Villar y la federación, imputados por apropiación indebida y malversación de 1,2 millones de euros

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y la propia federación, como persona jurídica, han sido imputados por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida de 1,2 millones de euros que le fueron concedidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el 2010. La imputación es una ampliación de la que ya fue decidida por el titular del juzgado número 4 de Majadahonda tras admitir a trámite la denuncia de Miguel Ángel Galán, candidato a la presidencia de la RFEF, por no haber destinado 219.000 euros para una escuela de fútbol en Haití, que era el uso que se tenía que haber dado al dinero.

A la denuncia se sumó la Fiscalía Anticorrupción y ahora ha sido ampliada tras un escrito enviado por el CSD en el que se hace constar que tampoco han sido justificadas otras tres partidas para otros tantos proyectos: uno de educación deportiva integral en escuelas de fútbol de África e Iberoamérica (462.000 euros), otro de capacitación para gestores de clubs y federaciones en Iberoamérica (254.000 euros) y otro para programas de tecnificación internacional. En el expediente remitido por el CSD se señala que la RFEF apenas justificó debidamente 100.000 euros de los 1,2 millones concedidos.

FACTURAS IRREGULARES

Los cuatro programas se tenían que haber ejecutado antes del 31 de agosto del 2011 y solo se llegó a organizar y pagar con parte del dinero un seminario jurídico para federaciones suramericanas enCartagena de Indias a finales de ese mes.

El pasado 24 de enero, la federación reintegró a las arcas del Estado los 1,2 millones, más 300.000 en concepto de intereses de demora, con lo que la entidad federativa venía a admitir que la subvención no fue empleada para lo que se solicitó después de haber intentado engañar al CSD con la entrega de facturas irregulares.

FIRMAS FALSIFICADAS

Un mes antes, según informó el diario El País,Villar había enviado un escrito al CSD, apoyado en un informe pericial, en el que aseguraba que su firma fue falsificada en nueve ocasiones en la documentación entregada en el 2011 para justificar la subvención pública de los 1,2 millones de euros. El presidente de la RFEF desviaba toda la responsabilidad hacia Jorge Pérez, el exsecretario general federativo, José María Castillón, el administrador general, y otros empleados de la Fundación de la RFEF.