El número de personas que duermen en la calle se dispara en el Reino Unido

La muerte hace unos días de una persona sin techo de 43 años en el pasadizo que conecta el metro de Westminster con la entrada del Parlamento ha expuesto la cruda realidad que subyace en Londres y en las principales ciudades británicas: el gran número de personas que pasan la noche en la calle.

Los datos publicados por la organización benéfica Crisis revelan que el número de familias e individuos que pernoctan en hostales, hospicios, tiendas de campaña o en la calle se ha disparado en los últimos años en Inglaterra y Gales hasta alcanzar la cifra récord de 170.800, de los cuales 38.000 son menores de 25 años.

Algunas organizaciones estiman que se ha incrementado un 169% la cifra de homeless desde que los tories llegaron al poder en el 2010 y pusieron en marcha las políticas de austeridad. John Healey, responsable de Vivienda de la oposición laborista, asegura que "es el resultado de los fuertes recortes en vivienda social, subsidios y servicios para los sin hogar y del rechazo a ayudar a los inquilinos privados".

Incluso James Brokenshire, ministro de Vivienda conservador, ha admitido que el Gobierno debe hacerse "preguntas importantes sobre la relación con las políticas de bienestar social adoptadas".

CASI 600 MUERTOS

El hombre hallado muerto en Westminster es uno de los 591 sin techo que han perecido desde octubre del 2017, un 24% más que en el 2012, según datos oficiales. Entre ellos, un hombre de 81 años que también dormía al raso, una madre con un bebé que pernoctaba en un hospicio y otro que fue arrojado por accidente a un camión de basura. La mitad de los decesos se produjeron por cirrosis, drogas o suicidio. La mayoría no fueron investigados por falta de recursos. Matt Downie, director de políticas de Crisis, exige que se investiguen para aprender lecciones.

"Es un fracaso de gran magnitud que, en una de las naciones más ricas del mundo, las personas que no tienen donde ir estén muriendo, esto tiene que terminar y el Gobierno buscar un plan e implementarlo", denuncia Downie. En abril de este año se aprobó la ley de reducción de personas sin hogar y se destinó una partida de 100 millones anuales para reducir los indigentes a la mitad de aquí al 2022 y erradicarlos antes del 2027. "Queremos obligar a los municipios a proveerles apoyo e impulsar su acceso a vivienda social y regular el alquiler", resalta Brokenshire.

UNA LEY DE 1824

Otro problema es la ley de vagancia de 1824 que criminaliza pedir limosna o dormir al raso. Más de 3.000 personas fueron condenadas por este delito a pagar multas de hasta 1.000 libras (unos 1.100 euros) el año pasado. Por otro lado, una investigación de 'The Guardian' ha destapado que en los últimos cuatro años los gobiernos municipales han pagado miles de billetes de tren y autocar, dentro de la "política de reconexión" del Gobierno, para enviar a homeless a zonas donde tuvieran familia o pudieran recibir ayuda. Los extranjeros han sido mandados a sus países de origen. En total han financiado 6.810 billetes, una tercera parte de los cuales eran viajes fuera del país.

Grupos de activistas han calificado esta política de "limpieza callejera". Los municipios alegan que solo compran billetes cuando existe una oferta de alojamiento y que la decisión es voluntaria, versión contradicha por mendigos que aseguran que los obligan a aceptar los billetes. "Esto es inhumano y totalmente inapropiado," lamenta Norman Lamb, exsecretario del Ministerio de Salud, porque muchos sin hogar luchan contra problemas mentales y adicciones y es asqueroso que se estén limpiando las calles de personas que están lidiando con un sinfín de obstáculos".

RESPUESTA JUDICIAL 

El Gobierno deportó a 700 ciudadanos comunitarios desde el 2016, amparándose en una ley promulgada por Theresa May cuando era ministra del Interior, que consideraba abuso de la libre circulación de personas dormir en la calle aunque tuvieran trabajo.

El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo británico, tras la denuncia de algunos afectados, declaró estas deportaciones "ilegales y discriminatorias" y obligó al Gobierno a compensar a las víctimas y detener esta práctica.