Heraldo-Diario de Soria

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La UE se blinda para un divorcio a las malas

Los gobiernos de los Veintisiete aceleran la adopción de planes de contingencia

Un activista anti-brexit muestra una bandera de la UE en un autobús de Londres.-AFP / BEN STANSALL

Un activista anti-brexit muestra una bandera de la UE en un autobús de Londres.-AFP / BEN STANSALL

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Carles Planas Bou, Eva Cantón, Irene Savio, Rosa M. Sánchez, Begoña Arce, Silvia Martinez
Soria

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La decisión en enero del Parlamento británico de enterrar el acuerdo del brexit, tras dos años de complicadas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, y la incertidumbre generada desde entonces en Londres ha obligado a los gobiernos europeos a pisar el acelerador de los preparativos ante un divorcio caótico. Nadie quiere un brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo pero todo apunta, de momento, a que las más de cuatro décadas de relación terminarán a las malas.

La secretaría general de la Comisión Europea ya ha empezado una gira por capitales a nivel europeo para coordinar la respuesta entre los Veintisiete. Además, los embajadores continúan acelerando los preparativos en una decena de áreas clave en base al plan de contingencia presentado en diciembre por Bruselas y que cubre 14 sectores críticos, entre ellos, la aviación o las aduanas. El Ejecutivo ha completado los planes con medidas en materia pesquera para compensar económicamente a todos aquellos pescadores que no puedan acceder a aguas británicas en caso de una salida sin acuerdo. Estos son los planes previstos en ocho de los Veintisiete países.

ALEMANIA

Abismo económico

Carles Planes Bou (Berlín).- Tras el caos originado en Londres por la negativa parlamentaria a aceptar el acuerdo con Bruselas, Alemania se prepara para un brexit duro. Aunque Angela Merkel ha remarcado que aún hay tiempo para negociar, hace semanas pidió a su Gobierno prepararse para el peor escenario.

Para ello, sus ministros crearon en diciembre un proyecto de ley que protegerá a los británicos residentes en Alemania y a los alemanes residentes en el Reino Unido, permitiéndoles seguir temporalmente en el país y mantener su cobertura de seguridad social en situaciones de desempleo, enfermedad, pensión, cuidados de larga duración y accidentes. Los estudiantes que están recibiendo una ayuda federal también la mantendrán.

El Ejecutivo también ha impulsado una ley para mantener la estabilidad del mercado financiero. Para ello se agilizará la contratación de personal bancario y se facilitará el establecimiento de nuevas empresas británicas en Alemania, permitiendo que adopten una nueva forma jurídica aceptada bajo la legislación alemana. Así mismo, se contratarán cientos de funcionarios de aduanas adicionales.

Ante la inminente posibilidad de un brexit duro que perjudique también a las empresas alemanas el ministro de Economía, Peter Altmaier, abrió la puerta a prorrogar la fecha límite más allá de lo establecido, el 29 de marzo, aunque una nueva negociación se antoja prácticamente imposible.

Berlín teme con razón que la falta de acuerdo golpee críticamente su economía. Alemania es el quinto mayor socio comercial del Reino Unido y sus exportaciones a la isla, de 85.400 millones de euros en 2017, son algo de lo que Merkel no puede prescindir. El poderoso sector automovilístico alemán ya ha advertido de los peligros de un adiós caótico para una industria que tiene en los británicos a su mejor cliente.

La Federación de la Industria Alemana ha alertado de que una salida desordenada de la UE dejará a las empresas mirando al abismo. "Algunas empresas ya han anunciado que dejarán de producir a partir de abril o que adelantarán los trabajos de mantenimiento, remarcó su presidente, Dieter Kempf. Otros han trasladado personal o han cerrado negocios.

Con esta situación, el crecimiento económico anual se situaría por debajo del 1,5% previsto, cayendo hasta un 0,3%. Según el 'think tank' del bruselense Bruegel, ante la falta de un pacto y la negativa británica a cumplir con lo acordado, Alemania debería pagar 4.200 millones de euros para el periodo de financiación hasta el 2020.

En diciembre los empresarios alemanes cifraron en un 43% la posibilidad de un brexit sin acuerdo, una situación que no saben si podrán afrontar. Aunque el Gobierno asegura que Alemania está preparada para hacer frente a esa quimera se verá solo cuando todas las cartas estén sobre la mesa. A diferencia de Londres y Bruselas, Berlín aún no ha abierto una página web que informe y asesore a las empresas sobre el panorama que se abrirá con un adiós no pactado.

