Límite a la limitación de mandatos

La regeneración democrática y de los partidos. Esas son las dos premisas sobre las que los dirigentes políticos han asentado sus discursos y tras las elecciones autonómicas, primero, y generales, después, sus pactos ya fueran éstos de investidura o de Gobierno.

Premisas que el paso del tiempo está demostrando que le está costando más el llevarlas a efecto a unos que a otros, incluso dentro del propio partido. El último ejemplo tiene que ver con el límite que desde la dirección nacional del Partido Popular se le quiere poner ahora a la limitación de mandatos, que pasa por ser uno de los ejes sobre los que pivota esa apuesta por la regeneración de la política y de los políticos.

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, insiste en señalar los «problemas legales y constitucionales» que puede generar el imponer esa limitación de mandatos, que el dirigente ‘popular’ ve más para un modelo presidencialista y de democracia parlamentaria.

Algo en lo que Martínez Maíllo volvió a insistir ayer en Radio Nacional, al ser interpelado por el incumplimiento de esta parte del acuerdo de investidura con Ciudadanos.

Idea que contrasta con lo sucedido en Castilla y León, donde el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera ya sacó adelante y aprobó la Ley del Estatuto del Alto Cargo, en la que se recoge la limitación a ocho años del mandato del presidente de la Junta y que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el 13 de diciembre del pasado año.

«Estoy convencido de la constitucionalidad de la norma aprobada por las Cortes regionales, de su oportunidad y que la norma respeta el inequívoco sentir de los ciudadanos», asegura el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Juan José Sanz Vitorio, quien no quiere entrar a valorar las declaraciones de Maíllo, que dice no conocer en profundidad.

Sanz Vitorio resalta que la normativa castellana y leonesa llegó con todos los predicamentos de la Abogacía del Estado, del Consejo Cosultivo y de los servicios jurídicos. Algo en lo que coincide también en destacar el secretario autonómico del PP, Alfonso FernándezMañueco, quien eso sí resalta la falta de apoyo a nivel nacional del resto de partidos, más allá del PPy C’s, para llevar a cabo esta reformar acordada en su pacto.

Sanz Vitorio insiste en destacar la constitucionalidad de la Ley del Alto Cargo de la Comunidad. Y va más allá a la hora de hablar sobre regeneración democrática: «Algunos nos creemos la regeneración y la mejora de la calidad democrática, como lo demuestra el Gobierno de Castilla y León con esta Ley del Alto Cargo, y otros parece que no. Ahora es el momento de creérselo o no».

Un límite, cuando no freno, a la limitación de mandatos para el presidente del Gobierno, que el número dos del PP, Martínez Maíllo, indica viene dado, además, por la falta de esa mayoría suficiente, dos tercios del Parlamento nacional, para llevar a cabo un reforma legal de este calado.

«El PP tiene 132 escaños y 32 Ciudadanos. No tenemos la mayoría que se requiere para la aprobación de algunos planteamientos como los aforamientos o la limitación de mandatos, que pueden generar problemas legales o constitucionales», declara el también diputado por Zamora, quien insiste en su mensaje a la formación que dirige Albert Rivera: «Esto no son obstáculos, son evidencias que Ciudadanos conoce perfectamente. Las reformas legislativas y constitucionales no dependen sólo de la voluntad de PPy de Ciudadanos, también del resto de fuerzas parlamentarias».

Afirmación sobre la falta de la mayoría necesaria en la que sí coinciden el portavoz ‘popular’ en el Parlamento autonómico y el también procurador y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

Sea como fuere, parece claro que a la limitación de mandatos, que aquí en Castilla y León ya camina bajo el paraguas de una ley, el PPnacional le encuentra límites legales y constitucionales.