Los diputados de Valladolid llevan dos años sin hacer público su patrimonio

Transparencia, sí, pero la justa. Tras dos años de legislatura, la Diputación de Valladolid no ha hecho aún públicas, en su página web, las declaraciones de bienes completas de los veintisiete diputados que componen la corporación provincial tal y como exige la Ley de Transparencia, una ausencia que choca con el carácter abierto del que presume la institución y sobre la que los dos principales partidos, PP y PSOE, que aglutinan el 85% de los escaños, parecen compartir una misma y positiva visión.

La normativa que regula la publicación de estos documentos tiene como objetivo comparar lo que los representantes políticos tienen en su bolsillo al inicio y al final de la legislatura para que los ciudadanos puedan comprobar que no se han enriquecido de forma ilícita a través del desempeño de sus funciones.

La teoría es clara, pero la práctica parece resistírsele a la institución provincial, que sólo hace pública una versión descafeinada de las declaraciones de bienes de sus diputados en la que aparece el concepto patrimonial pero no la cuantía. Dicho de otro modo, refleja si poseen viviendas, automóviles y depósitos bancarios o si tienen contraídos préstamos con bancos, entre otros epígrafes, pero no a qué precio adquirieron esas casas o coches o qué cifras alcanza la hipoteca que solicitaron para comprarlos.

«Siempre hay que poner un valor, sobre todo cuando se trata de depósitos bancarios o viviendas», explicó a este diario el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, que aseguró que subir un documento en el que se mencionen los bienes pero no cuánto valen «no dice absolutamente nada».

Una opinión que no parecen compartir los grupos con más representación en la Diputación, a la vista de sus testimonios al ser consultados por este periódico sobre la falta de información en las declaraciones. «Entiendo que el importe es algo privado; eso no significa que los documentos estén incompletos», señaló el alcalde de Nava del Rey y diputado delegado de Área de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías, Guzmán Gómez, que también se ocupa de la portavocía de los populares en la institución provincial.

«A mí, personalmente, no me gustaría que se supiese lo que tengo en las cuentas», manifestó Gómez, que añadió que subir unas declaraciones sin cifras no entorpece el fin con el que éstas nacen. «Tiene sentido porque se ve que tienes equis cuentas y que no tienes nada raro en ningún sitio», argumentó el pluriempleado popular, para el que publicar el importe de cada depósito es «excesivo» y «surrealista», así como actualizar los datos según avanza la legislatura, tal y como hace, sin ir más lejos, el Consistorio vallisoletano, cuyas declaraciones datan de diciembre de 2016 frente a las de la Diputación, que, además de incompletas, se remiten a los inicios del verano de 2015.

El portavoz provincial de los populares sacó a relucir la Ley de Protección de Datos para justificar que las cantidades de cada cuenta se mantengan ocultas a la ciudadanía, extremo que desmontó el presidente de Transparencia Internacional España, que sostuvo que este texto se refiere a casos como la dirección de las viviendas o a aspectos más concretos como los detalles de los vehículos, cuya ocultación puede justificarse por motivos de seguridad, pero que no puede aplicarse al caso del dinero de una cuenta bancaria o de lo que valga un paquete de acciones bursátiles.

«problema de cotilleo»

Si el alcalde de Nava del Rey no se cortó al expresar la valoración de su grupo sobre la falta de transparencia en las declaraciones de bienes de la Diputación, tampoco lo hizo la regidora de Medina del Campo y portavoz socialista, Teresa López, que reduce la publicación del patrimonio de los diputados a un «problema de cotilleo», según expresó a este diario.

«No lo considero ninguna falta de transparencia», señaló López, que se refirió a las declaraciones juradas que los diputados hacen al iniciar y abandonar sus cargos –un registro al que obliga la Ley de Bases del Régimen Local, aprobada en 1985 y que aparece contemplado en el reglamento interno de la Diputación– para expresar que «ahí está la transparencia». La alcaldesa medinense rechazó que la publicación de los datos en el sitio web de la institución contribuya a restar opacidad a su funcionamiento y lo redujo a simple morbo.

«La experiencia me ha demostrado que eso sólo sirve para comentar quién tiene más y quién tiene menos», simplificó López, que en la última semana ha dado un paso adelante para ocupar la secretaría provincial del PSOE en el próximo congreso del partido en sustitución al actual líder de la formación, Javier Izquierdo.

Es llamativo el rechazo de la alcaldesa medinense a que la ciudadanía tenga acceso a los datos sobre el patrimonio de los representantes públicos cuando es un miembro de su partido el único que realiza una declaración casi completa. Sólo el diputado socialista Pedro Santamaría, también concejal de Cabezón de Pisuerga, menciona en su declaración el montante del que dispone en el banco. Los otros veintiséis omiten una medida que, si bien no es obligatoria, nadie la impide.

Desde la secretaría de la Diputación entienden que publicar las cuantías podría derivar en un perjuicio para la seguridad de los miembros de la corporación. Sin embargo, contemplan la posibilidad de que el que lo desee se acerque hasta el Palacio de Pimentel, sede de la institución, a consultar, previa justificación, el documento completo que guardan en el registro y no el extracto de la web.

Además, en diciembre de cada año, estos datos se actualizan si los diputados han experimentado cambios patrimoniales de consideración, como la compra de una vivienda, algo que no se traslada a los extractos públicos para los ciudadanos.

La opacidad a la hora de hacer accesible el patrimonio de los componentes del pleno de la Diputación contrasta con la transparencia que practican otras instituciones, ya sean nacionales, como el Congreso y el Senado, o locales y regionales, como el Ayuntamiento de Valladolid o las Cortes autonómicas, que hacen públicas de forma completa y en sus sitios web, las declaraciones de bienes de sus concejales y procuradores, respectivamente. También las diputaciones de otras provincias, como Salamanca, León y Burgos, siguen esta línea, lo que deja a la vallisoletana como la excepción a una norma que la mayoría de organismos castellanos y leoneses cumplen.