Las solicitudes de protección internacional alcanzan cifras récord y superan las 7.373

Castilla y León registró el pasado año un total de 7.373 solicitudes de protección internacional, un 88% más que en 2022, cuando se alcanzaron las 3.921, y la cifra más alta de toda la serie histórica. Al igual que en el conjunto de España, el crecimiento en los últimos años ha sido exponencial, dado que hace diez años en la Comunidad solo se tramitaron 53 solicitudes. En este último decenio un total de 20.724 migrantes, la mayoría de Ucrania, Venezuela y Colombia, han reclamado este derecho en la Comunidad.

A nivel nacional, el año 2023 se cerró con 163.642 solicitudes, el máximo histórico desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), lo que supone un incremento del 37% respecto a 2022, cuando se recogieron 119.240.

Accem, junto con Cruz Roja, son las oenegés más involucradas en Castilla y León en la ayuda a las personas migrantes. Daniel Duque, representante de Accem en la Comunidad desde 2009, reconoce que el incremento de solicitudes que se ha registrado en Castilla y León es el reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de España.

Solo en la Comunidad Accem cuenta con 850 plazas de alojamiento para las personas que no tienen ningún tipo de recursos, pero al año viene atendiendo de media a unos 10.000 refugiados. El trabajo de la ONG comienza desde el momento en el que el extranjero, una vez en España, comunica a la Policía su deseo de solicitar la protección internacional. Por ley, los solicitantes de protección internacional tienen derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la tramitación del procedimiento, así como derecho a intérprete, a la vez que el Gobierno, a través de colectivos como Accem o Cruz Roja, que en Castilla y León llevan trabajando con los migrantes desde hace 30 años, se encarga de su protección durante el periodo en el que se resuelve su petición, proceso que es competencia del Ministerio del Interior.

Entonces, Accem pone en marcha un mecanismo que además de la manutención y el alojamiento, también contempla ayudas en forma de asesoramiento jurídico, para explicar al migrante los requisitos que tiene que cumplir y exponer ante las autoridades españolas las razones que le han llevado a huir de su país, pero también desde un punto de vista psicológico y formativo, tanto en el idioma, si es el caso, como desde el punto de vista laboral.

Una vez tramitada la solicitud, el migrante dispone de permiso de residencia y, a los seis meses, se le concede el permiso de trabajo, un paso fundamental, según explica Duque, dado que una vez que logran trabajo las ayudas de manutención y alojamiento desaparecen. No obstante, y aunque el beneficiario logre su autonomía, Accem suele mantener una estrecha relación con ellos y “acompañarles” a la hora de solicitar ayudas como pueden ser las de vivienda.

En la actualidad, las órdenes de protección internacional de personas procedentes de Venezuela, Ucrania o Mali se conceden “por sistema” debido a la situación por la que atraviesan estos países, aunque la persecución por religión, sexo o ideología política también se motivos que se tiene en cuenta a la hora de conceder la protección, así como la tortura o tratos inhumanos o degradantes. De todas formas, Duque asegura que “en ningún caso la protección se regala” y dependiendo de los casos los migrantes deben superar diversas entrevistas y justificar la huida de su país. Aunque no se suele agotar, el periodo máximo que tiene el Gobierno para dictaminar sobre una solicitud es de 18 meses.

Aproximadamente, algo más de la mitad de las solicitudes de protección son aprobadas y la mayoría de los migrantes que las logran suelen quedarse a vivir, aunque todo depende de las redes sociales y familiares que tengan a su alrededor, según explica Duque, que también reconoce que aunque “nadie se queda en la calle”, el incremento de refugiados ha provocado que el mecanismo de ayuda en Castilla y León no sea tan “flexible”.

Por otra parte, Duque argumenta que a pesar de la “polarización y la tensión política” que rodea en la actualidad a la inmigración, en Castilla y León “no estamos detectando más casos de discriminación por racismo. “Aunque siempre hay que lamentar algún caso, la sociedad castellano y leonesa es acogedora con esta personas y así lo demostró en el caso de Ucrania, “ya que fuimos una de las comunidades que más personas acogió, tanto a través de entidades como por medio de personas particulares.

En este sentido, Duque indicó que lo peor es el temor que provoca el desconocimiento, “como se ha demostrado cuando hemos abierto algún centro nuevo o estamos trabajando en una zona, pero la realidad es que a los pocos meses, cuando los vecinos saben lo que estamos haciendo, las personas se acercan a colaborar, a traer ropa e incluso algunos se hacen voluntarios”, sentenció.

Por nacionalidades, en primer lugar se sitúan los ucranianos. Solo en el año 2022 se registraron en la Comunidad 3.828 solicitudes de protección, mientras que entre 2019 y 2022 se acumulan 3.964. En segundo lugar aparece Venezuela, que en ese periodo suma 2.376, por delante de Colombia, con 2.167. A mucha distancia aparecen países como Honduras (456), El Salvador (289) y Perú (240). Entre los países africanos, en cabeza aparece Mali, con 230, por delante de Senegal (80), mientras que de ciudadanos marroquíes se contabilizaron 56, informa Ical.

Valladolid fue la provincia que más solicitudes tramitó el pasado año con 1.798, seguida por Burgos (1.144) y León (1.102). En el extremo opuesto aparecen Soria, con 372 solicitudes de protección internacional, seguida de Ávila (524) y Zamora (531). En Salamanca se tramitaron 771, en la provincia de Segovia 696 y en Palencia 435.