La Junta ultima el censo del lobo, que constata un incremento de población
Suárez-Quiñones confía en que con estos datos, el Gobierno central gestione “para el interés general” y deje sin efecto la incorporación del cánido al Lespre, que lo protege desde 2021
Lobo en el monte.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció este lunes que su departamento ultima los datos del censo del lobo, que por el momento constatan un “incremento de población”, y que presentará públicamente “a finales de este mes o principios del siguiente”.
La Consejería tiene la obligación de remitir estos datos del censo decenal antes de finalizar el año al Ejecutivo central, que a su vez debe informar a la Comisión Europea de la situación de la especie en el territorio nacional. Castilla y León cuenta actualmente con el 60% de los lobos de España.
“Los datos los tenemos ya prácticamente ultimados, en coordinación con todas las comunidades fronteras”, comentó Suárez-Quiñones, quien mencionó a Galicia, Asturias y Cantabria. Por ahora, “se está depurando la población en zonas de frontera para que sea un censo real” y no se dupliquen ejemplares.
Este trabajo se desarrolla sobre unos criterios técnicos fijados a nivel nacional que lleva a cabo el personal público y también con la ayuda de los sistemas de fototrampeo. Así, en las próximas semanas se celebrará una “presentación pública” del censo, que implica un “incremento de población y de territorio del lobo”, como “es algo notorio dado que la gente de los pueblos lo sabe y lo ve”.
A su juicio, pronosticó que “va a permitir que el Gobierno de España remita un informe a Europa diciendo que el lobo está en un estado de conservación favorable”, y que “no repita el error cometido en el anterior, de carácter sexenal, en el año 2018-2019, en el que informó a Europa de que estaba en un estado de conservación desfavorable, que no era correcto, porque entonces también había un incremento favorable, con un aumento de población constante”
En este sentido, reiteró al Gobierno que “haga su trabajo y cumpla con su deber, pero con datos reales”, ya que la Junta “discutió los anteriores”. “Fuimos a Europa a comunicar que eso entendíamos que no era correcto. Esperemos que ahora el Gobierno haga esa labor”, resumió.
Desbloquear la falta de controles
Suárez-Quiñones sostuvo que, además cumplir una obligación normativa, el censo permitirá “desbloquear la falta de controles de población del lobo al sur del río Duero”, zona en la que, por disposición europea, “no se puede gestionar, ni cazar, pero sí se pueden realizar controles excepcionales cuando haya daños notorios a la ganadería, como está ocurriendo”. Al respecto, anotó un incremento de los mismos del 34% desde el año 2021 a la extensiva y semiextensiva, año en el que la especie fue incluida en el Listado de Especies Protegidas (Lespre).
El consejero confío así en que el Ejecutivo central finalice esa “cerrazón” de la que le acusó. “Que entre en razón cuando ve que Europa está tratando de flexibilizar la normativa y que esta protección estricta al sur se convierta en una protección simple, como había al norte”, expuso: “Y si es mañana, mejor que pasado, deje sin efecto esa orden de incorporación del lobo en el Lespre, que ha sometido a los ganaderos y a Castilla y León a una zozobra enorme por los daños tan terribles que están sufriendo estas poblaciones de la ganadería”.
“Este hecho es muy importante y vamos a dar ese voto al Gobierno. Es decir, si no lo ha hecho ya, que puede hacerlo mañana”, advirtió, “al menos que lo haga cuando tengamos ese censo y se vea que luego está en una estado de conservación óptimo”. Suárez-Quiñones indicó que esa orden ministerial fue un “error que se estableció y se dictó por razones de ideología, no de equilibrio o falta de población favorable”.
El consejero rechazó que exista una preocupación por que el lobo se acerque a las zonas urbanas, algo que “no se ha registrado”, e incidió en que esa problemática se encuentra en los “enormes daños a la ganadería, que se incrementan permanentemente a pesar de adoptar medidas preventivas y compensar los daños a los ganaderos”.
“No sabemos para quién gobiernan; tendrá que hacerlo para el interés general, para los territorios, para que la ganadería tenga vida y por lo tanto sigamos teniendo esos productos de excelencia y de calidad con los que se caracterizan Castilla, León y otras comunidades autónomas. Desconocemos a quién quiere favorecer o para quién gobierna el Gobierno de España”, reflexionó.