Ribera del Duero alerta sobre el impacto de la ganadería intensiva y plantas de biogás en viñedos

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero expresó su “preocupación” ante la instalación de proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás de tratamiento de purines dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen y próximas a terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos. Por ello, explicó que respeta las iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando no se ponga en peligro la principal economía y forma de vida de la comarca como son los proyectos en torno al vino y el enoturismo.

En un comunicado, recordó que Ribera del Duero es una región vinícola de referencia nacional e internacional, siendo la Ruta del Vino la tercera más visitada de España, y teniendo entre sus atractivos el propio patrimonio natural. “El entorno y el terruño son los elementos más valorados por el consumidor, una riqueza incuestionable que atrae además a prescriptores y prensa internacional, que diferencia a la región de otras zonas elaboradoras del mundo”, señaló para agregar que las bodegas y viticultores “cuidan y protegen el viñedo, invierten en su recuperación, en la conservación de viñas centenarias, e implantan sistemas naturales y sostenibles en pro de su principal fuente de vida y desarrollo”.

Por ello, el Consejo Regulador y los operadores inscritos de la misma aseguraron que “no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva y últimamente plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural”.

Al respecto, aseguró que “ponen en serio riesgo la subsistencia” de los proyectos vitivinícolas, “a los que de alguna manera invaden”, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Además, remarcó que existen alternativas “viables” para que se ejecuten este tipo de instalaciones, ya que señaló en el entorno rural abundan otros terrenos que bien podrían albergarlas.

Por ello, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen aseguró que trabaja en la búsqueda de soluciones a la “problemática” derivada de la posible instalación de ese tipo de proyectos en territorios próximos a bodegas y viñedos, y lograr que se sienten unas bases que impidan su implantación, informa Ical.

“Cuando las bodegas afectadas y otras asociaciones comunicaron al Consejo esta problemática, el órgano regulador se ofreció inmediatamente para colaborar en todo lo posible, acudiendo a los organismos públicos pertinentes, manteniendo reuniones con asociaciones de productores de ganado intensivo, encargando la elaboración de informes técnicos e instando a la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas en la que está incardinado) a que trasladara al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre de todos sus asociados, la preocupación extendida y compartida por diferentes denominaciones de origen de diversas zonas productivas ante la proliferación de proyectos en materia de energías renovables y macro granjas de ganado que afectan a viñedos, bodegas y paisajes emblemáticos e históricos que reportan enorme valor a sus zonas geográficas”, explicaron.

Igualmente, señaló que la zona amparada por la DO Ribera del Duero ofrece unas condiciones “únicas y especialmente adecuadas” para la producción de uva y la elaboración de vinos de “excepcional calidad”. “Esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada; los viticultores y bodegueros no obtendrían los mismos resultados en otros territorios, es imposible, a diferencia de lo que sucede con las otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción”, añadió.

Por ello, consideró que la implantación de industrias excluyentes, junto a otras instalaciones o cultivos que se verán “desplazadas o directamente destruidas”, no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que argumentó que implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho. “No se trata pues de una incompatibilidad en la que ambas partes están en pie de igualdad y se excluyen mutuamente, sino de una actividad que invade con sus emisiones el ámbito de la otra, impidiéndola continuar con su actividad, sólo porque normativamente pueden hacerlo”, explicó.

Finalmente, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen aseguró que continuará defendiendo los intereses de sus viticultores y sus bodegueros ante las administraciones y las instancias que considere oportuno, con el objetivo de intentar evitar la “degradación” de la imagen de la Ribera del Duero. Por ello, exigió evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona.