Un testigo avisó de caída de rocas una hora antes de la muerte de Irene en Las Catedrales

«Descontrol», «imprudencia» y «falta de organización». Las primeras declaraciones judiciales sobre las circunstancias de la muerte de la vallisoletana Irene Baladrón Zorita, de 25 años, ocurrida el 31 de marzo de 2018 en la playa de Las Catedrales de Ribadeo (Lugo), tumban la versión de la Xunta de Galicia relativa a que fue un accidente imposible de prevenir.

La declaración de un testigo –van a declarar al menos dos más– es demoledora, ya que ha sostenido ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, por exhorto, que no solo se vivieron momentos de caos y de peligro, sino que hubo tiempo suficiente para cerrar el acceso a la playa y precintar las cuevas y acantilados antes de que una piedra desprendida de una gruta acabara con la vida de la joven Irene.

El declarante, de 36 años, relató bajo juramento que el desprendimiento previo al de Irene se produjo aproximadamente a las 11.45 horas y ocurrió en la primera cueva del inicio de la visita al arenal. La joven de Laguna recibió el impacto en la segunda gruta, a las 12.50 horas. Fueron por tanto 65 minutos de margen para actuar.

Pero todo siguió igual, con el mismo flujo de visitantes y sin que nadie tomara medidas, según este testigo, a pesar de que él y su grupo de 15 personas, incluida la guía, acudieron raudos a comunicar el hecho a los vigilantes. «La monitora nos echó para los lados, pegados a las paredes y salimos fuera de la gruta pegados a la misma», relató.

Con el miedo en el cuerpo, acudieron hacia una persona que llevaba chaleco amarillo (un vigilante) y le contaron lo sucedido en la cueva con la sugerencia de que no dejara entrar a más gente en la cueva. Eran las 12 del mediodía. «Tras comunicarle la incidencia, el vigilante no hizo nada. La gente siguió entrando en la cueva donde había caído las piedras», expuso el testigo, que abandonó el recinto tras notificar el serio peligro de caída de rocas en las cuevas. Tres horas más tarde estaba en Buera y escuchó la noticia de la muerte de Irene Baladrón.

La declaración del testigo se ha producido después de que la Audiencia de Lugo decidiese reabrir el caso que archivó en dos ocasiones la juez instructora de Mondoñedo, Cristina Díaz Rodríguez, al considerar que la decisión de no evacuar y cerrar la playa «no revestía la relevancia penal pretendida por la parte», aunque dejó la puerta abierta a una demanda civil.

El abogado de la familia de Irene, apeló el archivo y no solo lo estimó, sino que el tribunal lucense ha hecho suyas las reivindicaciones del letrado. Así, ha devuelto la causa al Juzgado de Instrucción 1 de Mondoñedo, y pide más luz sobre la reacción de los vigilantes en los momentos previos del trágico suceso.

El tribunal estima pertinente que la Guardia Civil realice la correspondiente investigación con la declaración, «en calidad de investigados», de los dos vigilantes de la playa –interrogatorio en sede judicial que ya se ha realizado– y averigüe los lugares y las horas concretas en las que se produjeron los correspondientes desprendimientos y cuándo se realizaron los avisos.

El abogado de la familia Baladrón Zorita sostiene que el fallecimiento se debió a la comisión «por omisión» de un delito por imprudencia grave o menos grave, de la que acusan a técnicos de la Xunta de Galicia, en concreto a la pasividad de los vigilantes de la playa que no tomaron medidas de cierre cuando se les notificó antes del suceso que se habían producido otros desprendimientos en cuevas de la playa.

Según afirmó ayer el letrado, la declaración del testigo, que avisó más de una hora antes de la tragedia de Irene, y el reconocimiento de los vigilantes de que sí fueron notificados de desprendimientos de rocas antes del accidente de la valisoletana, «demuestra que no se tomaron las medidas correctas para prevenir el siniestro mortal».

«En nada importa que fuera en una cueva o en la siguiente. El temporal Hugo había dejado inestable todo el conjunto monumental. Tras el aviso no tuvo que entrar nadie», se quejó el letrado. 

Sostiene el representante de los Baladrón que la medida «prudente y razonable», debió ser «el cierre y evacuación inmediata», y de comunicación a un superior, alertando, en todo caso y por cualquier medio del riesgo extraordinario de precipitación a los usuarios que ya estaban dentro. «Ni la fallecida ni su acompañante, recibieron advertencia alguna de lo que estaba aconteciendo», afirma el abogado.

El representante legal asegura que el relato del testigo incidiendo en la «descoordinación» en los sistemas de seguridad, unido al hecho de que no les advirtieron del riesgo de que podrían caer piedras, ni llevaban protección alguna, evidencia de que en Las Catedrales no aplicaron protocolos de seguridad ni cuando había constancia de caída de rocas. En este sentido, recuperó las palabras del testigo en las que manifestó al juez que «notó mucha imprudencia», que vio que era «muy peligroso» y «nadie decía nada a nadie» y que había «mucha imprudencia y mucho descontrol», recordó.