Junta, PSOE y Podemos rechazan subir el IVA para ganar financiación
Oposición mayoritaria a la medida clave presentada por los expertos para mejorar el modelo
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, calificó ayer de «bastante complicada» una posible subida del IVA de manera colegiada. La medida, que forma parte de las propuestas presentadas por el comité de expertos que asesora la reforma de la financiación autonómica y local, implicaría que todas la comunidades autónomas se pusieran de acuerdo a la hora de fijar el impuesto.
Desde el PSOE, se muestran contrarios a elevar el impuesto. Según apuntó el pasado martes el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, este rechazo se debe a que, si finalmente se cede la competencia a las comunidades autónomas, tal y como sugiere el comité de expertos, Castilla y León tendría que aumentar el impuesto con el fin de mantener su recaudación ante la caída económica y demográfica que viene sufriendo.
Podemos también rechaza la medida que hace referencia a una hipotética subida del IVA y sostiene que el mejor planteamiento para la Comunidad sería la implantación de la fiscalidad progresiva, como recomienda el Consejo Económico y Social. Esta fiscalidad progresiva se basaría en el pago acorde con el nivel de la renta.
Según apuntó la consejera, «el IVA es un impuesto que se rige por una directiva europea», por lo que «las posibilidades de cambiarlo son muy escasas», tanto para el Gobierno central como para las comunidades autónomas. «Lo que proponen los expertos es que, entre todas las comunidades, decidamos qué IVA queremos en España porque no puede haber tipos diferentes en las comunidades», puntualizó la responsable de las finanzas autonómicas.
Sin embargo, recalcó que se trata de una propuesta que, en la práctica, será difícil llevar acabo debido a la necesidad de «poner de acuerdo a 17 autonomías, incluidas las dos forales». Aún sin conocer el acuerdo en profundidad, Del Olmo indicó que, con él, se pretende que las comunidades sean «más corresponsables» a la hora de definir cuáles van a ser sus ingresos.
La comisión, compuesta por catorce ‘sabios’ en representación de las comunidades autónomas (exceptuando País Vasco y Navarra, que no han participado), plantea, entre el conjunto de sus conclusiones, la sugerencia de que las autonomías establezcan copagos, sobre todo en el caso de la Sanidad. También propone la armonización del impuesto sobre sucesiones y donaciones (gestionados por las comunidades autónomas), así como la opción de que las comunidades que lo prefieran no apliquen el impuesto sobre el patrimonio.
En cuanto al probable copago sanitario, Podemos no acepta la proposición y aboga por una «Sanidad pública y accesible» para todos los ciudadanos. Asimismo, en declaraciones a este medio, desde la formación política se sostiene que, más allá de la propuestas de la comisión, es imprescindible poner en marcha una reforma que «garantice los servicios públicos» dentro de la administración. Desde la agrupación morada defienden la necesidad de «garantizar y blindar» la Sanidad, la Educación y los Servicios sociales, que son competencia de las autonomías, como vía para acabar con las desigualdades.
El informe redactado por el comité de expertos será ahora entregado formalmente por el Gobierno central a los consejeros de Hacienda y Economía además de a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Agradeciendo de antemano el trabajo que han realizado los expertos al analizar todos los aspectos del modelo de financiación, Del Olmo señaló que «ahora entra en juego la negociación política». La consejera añadió que, dejando al margen lo propuesto por el comité, «la postura de Castilla y León irá en consonancia con el acuerdo que se firmó en abril de 2016 entre todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes», un pacto en el que se recogen los principios a los que habrá que ceñirse a la hora de negociar el modelo de financiación.
En declaraciones del pasado lunes, la responsable de Economía y Hacienda afirmó que «lo que preocupa en Castilla y León es que sea un modelo suficiente» a la vez que pidió una «financiación estable y suficiente». A partir de ahí, los mecanismos que se aprueben para lograrlo «ya se verán».