CES: El reto demográfico requiere más tratamiento fiscal favorable para el medio rural

El Consejo Económico y Social (CES) aboga por seguir impulsando medidas que supongan un “tratamiento fiscal favorable” en los impuestos propios y cedidos para el ámbito rural para “hacer frente al reto demográfico, sin duda el problema más grave que sufre Castilla y León”.

El órgano consultivo indica en las recomendaciones de su informe 'Situación económica y social de Castilla y León en 2023', aprobado hoy, que es “muy necesario” que los interlocutores económicos y sociales “participen de un modo más intenso en la gobernanza de la Comunidad y que se revisen de manera coordinada las políticas de gasto y fiscales para continuar haciendo frente a nuestros retos económicos, sociales y medioambientales, y defendiendo los intereses y necesidades de la Comunidad”, informa Ical.

A juicio de esta institución propia de la Comunidad, la estrategia fiscal a medio y largo plazo debe hacer compatible el crecimiento económico con la reducción del déficit estructural y debe contar con la debida flexibilidad para ir adaptándose a la situación económica. En este sentido, considera los fondos europeos de transformación y resiliencia “una oportunidad única de reducir el déficit estructural financiado nacionalmente, sin que ello implique pasar a una política fiscal contractiva que pudiera perjudicar el crecimiento”.

El CES asume que es lógico que el sector público se atenga a reglas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, pero entiende que “la disciplina fiscal debe estar diseñada y aplicada adecuadamente para evitar cometer los errores del pasado”, informa Europa Press.

Financiación autonómica

Por otra parte, el CES recuerda que sigue pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica, que “resulta necesaria y que debería cumplir con los principios de suficiencia de los recursos disponibles para las comunidades autónomas, corresponsabilidad fiscal y transparencia en los parámetros que determinan el funcionamiento y la evolución del sistema”.

En todo caso, el CES insiste en la necesidad de que dicho modelo garantice la suficiencia financiera que haga posible la prestación de los mejores servicios públicos y “en ningún caso”, Castilla y León debe verse perjudicada o tener un trato diferencial negativo”.

“El nuevo modelo debe garantizar una cobertura similar de los servicios públicos esenciales en todo el territorio de nuestra Comunidad, para lo cual, Castilla y León tiene que recibir los recursos suficientes, teniendo en cuenta nuestras especiales características sociodemográficas y de aporte positivo a la sostenibilidad ambiental, así como la contribución positiva en materia energética al resto del territorio nacional”.

Fiscalidad energética

En este contexto, el Consejo vuelve a destacar la necesidad urgente de establecer un proceso de diálogo eficaz sobre la política energética que afecte a aquellas comunidades autónomas excedentarias en producción eléctrica.

Y es que la producción eléctrica en Castilla y León, especialmente de carácter renovable, es muy superior a sus necesidades, lo que se traduce en un excedente que aporta al conjunto nacional sin recibir contraprestación alguna.

Así, el CES recomienda de nuevo que se impulse el debate sobre esta realidad y se estudie, en la medida de lo posible, el establecimiento de un modelo fiscal diferenciado, en el que se aplique una fiscalidad favorable a las personas y empresas que se establezcan en el medio rural, donde se genera buena parte de esa energía. “Esta medida actuaría como un factor de discriminación positiva para afrontar el reto demográfico y de despoblación en Castilla y León”.