El Vaticano levanta la suspensión como sacerdote al líder de los 'Romanones'

Román Martinez, el sacerdote de Granada juzgado y absuelto el pasado mes de marzo por un supuesto delito de abusos sexuales a menores, podrá volver a ejercer como cura. El Vaticano ha decidido levantar la suspensión de las medidas canónicas cautelares que pesaban sobre él a raíz de su procesamiento. La Archidiócesis de Granada ha explicado que ya le ha sido asignado nuevo destino pastoral, tanto a Martínez como a otros dos sacerdotes implicados y a los que no se llegó a juzgar por haber prescrito los supuestos delitos.

La Santa Sede mantenía abierto el expediente eclesiástico judicial que se inició a raíz de la denuncia de un joven, identificado bajo el seudónimo de Daniel y hoy profesor universitario, que se atrevió a enviar una carta al Papa Francisco para relatarle el calvario de abusos y agresiones sexuales, así como la dominación psicológica a las que fue sometido durante varios años. El Papa Francisco no solo le contactó telefónicamente, sino que le animó a denunciar su caso, lo que inició la vía en los tribunales ordinarios.

Así, aunque finalmente el sacerdote fue absuelto, las medidas cautelares impuestas tanto al considerado líder del clan de los Romanones como a otros dos religiosos del mismo grupo, Francisco Campos y Manuel Morales, por la Congregación para la Doctrina de la Fe permanecían en vigor desde octubre de 2014. “En consecuencia, desde hoy vuelven a ejercer su ministerio sacerdotal, y en este mismo día han recibido la comunicación de un nuevo destino pastoral”, señala el Arzobispado en el comunicado en el que se informa de esta decisión.

Falta de pruebas

La denuncia de la supuesta víctima implicó hasta a doce sacerdotes y seglares en lo que fue considerado el mayor caso de pederastia eclesial en España, y supuso cambios en las posiciones de la Iglesia respecto a los abusos sexuales del clero a menores. El Papa no solo respaldó a la víctima, sino que además instó a un Arzobispado de Granada que puso muchas trabas, según la víctima,  a abrir una investigación interna sobre el grupo de sacerdotes de la parroquia granadina de San Juan de Vianney. De hecho, la propia Conferencia Episcopal se vio obligada a hacer públicos sus protocolos de actuación ante los abusos, abriendo la espita de nuevas denuncias contra el clero en otros puntos de España.

Sin embargo, el caso se fue desinflando en los tribunales. Primero, al considerar prescritos “aunque probados” los delitos de abusos cometidos por once de los acusados, y más tarde, con la absolución del cura Román por la falta de pruebas y la “concurrencia de graves contradicciones en la declaración de la presunta víctima, que proporciona versiones de los hechos imprecisas y vacilantes”, según estableció la sentencia.

El cura, que se enfrentó a 26 años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado agravado por acceso carnal, se defendió alegando que se limitó a asesorar al joven para que profundizara en su fe y que solo ofreció amor “cristiano y fraternal”.  Y llegó a insinuar motivos económicos detrás de la denuncia de la víctima para contrarrestar su relato de escenas en grupo, masturbaciones o tocamientos en la cama con la escusa siempre de “vivir más intensamente la espiritualidad”.