El macrojuicio por estafa de Valladolid se cierra con el acuerdo de conformidad 57 de los 65 acusados

El macrojuicio de la ‘Operación Árbol’ se cerró hoy con el acuerdo de conformidad de 57 de los 65 acusados que, como media, verán reducidas sus penas a la mitad. El juicio con más personas afectadas en la historia de la justicia de Valladolid -65 acusados y 34 abogados- , lo que obligó a la Audiencia Provincial a trasladarlo a una sala de la Feria de Muestras por falta de espacio en el Palacio de Justicia, apenas duró un par de horas, el tiempo empleado para que los acusados ratificaran ante el tribunal los acuerdos con el fiscal, informa Ical.

Al inicio de la sesión, el fiscal comunicó la retirada de las acusaciones contra tres personas, a la vez que el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, informó de que cuatro de los acusados, entre los que se encuentran Julio Jiménez, uno de los cabecillas de la trama, se encontraban en busca y captura.

El acuerdo de conformidad, según explicó el Ministerio Fiscal, contempla una reducción de penas que, de media, ronda el cincuenta por ciento de la petición inicial. La condena más alta, cinco años de cárcel, correspondió a Miguel Ángel Martín Delpon, el segundo de los cabecillas. Tanto para él, como para Julio Jiménez, la petición inicial alcanzaba casi los once años de prisión. La mayoría de los acusados, lo que cobraron de forma ilegal subsidios y pensiones, serán condenados a seis meses y un día de cárcel, mientras que los actores intermedios de la trama, han asumido penas de dos años.

Al finalizar la vista, Feliciano Trebolle también confirmó que el juicio continuará el próximo día 29 con la declaración de uno de los acusados que reside en Bélgica y que no se ha podido trasladar hoy a Valladolid. No obstante, confirmó que la declaración tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial y también adelantó que existen muchas posibilidades que también se alcance un acuerdo de conformidad con el fiscal.

Al final de la vista, tanto Trebolle como el Fiscal calificaron de "logro" que un macrojuicio de estas características acabara con un acuerdo de conformidad masivo.

La investigación de la ‘Operación Árbol’, que culminó en octubre de 2013, se inició a principios de este mismo año tras la denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

Durante la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado controlado por Julio Jiménez y Miguel Ángel Martín Delpon, propietario de una gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una ‘Autorización RED’ para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social, la que utilizaba para contratar a personas con necesidades económicas en sociedades ficticias controladas por el grupo.

A través de estas empresas ficticias los trabajadores, a cambio de una pequeña cantidad, eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo, pero también se descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras financiadas en establecimientos comerciales, lo que permitió a la organización comprar coches de alta gama, equipos informáticos o teléfonos. Este fraude no se detectó hasta que los compradores no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades ficticias, según se señaló en su día dese la Policía Nacional, rondaba los 200.000 euros, cantidad a lo que se sumaba los subsidios de desempleo cobrados ilegalmente por los trabajadores.