Nueva batalla campal frente al Congreso argentino por el recorte de las pensiones de Macri

Las inmediaciones del Parlamento argentino, a menos de dos kilómetros de la sede presidencial, se han convertido este lunes en un verdadero campo de batalla entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que intentaron rodear el edificio para impedir una reforma de las pensiones por la que se reducirán en un 13% y un porcentaje similar a la asistencia mensaual a los sectores más pobres. Los gases lacrimógenos y las piedras atravesaron el aire como nunca desde que se recuperaron las instituciones democráticas, en diciembre de 1983. Hubo numerosos heridos. La protesta callejera -más de 400.000 personas solo en la capital- fue acompañada por una huelga general.

El centro de la ciudad de Buenos Aires fue prácticamente militarizado. La represión no solo alcanzó a los que fueron a rechazar el proyecto que el presidente Mauricio Macri considera indispensable para sostener a un Gobierno aquejado por el problema del vertiginoso endeudamiento externo. El dinero que se sacaría a los pensionistas está destinado a equilibrar el gasto público y pagar a los acreedores.

Como De la Rúa

El pasado jueves, la Cámara de Diputados se vio obligada a suspender la votación de esa ley debido al tenor de las protestas y la inédita respuesta de las fuerzas de seguridad, que dejó numerosos heridos, incluso legisladores, y 41 detenidos. El oficialismo parecía esta vez contar con la mayoría para aprobar los cambios que los opositores, desde el kirchnerismo a la izquierda, pasando por sectores moderados del peronismo, consideran expropiatorios.

La reforma es muy parecida a la que intentó sacar adelante el presidente Fernando de la Rúa en el 2001, antes de que estallara la crisis del corralito financiero que lo obligó a abandonar el Gobierno a fin de ese año. El oficialismo consideró que su derecho a transformar el sistema previsional se lo dio el 40% de los votos obtenidos en las elecciones parlamentarias de octubre. Defiende la iniciativa a ultranza y asegura que la oposición tiene intenciones desestabilizadoras.  El diputado Adrián Grana le contestó durante el tenso debate: “Esto no es un golpe de Estado sino un acto colectivo en defensa de sus intereses”“El que junta las monedas hasta final de mes sabe las defiende a cualquier costo. No saquen esta ley a un precio tan alto”, pidió la diputada Victoria Donda. “No son los CEO ni gerentes los que sufren con esta ley”, señaló el socialista Luis Contigiani..

Además del movimiento obrero, la Iglesia católica también rechaza una reforma con impacto en millones de personas. El papa Francisco hizo saber su malestar por los efectos de la normativa.

Rebaja de impuestos

El actual Gobierno de la coalición de centroderecha Cambiemos devaluó la moneda un 40% apenas llegó al poder, hace dos años. Pero se ha endeudado a pasos agigantados (100.000 millones de dólares) y ya no se encuentra en condiciones de financiar el gasto público sin un ajuste profundo. El recorte de las pensiones, el aumento sostenido de las tarifas de los servicios públicos y los despidos se han vuelto inevitables desde el momento en que Macri rebajó sustancialmente los impuestos a los grandes productores agropecuarios y a las empresas mineras. Es el único recurso que tiene a mano para equilibrar el gasto público. “Si lo hacen nos situamos al borde del precipicio”, dijo el diputado Leopoldo Moreau.“Corremos el riesgo de repetir una jornada trágica. Será un triunfo pírrico. Les quemará el dinero en las manos. Suspendan el proyecto”, pidió el diputado y dirigente sindical Hugo Yasky.

Los defensores de la ley están convencidos de que se aprobará. “Hay diputados que han dicho que tienen que votar esta ley aunque no les guste porque el Gobierno nacional no les envía fondos a las provincias para pagar salarios. Es una clara extorsión”, afirmó el diputado Agustín Rossi sobre la presión que declararon tener algunos diputados opositores.