Cuatro de cada diez castellanos y leoneses tienen dificultades para llegar a final de mes

El XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León’ revela que cuatro de cada diez castellanos y leoneses tiene dificultades para llegar a final de mes, con datos correspondientes a la renta de 2021, por lo que el porcentaje sería mayor con el impacto de la inflación en los ejercicios 2022 y 2023. En todo caso, el 39,8 por ciento de la población con dificultades para llegar a final de mes supone 4,6 puntos más que el año anterior.

El documento, presentado hoy por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL), subraya que la tasa de privación material y social en la Comunidad alcanza al cinco por ciento de la población, hasta las 117.000 personas. Son ciudadanos que tienen la incapacidad de consumir nueve de los trece factores seleccionados como, por ejemplo, que el 27,2 por ciento de la población no tiene capacidad de hacer frente a gastos imprevistos; el 28,2 por ciento no puede irse de vacaciones una semana al año; el 9,8 por ciento no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada o el 3,5 por ciento no come carne o pescado al menos cada dos días. Una situación que se traduce en llevar a cabo una economía de supervivencia, que obliga a que los afectados tengan que elegir entre una necesidad u otra.

El informe, recogido por la Agencia Ical, asegura que el 22,1 por ciento de la población de Castilla y León en 2022, que son 523.805 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un punto menos que un año antes pero inferior a la bajada experimentada en el conjunto de España, donde descendió 1,8 puntos (del 27,8 al 26 por ciento). Pese a ello, la Comunidad mantiene mejores condiciones en relación con el resto del país, hasta situarse en la novena región con menor tasa Arope. Eso sí, aún no se ha recuperado la situación PreCOVID.

Actualmente, hay 421.000 personas pobres en Castilla y León (17,8 por ciento del total), de los cuales 170.830 están en situación de pobreza severa. Esto se traduce en que un ciudadano que viva solo tiene que sobrevivir con menos de 530 euros al mes. El coordinador autonómico de EAPN, Jonathan Sánchez, alertó que mientras que la tasa de pobreza ha descendido una décima, la de pobreza severa ha aumentado, al pasar del 6,8 al 7,2 por ciento. Además, es el tercer año consecutivo en que sube.

Con estos datos, la entidad que agrupa a 24 organizaciones sociales ha dibujado el perfil de la pobreza en Castilla y León que es una mujer joven con menores a cargo y que reside en el ámbito rural. Y es que, según apuntó la técnica de incidencia de EAPN, Cristina Sánchez, tener hijos es un factor de riesgo de padecer la pobreza. Hasta el punto que el 20,9 por ciento de los hogares con menores se encontraría en situación de pobreza frente al 15,4 por ciento de las unidades donde no hay niños ni adolescentes.

Además, alertó los menores de 18 años presenta datos, con una mayor tasa de pobreza, hasta suponer el 23,3 por ciento del colectivo. Y eso que se ha habido una disminución de más tres puntos en comparación con el año anterior.

Trabajador pobre

Durante la presentación del informe, salió a relucir el término de trabajador pobre por que contar con un empleo no es sinónimo de poder estar fuera de la pobreza. En este sentido, el 8,6 por ciento de la población menor de 64 años en Castilla y León vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que sitúa a la Comunidad en el décimo lugar con menor porcentaje. En cuanto a los ingresos medios anuales netos por persona, se situaron en 13.323 euros (315 más que la renta media nacional), mientras que la renta media por unidad familiar se quedó en 19.117 (43 menos que en España).

EAPN también detectó que en 2022 hubo un aumento de la brecha social y la desigualdad, ya que el 20 por ciento de la población con mejores ingresos de Castilla y León recibe una renta 4,9 veces superior a la del 20 por ciento más pobre. El presidente autonómico de la organización, Óscar Castro, valoró la acción correctora de la pobreza de las administraciones del Estado, hasta el punto que sin su participación la tasa en la Comunidad pasaría del 17,8 al 43,8 por ciento, informa Ical.

Pese a ello, precisó que 80.000 personas son las que tendrían que haber salido del riesgo de pobreza o exclusión social para así cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030. “Hay que seguir trabajando para cumplir con eses fin”, declaró.

Medidas como el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del salario mínimo y otras de carácter autonómico como la Renta Garantizada de Ciudadanía ayudan a paliar las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania o la inflación pero aún no son suficientes. “En el contexto actual, donde no solo se requiere una recuperación social sino también una transformación en la forma en que entendemos la atención y la acción social es fundamental que el tercer sector sea reconocido como un aliado estratégico. No solo desempeñamos un papel crucial en la intervención directa y la prestación de servicios, sino que también podemos enriquecer el diseño de las políticas sociales con nuestro conocimiento y experiencia”, añadió Castro.

Algo en lo que coincidió el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, quien precisó que el tercer sector es uno de los grandes productos del progreso. También se refirió a la necesidad de adoptar medidas para un adecuado reparto de la renta.

Con motivo del Día de Erradicación de la Pobreza, EAPN ofreció algunas medidas para acabar con la pobreza y la exclusión social como el desarrollo de servicios sociales más accesibles y con mayores recursos; complementariedad entre el Ingreso Mínimo y la Renta Garantizada, ofreciendo a las personas que las perciben el apoyo necesario para la realización de proyectos individualizados de inserción; la promoción de políticas activas de empleo que aseguren la igualdad de oportunidades en el acceso; acciones para superar la brecha digital; el acceso efectivo y equitativo a la atención médica, especialmente en las áreas rurales; políticas de vivienda que aseguren la vivienda para todas las personas o fomentar la participación presencial y digital de las personas en situación de exclusión en la toma de decisiones. Planteamientos que, sentenció Óscar Castro, pasan por una política fiscal “equitativa”, “justa” y “solidaria”.