LA GESTIÓN MIGRATORIA
Europa fía a la cooperación con Libia el blindaje del Mediterráneo
La UE prioriza la formación de guardacostas locales, las repatriaciones desde el país africano y la vigilancia en la frontera con Níger como vía de frenar las llegadas a Italia
La cooperación con el Gobierno de Turquía ha permitido en el último año a la Unión Europea reducir en un 97% el número de llegadas de inmigrantes y refugiados a Grecia. Italia aspira a conseguir el mismo blindaje que su vecino heleno en la ruta del Mediterráneo central pero el caos político en Libia hace imposible calcar la solución. La alternativa diseñada por Bruselas pasa por financiar la formación de guardacostas libios, favorecer las repatriaciones directamente desde el país norteafricano, reforzar el control de las fronteras con vecinos como Niger e impulsar la cooperación con los países de origen y tránsito.
La batería de medidas no es nueva pero la urgencia que vive Italia ha obligado a la Unión Europea a reiterar que el compromiso con la principal puerta de entrada en la ruta central hacia Europa es firme. Su ministro de Interior, Marco Minniti, volvió a lanzar la voz de alarma a finales de junio y advirtió a sus colegas de que la situación era “insostenible”. La Comisión Europea reaccionó diseñando un plan de acción urgente con más dinero lograr un objetivo prioritario: reducir el número de inmigrantes y la presión sobre Italia.
Bruselas se ha comprometido a desbloquear 46 millones de euros adicionales para apoyar proyectos -en tierra y mar- destinados a reforzar las capacidades de las autoridades libias y ha anunciado su disposición a movilizar otros 35 millones de forma inmediata para que Italia aplique la 'ley Minniti'. Es decir, para ayudarle a crear capacidades adicionales de acogida en puntos críticos del país, incrementar sustancialmente las plazas hasta alcanzar las 3.000 de forma urgente, aumentar el período máximo de internamiento y acelerar el examen de las solicitudes de asilo en fase de recurso.
EL FOCO, EN EL PAÍS NORTEAFRICANO
Pero el principal foco de actuación sigue estando en el país norteafricano. La UE quiere que los libios asuman el protagonismo y refuercen la vigilancia en sus aguas territoriales, para que sean ellos quienes impidan a los botes con inmigrantes a bordo alcanzar aguas internacionales, donde está desplegada la 'operación Sophia' y cuya prioridad es desmantelar las redes que trafican con personas. En el marco de esta operación, la UE ha formado a 113 guardacostas libios y ya ha concluido el análisis de seguridad previo y la selección de otros 75 candidatos que comenzarán su curso de formación en septiembre.
En este objetivo se enmarca, además, la última decisión adoptada esta semana por los 28 para endurecer los controles comerciales e impedir la exportación a Libia de botes hinchables y motores, con el objetivo de limitar el modelo de negocio de los traficantes e impedir que puedan utilizarlos para embarcar a inmigrantes hacia Europa. Un terreno que podrían completar en un futuro con la adopción de sanciones -congelación de bienes y prohibición de entrada en la UE- contra los traficantes identificados.
Otra de las líneas de acción potenciadas por la UE es el control de las fronteras terrestres de Libia, especialmente la de sur, la ruta que siguen los subsaharianos para llegar a Europa. Los 28 han dado vía libre esta semana a la renovación del mandato de la misión EUBAM Libia, que asiste en la gestión fronteriza, y siguen explorando la posibilidad de establecer una misión en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad civil y una posible célula en Trípoli aunque de momento no se dan las condiciones de seguridad para ello.
El plan de acción apuesta por intensificar el trabajo con los países de origen y tránsito en busca de nuevos acuerdos de readmisión, cooperar más con Niger y Malí y aumentar las repatriaciones directamente desde Libia y Niger. Solo en los primeros seis meses de 2017, según datos de la Comisión, ya han retornado más que en todo 2016. La hoja de ruta también incluye la elaboración de un código de conducta sobre los rescates en alta mar para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Mediterráneo que ha generado una enorme controversia. Bruselas lo defiende. Las organizaciones consideran que para lo único que servirá es para retrasar y obstaculizar las operaciones de salvamento.