El Gobierno de Sánchez recurre la Ley de Caza de Castilla y León

Conflicto entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León por la caza. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha decidido cargar contra la normativa castellano y leonesa a través de un recurso de inconstitucionalidad. En la Junta se mantiene la calma, porque afirma que el Constitucional ya se ha pronunciado favorablemente para los intereses de la Junta.

El Consejo de Ministros celebrado en la mañana de este martes aprobó un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León.

Antes de que se oficializase la decisión del Ejecutivo en el Consejo de Gobierno, el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Junta no tiene “ningún problema” por la presentación de este recurso de inconstitucionalidad a la ley de caza de la Comunidad, ya que el TC se ha pronunciado en que es “plenamente constitucional”, informa Ical.

Según se argumenta desde el Gobierno, los problemas de constitucionalidad de la ley autonómica a impugnar afectan a diversas cuestiones relativas a la distribución competencial y a la normativa básica estatal, teniendo como epicentro la consideración del lobo como especie cinegética.

Además, también se recalca que la Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, inició negociaciones para resolver las discrepancias competenciales existentes en relación con la citada norma autonómica, si bien no fue posible llegar a un acuerdo respecto de los artículos en relación con el lobo que son objeto de impugnación.

El Gobierno considera que la Ley autonómica vulnera la normativa básica estatal sobre delimitación de especies cinegéticas, y señala que mientras la normativa de Castilla y León sitúa al lobo como cinegética, la estatal no permite esta catalogación.

Mientras tanto, Suárez-Quiñones recordó este martes que esta normativa de hace tres años sufrió un recurso del Defensor del Pueblo ante al alto tribunal y una cuestión de inconstitucionalidad desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el TC dijo que era “plenamente constitucional”. Asimismo, recodó que el Tribunal Supremo afirmó que la normativa complementaria de caza era “correcta y cumplía los requisitos legales”.

Así, sentenció en que no tienen “ningún problema” en que el Gobierno acuda al TC, porque la legislación “mejora la última ley que reformamos, es un sistema sostenible y está siendo imitada por otras autonomías”. “Es una primicia de regulación sostenible”, resumió.

Por otra parte, preguntado por la caza del lobo, recordó que no se podía cazar al sur del Duero, por la normativa europea del hábitat, y ahora tampoco al norte, por una decisión “arbitraria” y sin criterios científicos del Gobierno de Pedro Sánchez, desde un “posicionamiento ideológico radical”. “El lobo no se puede cazar porque la vicepresidenta Teresa Ribera no ha querido”, dijo, para lamentar los “graves perjuicios” que ocasionará a la ganadería y a la población del medio rural.

En este contexto, garantizó que cuando gobierne el PP España, que será, dijo, en las próximas, elecciones, un de sus primeras normas será para derogar la norma que prohíbe la caza del lobo al norte del Duero.