Heraldo-Diario de Soria

Personal de otras administraciones podrá ocupar puestos de difícil cobertura para la Junta

La nueva relación de puestos de trabajo contempla 16.304 plazas de funcionario en Castilla y León

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El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago.

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Redacción
Soria

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La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario, que cuenta con 16.304 puestos y abre la puerta a que personal de otras administraciones pueda ocupar puestos de difícil cobertura en zonas periféricas y ultraperiféricas de la Comunidad, con un 8,15% de puestos abiertos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de gobierno que la RPT, que entrará en vigor el 1 de octubre, permite así que los puestos en dichas zonas que se hayan quedado sin cubrir, puedan ser provistos de funcionarios de ayuntamientos o comunidades limítrofes, en el mencionado porcentaje, cumpliendo con lo acordado en los convenios firmados con dichas administraciones, informa Europa Press.

Además, se adaptan los nuevos puestos de trabajo a la nueva estructura orgánica de las consejerías y los organismos autónomos, tanto a nivel central como en los servicios periféricos de las provincias -todos aquellos que no están en las capitales de provincia- y ultraperiféricos de la Comunidad-en municipios pequeños y lejanos de las capitales de provincia, o en municipios de difícil acceso-.

En este sentido, ha precisado que 174 municipios o localidades han sido calificadas como ultraperiféricas y los puestos que allí se ubican tienen una "consideración especial" y tendrán aparejadas unas mejores condiciones retributivas, con el objetivo de favorecer su cobertura.

En particular, se ha mejorado el complemento específico de cada uno de estos puestos en un punto. Esta novedad no solo será beneficiosa para los empleados públicos que ocupen estos puestos, sino que también los castellanos y leoneses residentes en las zonas periféricas y ultraperiféricas de la comunidad verán mejorado su acceso a los servicios públicos autonómicos, al ser puestos más atractivos que se podrán cubrir más fácilmente.

Se trata de algunas de las novedades de esta nueva RPT que engloba a los puestos de trabajo de funcionario de la Administración General de la Comunidad y afecta a los 11.675 empleados públicos que en la actualidad ocupan uno de estos puestos en los servicios centrales y periféricos de todas las consejerías, además de en los puestos de funcionario de la Administración General en el Ecyl, el Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales.

Con esta RPT se pasa de los 17.792 puestos de la anterior a 16.304, mientras se amortizan 3.311 y se dan de alta 1.823. Así, hay 16.304 puestos para 11.675 funcionarios, de manera que existen 4.629 vacantes que "servirán para ir cubriendo las necesidades posteriores a medio y largo plazo, si se precisan", tal y como ha precisado González Gago, quien ha subrayado, además, que el número total de relaciones de puestos decrece en 1.488.

En este sentido, ha detallado que se han suprimido esta cifra de puestos porque muchos de ellos "llevaban mucho tiempo sin cubrirse" e, incluso, "había puestos que no se habían ocupado nunca" porque "no eran atractivos para los empleados públicos". Igualmente, ha señalado que la relación de puestos vigente hasta ahora, no se había "acomodado a las necesidades reales del servicio público en la evolución de estos veintipico años que llevaban las viejas RPT".

Además de las mencionadas mejoras, el consejero de la Presidencia ha destacado que con la nueva RPT se pretende atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos.

Asimismo, ha indicado, se busca homologar los puestos de trabajo, de manera que se evite la disparidad de tipos de puestos para "idénticas funciones". Esta homologación supone la mejora retributiva de 10.706 puestos de trabajo, es decir, un 66% del total, que verán incrementado su complemento de destino y/o su complemento específico.

También se van a mejorar las condiciones de teletrabajo, para hacer esta modalidad más atractiva para los empleados públicos y avanzar en la conciliación con la vida familiar. "Es más positivo que no hacer atractivo ese puesto y que no lo ocupe nadie", ha defendido.

La mejora en las condiciones de los puestos de trabajo aprobados este jueves supondrá también una mayor inversión económica de la Junta. El cálculo de los costes de las RPT se realiza desde un punto de vista teórico, considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario -antigüedad, carrera horizontal, gratificaciones extraordinarias o complemento de jornada dedicación especial-.

De esta forma, el coste teórico anual de la RPT que ahora se deroga era de 698,4 millones de euros al año, mientras que el de la RPT que se aprueba será de casi 701,8 millones de euros al año, lo que supone un incremento de 3,3 millones de euros, un "porcentaje pequeño, muy limitado en cuanto al incremento".

Por último, dentro de esta RPT, González Gago ha defendido la reducción de puestos provistos a través de concurso específico, ya que en la anterior RPT había 1.366 -un 8,25% de todos los puestos de concurso-, y en la nueva hay 726 -un 4,81%-. Es decir, 640 puestos menos.

Además, en el apartado de puestos a cubrir por libre designación, se pasa de 419 puestos -un 2,35% del total- a 369 -un 2,26%-, es decir, 50 puestos menos.

Esta nueva RPT entrará en vigor el 1 de octubre y, tal y como ha recordado el consejero, fue sometida a la negociación sindical, con los votos a favor del sindicato USCAL, la abstención de CSIF, UGT y FSEES y el voto en contra de CCOO y CGT.

Asimismo, se ha aprobado como "una auténtica necesidad" ya que las que se estaban aplicando databan "en su mayoría de 1996", con "alguna modificación puntual", y tras la anulación efectuada por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra diferentes propuestas de RPT, tal y como ha rememorado González Gago.

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