Marruecos condena a 24 activistas rifeños a hasta 12 años de cárcel

El Tribunal de Apelación de la ciudad de Alhucemas, en el norte de Marruecos, ha condenado en las últimas horas a 24 activistas a entre uno y 12 años de cárcel por su participación en las revueltas de este año en la región del Rif, han informado fuentes judiciales.

En un juicio que se ha desarrollado este martes, el tribunal ha condenado a un joven activista rifeño, arrestado el pasado mes de agosto, a 12 años de prisión firme, mientras que tres de sus compañeros, entre ellos un menor de edad, han sido sentenciados a entre dos y tres años de cárcel.

A estos condenados se les encontró culpables de quemar un vehículo de las fuerzas de seguridad, emplear la violencia contra los agentes y celebrar protestas no autorizadas.

La misma corte condenó la pasada madrugada a otros 20 activistas a entre uno y tres años de cárcel por su participación en las revueltas.

La mayor parte de los procesados, 14, fueron condenados a dos años de prisión, mientras que otros tres fueron sentenciados a dos años y medio de cárcel. La fuente ha precisado que dos de los sentenciados fueron condenados a tres años de prisión, mientras que el último fue condenado a 12 meses de cárcel.

Estos activistas fueron procesados por los delitos de establecer obstáculos en la vía pública, manifestarse sin autorización y humillar a agentes de seguridad.

Detención preventiva

En esa misma ciudad de Alhucemas, la policía puso este lunes a un nuevo grupo de 18 activistas rifeños en estado de detención preventiva por su supuesta participación en disturbios que tuvieron lugar el pasado domingo en la localidad cercana de Imzuren.

A finales del mes pasado, Amnistía Internacional (AI) señaló que cerca de 410 activistas rifeños de ese movimiento, entre ellos el líder, Naser Zafzafi, están siendo juzgados o cumpliendo penas que van desde los seis meses hasta los 20 años en las prisiones de Casablanca y Alhucemas.

Integridad territorial

Zafzafi, junto a más de 50 activistas, está siendo juzgado en el Tribunal de Apelación de Casablanca, que este martes celebra una nueva sesión del proceso, acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado y su integridad territorial.

Las protestas sociales del Rif estallaron en octubre del 2016 tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, al que las autoridades habían arrojado su mercancía, una vez confiscada.