La ONU documenta abusos y malos tratos en Crimea
Un informe de Naciones Unidas denuncia graves violaciones de los derechos del hombre en la península anexionada por Rusia
Conmemoración del aniversario de la anexión de Crimea en Simferopol-AFP / MAX VETROV
Desde el 18 de marzo del 2014, Crimea forma parte de la Federación Rusa, dos días después de que se celebrara en el territorio un referéndum unilateral de secesión impulsado desde Rusia. La absorción por parte del Kremlin de este idílico territorio a orillas del mar Negro, con imponentes acantildos cubiertos de frondosa vegetación mediterránea, apenas la reconoce un puñado de países, ente los que se encuentran Corea del Norte, Siria, Sudán o Venezuela.
Para el resto del planeta, Crimea es un territorio bajo ocupación militar, lo que en teoría, según el derecho internacional, limita el margen de acción de la potencia que lo administra, en este caso Rusia.
Estas limitaciones, entre las que se encuentra la prohibición de deportar fuera del territorio a individuos detenidos por las fuerzas de seguridad, están siendo regularmente violadas por el Kremlin, según denuncia un devastador informe elaborado por la ONU que acaba de ser difundido en su sede de Ginebra.
Graves violaciones de los derechos humanos
"Graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se encuentran arrestos y detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos y al menos una ejecución extrajudicial han sido documentadas", constata el texto introductorio del documento. "Los abusos han afectado a residentes crimeanos de diversas etnias, pero han sido los tártaros crimeanos los principales objetivos, debido a sus vínculos con el Majliss", una asamblea comunitaria prohibida por Moscú.
Una de las violaciones de las Convenciones de Ginebra detectadas por el organismo internacional consiste en la "imposición de la nacionalidad". Tan solo unos 100.000 crimeanos, aproximdamente un 4% de la población del territorio, no habían asumido la nacionalidad en el momento en que fue elaborado el informe. Unas 19.000 personas, la mayoría de ellos funcionarios que aspiraban a mantener sus puestos de trabajo, fueron obligados a adoptar el pasaporte ruso.
Algunos de los que se oponen a la anexión han sido acusados de terrorismo, extremismo y separatismo, e incluso han sido recluídos en centros psiquiátricos. El Majliss, la institución de autogobierno de los tártaros crimeanos, ha sido clausurada.
Además, se han producido confiscaciones de terrenos y propiedades sin que se halla pagado compensación alguna, una medida que coloca en una situación muy vulnerable a la comunidad tártara, deportada 'manu militari' a Asia central en los años 40. A su regreso en los años 90, erigieron sus casas sin permisos de construción.