La ultraderecha en Brasil
Río de Janeiro quiere tener su propia prisión de Guantánamo para recluir narcotraficantes
Así lo propone su flamante gobernador Wilson Witzel, inspirado en George Bush Como parte de su nueva política de seguridad considera que los cariocas deben liberarse de los delincuentes definitivamente
Gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.-MAURO PIMENTEL / AFP
Necesitamos tener nuestro Guantánamo, hay que colocar a los terroristas en lugares donde la sociedad se libre definitivamente de ellos, dijo el flamante gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Al poner en funciones al nuevo secretario de la Policía Civil, Marcus Vínicius de Almeida Braga, el gobernador consideró que las personas involucradas con el tráfico de drogas deben ser tratadas como terroristas y, una vez presos, carezcan del derecho a recibir visitas.
Su modelo es la polémica prisión en la base militar que EE.UU mantiene históricamente en el sur de Cuba y que después de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center de Manhattan encerró a presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda por decisión del presidente norteamericano George W. Bush. Los presos de Guantánamo fueron excluidos de las protecciones legales garantizadas por los Convenios de Ginebra. Frente a la proliferación de denuncias de organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el presidente Barack Obama expresó su deseo de cerrar las instalaciones. Eso no sucedió, entre otras razones por la victoria de Donald Trump.
Witzel ganó las elecciones estaduales subido a la ola ultraderechista de Jair Bolsonaro e incluso yendo más lejos en sus propuestas en materia de seguridad. Quiere una ley antiterrorista que aumente el límite de la pena de 30 a 50 años y, además, una severidad extrema en el combate callejero contra el delito. Si alguien utiliza un fusil y no usa uniforme es enemigo, es terrorista, y será abatido, anticipó. En adelante, adelantó el gobernador, la Policía Militar estará autorizada a registrar infracciones leves en la calle y enviar las informaciones directamente a la justicia, sin llevar al supuesto autor a una comisaría.
EL FIN DE LA INTERVENCIÓN MILITAR
Al asumir como gobernador, el pasado 1 de enero, Witzel disolvió la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de coordinar las policías civil y militar durante los últimos 23 años. Su gestión debe redefinir de manera global las estrategias para enfrentar la violencia crónica de la ciudad que, desde el último día de 2018, ya no está sometida a una intervención militar. El Ejército funcionó como una suerte de fuerza de ocupación en Río de Janeiro a lo largo de 10 meses por orden del entonces mandatario interino, Michel Temer.
Cientos de soldados asumieron el control de la periferia carioca, escenario de las disputas territoriales entre bandas de narcotraficantes. La intervención militar fue saludada por los defensores de la mano dura y muy criticada por los organismos defensores de los derechos humanos. Entre marzo y noviembre pasados, el Instituto de Seguridad Pública (ISP) registró 4.127 homicidios, un 6 % menos que durante el mismo periodo de 2017. A su vez computó 1.287 muertes provocadas por la policía, un 38 % más en relación con 2017. La cantidad de tiroteos subió un 56 %. Durante el período analizado, perdieron la vida 103 uniformados.