Mañueco anuncia una «batalla judicial» sin precedentes contra el pacto fiscal de Cataluña

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una «batalla judicial sin precedentes» contra el acuerdo de ERC y PSC si contempla la autonomía fiscal plena en Cataluña, en lo que considera una nueva «tropelía» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «un robo» a Castilla y León y a España.

El presidente castellano y leonés realizó estas declaraciones a los periodistas en una visita institucional que realizó a El Burgo de Osma para presentar el proyecto de nuevo centro de salud y las obras del Mirador de la Galiana, sobre el Parque Natural del Cañón del Río Lobos.

Mañueco aseguró que si se consuma el acuerdo político para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat el Gobierno regional acudirá a los tribunales y empleará todas las vías.

En primer lugar anunció la impugnación de la ley, que salga del Congreso sobre este asunto, ante el Tribunal Constitucional, y hará lo mismo con las normas que desarrollen la citada legislación, para lo que acudirá a los tribunales ordinarios de las comunidades autónomas, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.

«Sánchez vuelve a saltarse la Constitución Española, vuelve a pisotear la igualdad de los españoles, el principio de igualdad territorial y la solidaridad entre las comunidades autónomas» , expresó Mañueco.

A juicio del presidente de Castilla y León, Sánchez con este acuerdo para Cataluña «asalta a la caja común de todos los españoles para sus pactos políticos». En este sentido recordó que «compró los votos de sus socios con privilegios judiciales para mantenerse en la Moncloa y ahora lo hace con privilegios económicos y con sus socios separatistas de Ezquerra para mantenerse en la Generalitat».

El presidente de la Junta precisó que será el próximo viernes cuando los afiliados de Ezquerra Republicana de Cataluña voten a favor de este acuerdo, y, por ello, les recordó que Sánchez «engaña, no cumple y miente», y que el acuerdo es «malo» para los separatistas y para todos los españoles.

Mociones

Mañueco manifestó que «Castilla y León no va a perdonar» a Sánchez» y el Partido Popular va a presentar mociones en ayuntamientos y diputaciones en los que los socialistas tengan responsabilidades de gobierno para que se pronuncien sobre este asunto. 

Tachó de «cómplices» a los dirigentes del PSOE en cada territorio y en concreto se refirió al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña,

Declaración judicial

Mañueco, además, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negarse a declarar ayer ante el juez Juan Carlos Peinado que investiga el caso de su mujer. 

Consideró que «es un error gravísimo» y dijo que es una muestra más de la «corrupción y mentiras» que rodean a su ejecutivo. Instó a Sánchez a dar explicaciones ante los medios de comunicación y en el Parlamento.

Conferencia de Presidentes

También reclamó al Gobierno que atendiese la petición de las comunidades autónomas de hace meses para convocar la Conferencia de Presidentes y abordar los temas como la falta de médicos, la financiación autonómica y la inmigración. 

Acusó al Gobierno de «incapacidad e improvisación» en materia sanitaria, ya que tras la petición de 3.000 nuevas plazas de médicos de atención primaria solo se crearon 16.

Voces críticas

Por su parte, otra voz socialista se alzó contra la línea oficial del partido impuesta por el Gobierno. La alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, hizo un alegato en defensa de la redistribución y solidaridad entre territorios tras comunicar este lunes ERC algunos de los puntos del preacuerdo con el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa, que incluye cambios en la recaudación de impuestos y, según los republicanos, una especie de concierto catalán.

En línea con lo expresado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, recordó la apuesta de su partido por la redistribución de la riqueza entre personas como «principio irrenunciable de solidaridad». 

El posicionamiento de la regidora palentina es el primero que se produce entre los socialistas de Castilla y León que hasta ahora han guardado silencio sobre esta cuestión.

«Si apostamos por la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios», expresó Miriam Andrés, quien apostilló: «No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea», según informó Ical.

Este martes, el PSOE reunió a la Comisión Ejecutiva Federal, después de que el PSC acordase con ERC un preacuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Precisamente, la Ejecutiva Federal es el órgano del partido encargado de aprobar las resoluciones de calado, como en este caso la aprobada este lunes por el PSC y ERC.

Pese a que el partido no se ha pronunciado, de manera oficial hasta la resolución ejercida por este órgano, desde el PSOE se sienten «confiados» en que las bases de la formación republicana avalarán este viernes el preacuerdo alcanzado con ERC para investir a Illa porque «ya lo dejamos bien claro: o Gobierno de Illa o repetición electoral». 

De esta manera, el PSC contaría con 68 diputados de un tripartito de izquierdas, sumando los 20 representantes de ERC y los seis de Sumar, que se dan por descontados, aunque no hayan escenificado todavía ningún acuerdo tras semanas de negociación.

Carriedo

Además, el de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, insistió en la necesidad de reformar «con urgencia» un modelo de financiación «anticuado» que, según los datos de las entregas a cuenta y la liquidación de 2023 aportados este martes por el Gobierno, crece «por debajo de la inflación» y, además, el reparto no es «igualitario» ante la negociación «bilateral» con Cataluña, informa Europa Press. 

«Nosotros creemos en la igualdad y no en negociaciones bilaterales con partidos separatistas», defendió, tras lo que garantizó que desconoce las consecuencias que pueden tener estos acuerdos en la financiación del resto de autonomías.