Las nuevas cooperativas podrán constituirse con sólo dos socios y 3.000€

Más facilidades y menos trabas administrativas. El anteproyecto de la nueva Ley de Cooperativas –que sustituirá a la actual, vigente desde hace quince años– iniciará su andadura parlamentaria con la publicación del texto en la página web de Gobierno Abierto para recoger sugerencias y aportaciones que puedan incluirse hasta su presentación, en septiembre, en las Cortes de Castilla y León.

Como ya recogía el primer borrador de la norma que adelantó este periódico, la finalidad del nuevo marco es reducir los trámites burocráticos en la constitución de estas sociedades y agilizar su funcionamiento. Buena muestra de ello son algunos de los principales cambios, como la reducción de tres a dos en el número mínimo de socios y el incremento de 2.000 a 3.000 euros en el capital social necesario para establecer la cooperativa.

Así lo indicó ayer el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en la que indicó que la nueva regulación responde a uno de los compromisos de investidura de Juan Vicente Herrera para «flexibilizar» las cooperativas de la Comunidad, que cifró en 2.092. «Quince años después de que se aprobase la actual legislación ha habido cambios importantes», señaló el titular de Empleo para calificar esta forma de agrupación mercantil como un «sector muy relevante» en la economía castellana y leonesa.

En esta línea, Carriedo aseguró que la nueva legislación coincide con un momento de crecimiento económico de la Comunidad y manifestó que las modificaciones van encaminadas a potenciar el asentamiento de empresas en la región. «No sólo es el ahorro, hay veces que la tramitación administrativa hacía más lentos los trámites y menos atractiva la creación de este tipo de sociedades desde el punto de vista empresarial», justificó el responsable de Empleo ante las preguntas de los periodistas sobre el impacto que tendrá para las arcas autonómicas esta regulación.

El consejero ilustró su afirmación comparando la necesidad actual de llevar los libros de cuentas a troquelar al final de cada ejercicio con la posibilidad de hacerlo de forma telemática una vez que el proyecto de ley reciba el visto bueno de las Cortes.

Otra de las novedades más destacadas es la ampliación de cinco a diez años en el plazo para que, en el caso de que uno de los socios desee abandonar la cooperativa, el resto le devuelvan su aportación incial. Con esta medida, Carriedo aseguró que la Junta busca «dar margen» a la sociedad para subsistir económicamente tras la marcha de uno de sus integrantes.

También se agilizará la toma de decisiones financieras en las cooperativas mediante el aumento de las facultades del consejo rector –el órgano de gobierno de este tipo de empresas– en detrimento de las de la asamblea general y se introducirá la figura de socio de servicios, que, sin realizar la actividad principal, «podrá participar de otras actividades o servicios que preste la cooperativa», según recoge el texto.

En cuanto a su disolución, liquidación y extinción, se establece un procedimiento abreviado para que en una sola escritura la asamblea general pueda acordarlo. Esto supone «mayor facilidad y abaratamiento de costes para extinguir cooperativas que llevan varios años sin actividad», según explicó el consejero.

En la Comunidad existen 2.092 cooperativas registradas que aglutinan a 8.800 trabajadores. De ellas, 570 son agrarias, 629 de trabajo, 234 de vivienda, 36 de segundo grado –aquellas constituidas por al menos otras dos cooperativas del mismo objeto–, 30 de Servicios, 20 de transporte, 16 de consumidores y usuarios, 8 de enseñanza y una de crédito.