Los Samaniego facturaron el 92% de los contratos sin aprobación del gasto

Segundo día de revés para los intereses de los cuatro miembros del ‘grupo’ Samaniego, encausados por haber adjudicado obras menores a su red de empresas por importe de 11,4 millones, con un sobrecoste de entre 760.000 y 2,4 millones para las arcas del Ayuntamiento.

Si en la sesión del miércoles, el secretario del Consistorio, Valentín Merino, y el interventor, Rafael Salgado, declararon que ya en 2014 –año en que estalló el escándalo– Luis Alberto Samaniego Conde, ex jefe de Mantenimiento, manifestó que derivó obras municipales a empresas del grupo familiar «para evitar despidos» en la plantilla de las mercantiles, ayer los nuevos testigos testificaron que la mayoría de las obras se ejecutaron sin aprobación del gasto, que se fraccionaron trabajos de envergadura en varios contratos para ‘colar’ como obras menores, que el funcionario Samaniego tenía «incompatibilidad» expresa desde 2000 para administrar empresas y menos del sector de construcción y que consignaron algunos trabajos realizados, en realidad, por el Centro de Mantenimiento y otros que ni siquiera ejecutaron, además de que muchas de las 13 sociedades carecían de trabajadores.

La supuesta actuación al margen de la ley en la adjudicación de los contratos en el período investigado (2000-2014) fue refrendada por la funcionaria número 34.423 de la Intervención General del Estado (IGAE), quien indicó ayer en el juicio que en el 92% de los expedientes analizados, un total de 1.319 facturas de la red de empresas de los Samaniego, «no se pudo contratar la existencia de la verificación del gasto», una falta de comprobación constatada porque no constaba el decreto de aprobación en la mayoría de documentos contables «cuando sí figuraba la validación en una minoría de los mismos». 

La funcionaria de IGAE indicó que uno de los años analizados, el ejercicio de 2013, hizo saltar todas las alarmas ya que en 92% de los expedientes no consta la aprobación del gasto; en el 66% «no se pudo verificar la competencia del órgano» que adjudicaba y en el 99% de los documentos examinados «no fue posible comprobar el trámite de fiscalización previa».

Fracción de contratos

También constató que en 14 contratos de alto importe se fraccionaron cada uno de ellos en cinco importes para aparentar contratos menores. La funcionaria indicó que la ley obliga a una aprobación del gasto y a una factura «pero no ha sido así en muchos casos», recalcó. «Es lo mínimo que se exige», indicó la funcionaria de IGAE, que también apuntó su «extrañeza» porque las facturas giradas al Ayuntamiento eran «todas correlativas», lo que inducía a pensar en un Ayuntamiento de Valladolid como cliente exclusivo de la red de empresas de los Samaniego. Eso sí, preguntada por una de las defensas, indicó que si el interventor hubiese realizado una fiscalización previa y posterior, «podrían» haberse detectado las irregularidades.

Un extremo en el que hicieron palanca los abogados defensores, al entender que la falta de control municipal generalizada en las verificaciones y pagos de obra, no podría ser causa para su imputación. 

No menos contundentes se mostraron los peritos de Vigilancia Aduanera de la AEAT, cuando advirtieron en la supuesta incompatibilidad en la que incurrió el ex jefe de Mantenimiento entre 2000 y 2014, ya que tenía por ley ser administrador de empresas privadas por su cargo y menos encargarles trabajos de su departamento público. Otro testigo tampoco ayudó a la exculpación de los Samaniego. El hoy jefe del Servicio de Mantenimiento y sucesor de Samaniego, Miguel Ángel O.A.,sostuvo que en 13 informes de obra detectó que dos trabajos que firmaron y cobraron empresas de la red Samaniego, no fueron realizadas por este grupo sino por el propio Centro de Mantenimiento, ya que se cercioró de ello con los partes de obra y con el testimonio de los operarios que intervinieron.