China crea un superministerio para controlar a los funcionarios públicos

China ha creado un órgano mastodóntico para lidiar con la corrupción de todos los funcionarios públicos y asegurar su fidelidad a las líneas del partido. La llamada Comisión Nacional para la Supervisión nace con ambiciosas expectativas y escasos controles. Supone la última maniobra del presidente chino, Xi Jinping, para expandir su control y ha sido defendida por la prensa oficial como “una red de control centralizada, unificada, autoritaria y eficaz bajo el liderazgo del Partido”. Los críticos vaticinan que recortará las libertades y acentuará la falta de garantías del detenido.

 

La propuesta fue aprobada el lunes durante la sesión parlamentaria anual y este martes se han conocido los detalles. La agencia se sitúa en paralelo al partido y por encima del sistema judicial. Se fusionará con la célebre Comisión Central para la Inspección y Disciplina (CCID) y compartirán sede y trabajadores. Pero el nuevo órgano no fiscalizará únicamente a los 90 millones miembros del partido sino a todo el sector público con una red de comisiones a niveles locales, provinciales y nacionales. Médicos, profesores o periodistas, empleados en empresas públicas, instituciones culturales o deportivas... cualquier vínculo con el Estado atraerá la lupa fiscalizadora. En Pekín, donde la medida empezó en fase experimental el pasado año, el personal escrutado se ha cuadriplicado.

 

La agencia podrá detener hasta seis meses a un sospechoso sin permiso judicial. Las autoridades deberán informar a la familia y el puesto de trabajo del investigado en las siguientes 24 horas excepto cuando haya riesgo de destrucción de pruebas. No se ha aclarado dónde serán recluidos, quién se encargará de su manutención ni si podrán contar con abogado.

Involución de las libertades públicas

 

La magnitud del aparato, sus atribuciones y escasos controles justifican el temor de las organizaciones de derechos humanos. Pekín ha extremado el control de la sociedad civil durante el lustro en el poder de Xi y perseguido a todo elemento que lejanamente considerase molesto, desde abogados a feministas. Los sectores liberales están comprensiblemente desmoralizados por la involución de las libertades públicas.

 

La lucha contra la corrupción ha servido a Xi para limpiar el partido, eliminar rivales y apuntalar el apoyo popular. La CCID ha sancionado a millón y medio de miembros del partido desde que el presidente prometió mano dura y Wang Qishan, zar contra la corrupción y fiel aliado de Xi, verá recompensados sus esfuerzos al final de la sesión parlamentaria con una vicepresidencia a pesar de que su edad sugiere la jubilación.

Sustitución del 'shuanggui'

 

La reforma anunciada jubilará el 'shuanggui', el método disciplinario interno que provoca el terror en las filas del partido. El proceso suponía el repentino final de una vida de lujos e impunidad. El poder, los amigos e influencias eran indiferentes: el sujeto permanecía semanas o meses desaparecido e incomunicado, sin abogado ni visitas familiares, hasta reaparecer ya expulsado del partido y con la confesión firmada. Pekín justificaba el camino extrajudicial porque los tribunales locales podían ser fácilmente manipulados por esos pesos pesados que en ocasiones controlan su financiación. No contemplaba la tortura, pero varios detenidos murieron a golpes tras caerse en la ducha y desde entonces las presiones para erradicarlo se acentuaron.

 

“La sustitución del 'shuanggui' por una forma de detención rigurosamente regulada ayudará a resolver un viejo problema legal”, ha declarado el vicepresidente de la Asamblea, Li Jianguo, en la presentación de la nueva agencia. El nuevo método se ha bautizado como "liuzhi" y será necesario esperar para comprobar si se queda en la renovación semántica o corrige las excesos del 'shuanggui'. Por ahora ya se sabe que multiplicará el personal investigado.