El cambio de Sánchez recorta a Castilla y León 125 M€ del fondo de sanidad y servicios sociales

«Nadie es más que nadie». Ese viejo dicho que se atribuye a la revuelta comunera de los Padilla, Bravo y Maldonado, allá por la segunda década del siglo XVI, parece que vuelve a tomar forma en la misma autonomía que siglos atrás se levantara y perdiera contra el poder absoluto de su gobernante regio. Igualdad entre las comunidades autónomas, a la hora de beneficiarse de ingresos del Fondo Extraordinario de 16.000 millones, en concreto en unos criterio más justos, y la gestión propia del Ingreso Mínimo Vital son las dos peticiones del Ejecutivo autonómico al Gobierno central. Con esta auriga presentaba en rueda de prensa Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, las principales conclusiones de la decimotercera Conferencia de Presidentes, mantenida entre los titulares de los Gobiernos autonómicos y el titular del Ejecutivo central, sus preocupaciones tras el encuentro. 

Ligeramente enojado al empezar su alocución, Mañueco anunció que el Gobierno de Sánchez había vuelto a cambiar los criterios para hacer efectivo el reparto del Fondo Extraordinario de 16.000 millones, destinados a pagar la factura de las comunidades en gasto sanitario y en servicios sociales provocados por el coronavirus. De los 650-670 millones de euros que el líder regional cifró y que el consejero de Economía Hacienda, Carlos Fernández Carriedo avanzó a este periódico, estaban supeditados a que no hubiera un cambio de criterio, tal y como se efectuó el Gobierno de Pedro Sánchez, que perjudica a Castilla y León y le hace perder 125 millones, de esos 650 previstos con los criterios previos del fondo no reembolsable para Sanidad y Servicios Sociales. 

Este ‘hachazo’ a las previsiones sobre estos fondos de la Junta, fue tildado de «injusto» por Mañueco, a la par que consideró que «deja en la estacada y castiga a las comunidades que más han sufrido con la pandemia, como es el caso de Castilla y León». Según explicó, ahora el Gobierno Central va compensar a las autonomías con mayor cantidad de población, atendiendo a la petición de las mismas, en detrimento a un mayor gasto extra sanitario por la incidencia del coronavirus y criterios como la necesidad de protección de las habitantes en función de su edad o dispersión, cuestiones ambas que hacen vulnerables a buena parte de los castellanos y leoneses. 

Según desveló Mañueco, «no se ha explicado el cambio de criterio». Además, el nuevo cambio de pautas también trae una reasignación de las partidas en las que tanto Sanidad y Servicios Sociales verán reducido su montante en 1.000 millones cada una. Ante el motivo de fondo y la posibilidad de cambio, aseguró que «desconocemos la razón y si hay margen de negociación».

La modificación de partidas surge por la existencia de nuevas áreas, como la Educación o el Transporte. De los 16.000 millones, 9.000 irán en concepto de gasto sanitarios; 2.000 millones para Educación; y 5.000 millones como compensación para pérdidas económicas -en esta cuantía se incluyen 800 millones para los servicios de transporte-. De este reparto queda fuera la partida de servicios sociales.

Otro de los puntos que Mañueco trasladó al Gobierno es que se permita a la Comunidad gestionar de manera propia el Ingreso Mínimo Vital como forma de garantizar duplicidades y fallos en el proceso. Entre los motivos que aduce, es que Castilla y León tiene una reconocida experiencia en administrar su renta garantizada de ciudadanía y, además, de ser «sobresaliente» en Servicios Sociales, por delante del País Vasco y Navarra que van a gestionar esta ayuda. «Los castellanos y leoneses no nos consideramos más que nadie pero tampoco menos. No puede haber privilegios, desigualdades y tratos injustos», afirmó. Además, expuso que había pedido a Sánchez que se incluya a los reclamantes de asilo como candidatos a esta prestación. 

Entre los temas que volvió a recordar a Sánchez, Mañueco explicó que habían vuelto a trasladar la propuesta, que cuenta con el apoyo de otras autonomías,  para formar una mesa de automoción que permita abordar la situación que está pasando el sector. Pese a haber remitido varias veces la petición, aseguró no haber encontrado respuesta por parte del Gobierno. 

Además, Mañueco también comunicó a Sánchez la posibilidad de extender más allá del 30 de junio los ERTE y flexibilizar  los criterios de déficit y deuda. Asimismo, volvió a pedir que se unifiquen criterios de cara al inicio del curso escolar, algo de lo que departirán el jueves.  También la Junta solicitó que el Gobierno acuda a Europa y en el plan MEDE, en nombre de la Comunidad se dé apoyo para garantizar la sanidad y no se pierda ayudas de la PAC.

Mañueco apela al «consenso y al entendimiento» en la querella de Díaz Villarig contra Igea 

Anuncia que estudiarán pedir el paso a la fase 3 antes de 15 días si se dan las condiciones para ello

«Hay que buscar el sosiego y el entendimiento». Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, se significó de esta forma la necesidad ante el anuncio del  presidente del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig, de querellarse contra Francisco Igea, vicepresidente de la Junta,  por haber afirmado este último que había obviado su juramento hipocrático y de no ayudar durante esta pandemia. Ante esta situación, Mañueco quiso trasladar que respetaba la decisión.

Mañueco también aseguró que no hay «no hay preocupación ni particular ni colectiva» porque la Audiencia Provincial de Salamanca reabra las diligencias sobre la presunta financiación ilegal del PP en el proceso de primarias en 2017 y señaló que la causa ya se había archivado en dos ocasiones, por lo cual confiaba en la Justicia.

Tras el inicio de la fase 2 y recortar plazos, Mañueco quiso precisar que desde la Junta no descartan pedir el pase a fase 3 sin esperar los15 días preceptivos. Para ello, según indicó, tendrá que ser evaluada la situación por la Comisión de expèrtos que determinarán si se cumplen las condiciones para hacer efectiva la solicitud. Fernández Mañueco pidió la inclusión en el decreto ley -que será aprobada el martes en Consejo de Gobierno- sobre las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente al COVID-19, que se implantará al acabar el Estado de Alarma, el control de la movilidad entre provincias y autonomías para evitar que ocurra lo que sucedió al inicio de la pandemia. 

En otro orden de cuestiones Mañueco adelantó que se valorará cuando celebrar el Debate del Estado de la Comunidad, algo que se dará «cuando las circunstancias permitan hacerlo en mejores condiciones».

Asimismo, Mañueco alegó «causas justificadas» a la presencia de varias personas en la toma de posesión de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, y de su equipo y garantizó que se cumplió el protocolo.