La Junta de Castilla y León pactará con la hostelería una desescalada a partir del puente

Un plan de desescalada tras otros catorce días de cierre. Eso es lo que ofrece la Junta de Castilla y León al sector hostelero y al gran comercio después de anunciar la ampliación de las restricciones dos semanas más, hasta el 3 de diciembre, de la misma forma que se prolonga el cierre perimetral y el toque de queda en la Comunidad.

Si bien dicha prórroga era una crónica anunciada y más ante un posible escenario donde la tendencia del contagio en Castilla y León se está tornando en descendente, el Gobierno autonómico prepara una reunión con ambos sectores para estudiar el futuro más próximo, con la finalidad de evaluar el momento en que se relajarán dichas medidas. La duda se centra en el puente de diciembre, el 7 y 8 de diciembre, que aúnan cuatro días seguidos donde el nivel de incidencia del virus podría de nuevo dispararse de nuevo tras esta nueva tónica estabilizada.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, junto con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, compareció en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para anunciar esta decisión de diálogo frente a las restricciones que clausuran el sector hostelero, los parques comerciales y las instalaciones deportivas. «Hemos acordado abrir un proceso de diálogo responsable para plantear el escenario futuro a medida que disminuya la incidencia de cómo proceder a relajar las medidas para darles cierto grado de certidumbre», desarrolló Igea.

El número dos del Ejecutivo regional insistió en que la intención de la Junta «no es salvar el puente ni las navidades, sino el control de la pandemia», por lo que no fijó fechas concretas ni aseguró esa posible prórroga después del 3 de diciembre, recordando que Castilla y León permanece en alerta 4, de hecho, casi cuadruplica el máximo de dicho nivel, por lo que Igea consideró que la Comunidad mantendrá los indicadores semáforo para «ir relajando progresivamente» la situación epidemiológica del territorio castellano y leonés.

Una desescalada que se afrontará de igual manera que en los meses previos al verano, donde no solo se estudiará en qué momento abrir, sino en qué condiciones. Un plan que, siempre a la vista de los datos sanitarios, se realizará por provincias o territorios locales.

Actualmente, comparando los datos, la capital de Burgos mantiene una incidencia superior a los 1.700 casos por cada cien mil habitantes, mientras Segovia capital fijó su tasa cerca de los 500. En este presuponer, los sectores afectados efectuarían su reapertura a expensas del resultado que arrojen los datos, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Una medida que planificará qué locales, qué horarios y qué zonas podrán realizar su apertura.

Respecto al cuándo, todo hace indicar que el plan comenzará a llevarse a la práctica a partir del puente. Según fuentes de Sanidad, el Gobierno autonómico no quiere que esa incidencia a la baja eclosione tras los días festivos, perdiendo todo lo ganado tras las duras restricciones impuestas durante las últimas semanas.

Asimismo, el vicepresidente no quiso hacer anuncios concretos a expensas de mantener esa reunión con el sector hostelero, aunque aseguró que se celebraría la próxima semana. «La intención es llegar a un acuerdo razonable preservando la idea principal de que no hay economía mientras la pandemia esté en lo alto. No existe discordancia entre economía y salud», mantuvo Igea.

Por otra parte, la Junta descartó, en estos momentos, ampliar las restricciones impuestas en Burgos a otros territorios, estimando que es, «sin duda», la zona con datos más preocupantes. «Dependiendo de la evolución, si es necesario hacerlo en otros núcleos se hará», zanjó el vicepresidente.

Respecto al cierre perimetral, ampliado dos semanas más, finalizando justo antes del puente, la Junta no admitió su intención de mantenerlo con el fin de limitar la movilidad esos días, aunque casi. El vicepresidente Igea insistió en el cumplimiento del acuerdo de los indicadores ‘semáforo’, estimando que la movilidad durante esos días es un «problema esencial». En este contexto, el número dos del Ejecutivo regional explicó que la postura de la Junta será mantener dichas medidas y restringir la movilidad «si no hay un control suficiente en la incidencia de contagios», admitiendo que «es muy poco probable», por lo que, igual que ocurrió en el pasado puente de Todos los Santos, la idea del Gobierno autonómico puede dirigirse hacia el mantenimiento del cierre perimetral durante los festivos de diciembre. «No es tanto en relación a la incidencia de la Comunidad, sino a la diferente incidencia en otros territorios. Cuanta menos movilidad, menor incremento de la incidencia», asumió Igea.

MAÑUECO, A SÁNCHEZ

«Nuevas e indispensables restricciones». El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, escribió una nueva carta a Pedro Sánchez para exigirle, «ante este momento de gran dificultad para el conjunto de España», nuevas imposiciones. Además, el líder autonómico presionó para que se realice otra Conferencia de Presidentes para analizar la situación de la segunda ola y un plan de choque nacional dirigido a la hostelería, donde se recojan aportaciones de todas las administraciones públicas, fijando un 50% para el Gobierno nacional, un 35% de aportación autonómica y un 15% para administraciones locales y ayuntamientos.

Estas tres exigencias fueron remitidas por Mañueco, aunque no las únicas. El jefe del Ejecutivo regional reclamó a Sánchez que «asuma su responsabilidad ante la grave situación provocada por la segunda ola de la pandemia». Una afirmación que Mañueco acompaña con esa advertencia de necesidad de adoptar decisiones ante «el superior interés de la protección de la salud pública de los ciudadanos de Castilla y León». Respecto al plan de ayuda directa para la hostelería, el presidente de la Junta incidió en el escrito en que debe reforzarse como uno de los sectores «más castigados por la pandemia».

«En esta situación -finaliza la carta de Mañueco-, siempre he adoptado las acciones políticas y administrativas necesarias y responsables, aunque hayan sido comprometidas, para proteger la salud de las personas, contener la progresión de la enfermedad, y reforzar el sistema de salud en nuestra Comunidad Autónoma».