Conozca los decretos que se emitieron a favor de la población LGBTI en Costa Rica

 El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, emitió el viernes cuatro decretos y dos directrices que buscan garantizar diversos derechos a la población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexo (LGBTI).

Los decretos reconocen la identidad de género para la población transexual en los documentos de identidad para extranjeros, el estatus migratorio a parejas binacionales, la inclusión de la bifobia en el día de la homolesbotransfobia, así como declaración de interés público del protocolo hormonal para transexuales.

Por su parte, las dos directrices establecen que las parejas del mismo sexo podrán acceder a asistencia para vivienda y se eliminan las sanciones a los notarios que formalices su matrimonio.

El presidente Alvarado manifestó que "esto es el resultado del trabajo articulado entre organizaciones y sociedad civil por dar respuestas concretas a la población LGTBI" y aseguró que "como Estado nuestro compromiso es saldar una deuda histórica y garantizar el respeto de esta población".

El comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, declaró que "estas medidas no solo son acciones afirmativas, sino que son un resguardo para subsanar la violación a los derechos de esta población".

Entre los derechos migratorios que regulan los decretos destacan las residencias temporales, residencias permanentes, categorías especiales o cualquier otro proceso de regulación migratoria de personas extranjeras que se encuentren en territorio costarricense.

El Gobierno de Costa Rica considera estas acciones como pasos para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa, que se unen a una serie de avances que el país ha conseguido en esa materia, como la inminente legalización del matrimonio igualitario.

El matrimonio entre parejas del mismo sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo de 2020 como máximo, fecha en que vencerá el plazo de 18 meses estipulado por la Sala Constitucional para que dejen de tener vigencia los artículos de la legislación costarricense que impedían esas uniones.

En la sentencia, los magistrados declararon inconstitucionales los artículos que impiden el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, pero dejaron vigentes las normas por 18 meses para que el Congreso legisle al respecto.

Si en ese plazo el Congreso no aprueba ninguna ley que habilite el matrimonio igualitario, las dos normas quedarán automáticamente derogadas.

Otros avances a favor del colectivo LGBTI en Costa Rica son una reforma que permite el cambio de nombre por identidad de género autopercibida y eliminar la indicación del sexo de nacimiento en los documentos de identidad.