Universidades de Castilla y León crean una herramienta con IA para predecir casos de corrupción

Es una de las muchas caras de la Inteligencia Artificial, IA: luchar contra la corrupción adelantándose a ella. Investigadores de las universidades de Valladolid, Burgos y UNIR desarrollaron una herramienta, basada en Inteligencia Artificial, para detectar posibles señales de prácticas corruptas en los contratos adjudicados por las administraciones públicas. Se trata de nuevos indicadores de alerta o “banderas rojas" que podrían apuntar hacia casos de corrupción en las adjudicaciones públicas, según un estudio publicado recientemente en la revista científica European Journal of International Management.

Los mercados de contratación pública representan una parte sustancial del comercio mundial. Concretamente, la participación media de la contratación pública en el Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea asciende al 16 por ciento, según datos de la OCDE. En España la relevancia de este gasto representó en el 2023 un 11,5 por ciento del PIB, según los datos del informe trienal relativo a la contratación pública publicado por el Gobierno.

La magnitud de estos mercados hace que se consideren una “fuente potencial de corrupción, por lo que administraciones e investigadores están dedicando buena parte de sus esfuerzos a controlarlos y regularlos”.

La corrupción, considerada en términos generales como el uso indebido de un cargo público para obtener beneficios privados, puede tener como consecuencia la adjudicación de contratos con precios y costes sobredimensionados y la disminución de la calidad de los servicios. Por su naturaleza, estas prácticas corruptas pueden aparecer en cualquier etapa del ciclo de adquisiciones (identificación del proyecto, diseño, presentación y evaluación de ofertas…) y son “muy difíciles de detectar”, por lo que la transparencia en el servicio público constituye un elemento fundamental para el buen funcionamiento de los servicios públicos.

En pro de esta transparencia se han puesto en marcha en países de todo el mundo iniciativas de contratación electrónica. Gracias a estas nuevas herramientas de gobierno electrónico los investigadores pueden ahora acceder y analizar grandes volúmenes de datos relacionados con adjudicación de contratos y obtener conclusiones fiables.

“Gracias a los esfuerzos de la Unión Europea por conseguir niveles aceptables de transparencia en todos los Estados Miembro estamos pudiendo desarrollar este tipo de estudios para detectar conductas ilícitas. Hasta hace unos años era imposible acceder a todos estos contratos. Sin embargo, ahora con herramientas como la Plataforma de Contratación del Sector Público [en España] o el Diario Europeo de Licitaciones [SIMAP] tenemos acceso a paquetes enormes de información que, tratados con herramientas de IA y Big Data, nos permiten sacar conclusiones muy interesantes”, explicó Iván Pastor, investigador de la UVA, uno de los desarrolladores, junto a Félix López Iturriaga y David Blanco Alcántara.

Requisitos

Esta herramienta de alerta temprana que actúa sobre los criterios de adjudicación, es decir, en la fase previa a la licitación, en la que se especifican los requisitos de contratación y los criterios de evaluación. “Hemos seleccionado todos los contratos de licitaciones publicados en Europa entre 2016 y 2018 (una muestra de más de 70.000 contratos de 33 países diferentes) y hemos extraído todos los criterios establecidos en los mismos. Posteriormente, hemos analizado esos criterios, los hemos agrupado y hemos buscado si hay ‘red flags’ que aparecen más en un grupo de criterios que en otros”, explica el investigador de la UVA.

Así, la complejidad de este estudio radica principalmente en el tratamiento de los datos. Debido a la sinonimia y a las traducciones los investigadores han tenido que hacer frente a un volumen inmenso de palabras y frases diferentes para describir cada criterio concreto. Para atajar este problema, se ha utilizado una metodología particular capaz de, ante un volumen grande de documentos o palabras, clusterizarlas (hacer grupos) basándose en la semejanza de los conceptos. “Hemos conseguido agrupar todos los criterios en cuatro grandes grupos: uno en el que el precio es el criterio casi único y otros tres en los que se agrupan un mix de criterios como la actividad profesional, las experiencias anteriores, el perfil técnico de los empleados…”, añadió Pastor.

Una de las principales conclusiones a las que han llegado los investigadores es que los contratos que se adjudican basándose únicamente en el criterio del precio presentan un mayor riesgo de restricción de la competencia (la mayoría de estos contratos reciben menos de tres ofertas), lo que aumenta las probabilidades de corrupción.

En cambio, los contratos que valoran aspectos como la calidad técnica o criterios ambientales suelen ser más transparentes y reciben un mayor número de ofertas, lo que refuerza la competencia. Tal y como concluye Iván Pastor, “parece claro que, además del precio, cuanto más cualitativos (subjetivos) o generales sean los criterios, como la calidad de los servicios previos, más se restringe la competencia. Muchas empresas no presentan sus ofertas ante criterios subjetivos dando por hecho la presencia de intereses particulares y, además, quien adjudica los contratos tiene mucha más libertad para seleccionar la empresa adjudicataria”.

Por el contrario, las licitaciones que incluían criterios técnicos, de calidad o medioambientales recibieron más ofertas, lo que refleja una mayor competencia y menor riesgo de corrupción. Estos contratos fueron clasificados como de bajo riesgo.

Esta investigación confirma estudios previos que ya apuntaban a la falta de transparencia como uno de los mejores predictores de corrupción en las licitaciones públicas y aporta un avance con gran potencial para mejorar la transparencia en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Al permitir la identificación temprana de contratos de alto riesgo, las administraciones públicas podrán dirigir sus esfuerzos de vigilancia y control hacia los procesos más susceptibles de corrupción. Esto no solo ayudaría a prevenir fraudes, sino que también optimizaría el uso de los recursos públicos.

No obstante, parece necesario continuar con esta línea de investigación ya que las malas prácticas cada vez son más sutiles y difíciles de detectar. Además, sería interesante abordar la actuación en este contexto durante la pandemia del covid-19. Esta podría haber alterado las posibilidades de contrataciones corruptas debido a la urgencia y a las consecuencias sanitarias y económicas.