee la idea de un consenso y me lo garantizaron con referencias al acuerdo de Comunidad. La defensa de los principios que estamos hablando. Me siento cómodo porque es lo que he defendido durante años. No me ha costado un enorme esfuerzo decidir, más allá de las dificultades personales que a veces son importantes.

P.- ¿Quién pagará y cuánto ganarán los expertos por sus servicios? ¿Está establecido?

R.- No. A mí me asimilan a un secretario general desde mi nombramiento hasta que dure el servicio. Tenía la nómina de jubilado, he perdido la jubilación y me he puesto en activo. Cuando la Junta lo decida volveré a esta situación.

P.- ¿Con qué tipo de acuerdo le gustaría terminar esta labor?

R.- Me gustaría ser capaz de participar y contribuir a un acuerdo que fuera admisible para el conjunto de las comunidades autónomas, resolver los grandes problemas de la financiación, la garantía de los servicios públicos, la suficiencia financiera dinámica. Si somos capaces de eso, habrá merecido la pena el esfuerzo.

P.- ¿Es optimista?

R.- Sí; si no, no hubiera aceptado. No se puede entrar en un trabajo como este sin ser optimista. Más allá del pesimismo de la inteligencia.