FRANCIA

Medidas por decreto

Eva Cantón (París).- El Gobierno francés ha activado un plan de contingencia organizado discretamente desde hace meses para proteger a ciudadanos y empresas ante la hipótesis cada vez más probable de una salida abrupta del reino Unido de la Unión Europea.

Además de estudiar medidas específicas para proteger al sector pesquero -uno de los más amenazados por un no deal- el Gobierno reforzará con 600 agentes los controles aduaneros y veterinarios que se restablecerán cuando Londres abandone el club comunitario.

La responsabilidad del Gobierno es que nuestro país esté preparado, que los intereses de nuestros ciudadanos sean preservados y defendidos, dijo el primer ministro, Edouard Philippe, durante la presentación del plan. El Estado destinará 50 millones de euros para adaptar los puertos y aeropuertos franceses a la nueva situación.

En el terreno legislativo, se ha adoptado un proyecto de ley que permitirá aprobar por decreto las medidas necesarias para hacer frente a un 'brexit' duro. Se trata de cinco decretos que verán la luz a mediados de febrero.

El objetivo es contar con un marco jurídico para proteger los intereses de los franceses residentes al otro lado del Canal de la Mancha, dar un estatuto a los ciudadanos británicos que viven en Francia y prever medidas para restablecer los controles de pasajeros y mercancías en las fronteras.

El primero de los decretos regulará los derechos de los británicos en suelo francés. París prevé un periodo de doce meses durante el cual podrán vivir en Francia sin permiso de residencia, siempre y cuando la medida sea recíproca para los franceses en el Reino Unido.

El segundo se refiere a las estructuras aduaneras, el tercero a los transportes por carretera el Gobierno autorizará a las empresas británicas a operar en Francia-, el cuarto permitirá determinadas operaciones financieras aunque Londres pierda su pasaporte financiero y el quinto regulará el comercio bilateral de material de defensa en ausencia de un marco europeo.

Más de 3.000 empresas francesas están instaladas en el Reino Unido y unas 30.000 exportan sus mercancías al otro lado del Canal. El Gobierno ha abierto la web Brexit práctico para anticipar eventuales problemas logísticos o comerciales. Las grandes compañías y el sector financiero llevan meses preparándose pero no las Pymes, que son las que más dificultades pueden encontrar ante un posible frenazo en la circulación de capitales, servicios y productos.

También la patronal ha editado una guía y ha abierto un punto de información para que las empresas se armen ante un divorcio brusco entre Londres y Bruselas.

En la región Altos de Francia fronteriza con el Reino Unido- los servicios de aduanas organizan reuniones regulares con las compañías exportadoras. Otra consecuencia del 'brexit' se sentirá en el tráfico de los puertos de Dunkerque o Calais, donde diariamente cruzan el Canal más de mil camiones.

ITALIA

Maltrecha economía

Irene Savio (Roma) .-El Gobierno de Italia ha presentado esta semana su plan de contingencia económico, en caso de que el Reino Unido decida abandonar la UE sin acuerdo. El plan, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como principal objetivo que las empresas italianas y británicas puedan seguir trabajando con normalidad en ambos países y estará en vigor por un período de transición.

Durante este plazo de tiempo, que Roma no ha precisado, el Gobierno ha previsto que las entidades financieras y las aseguradoras italianas en el Reino Unido y las británicas en Italia, así como otros intermediarios de ambos países, puedan seguir operando bajo la actual legislación. Las mismas reglas se aplicarán asimismo, según el Ejecutivo liderado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), para los bancos, evitando así que los efectos del posible divorcio duro golpeen a la ya maltrecha economía italiana.

Eso servirá, según el ministro Giovanni Tria, para proporcionar un cierto marco regulatorio, a la espera de elaborar nuevas reglas. Tria también ha explicado que el plan se activará a través de un decreto ley, una herramienta jurídica de la legislación local que permite que se tomen decisiones en plazos de tiempo más rápidos y sin pasar por el escrutinio inmediato del Parlamento.

En la actualidad, el saldo de la balanza comercial entre Italia y el Reino Unido es favorable para Roma, que ha registrado un superávit de unos 12.000 millones de euros, según los últimos datos. Dichas exportaciones equivalen al 5% de las exportaciones italianas en el mundo.

Además de prepararse para amortiguar los efectos adversos que acarreará a la economía italiana el divorcio británico, Roma también se ha apresurado este mes a anunciar que resguardará a los ciudadanos británicos residentes en Italia. Lo hará permitiéndoles seguir viviendo y trabajando en el país, según ha hecho saber el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano.

Con 700.000 emigrados italianos en Gran Bretaña -con derecho a voto en Italia-, el Gobierno de Roma siente que tiene mucho que perder, en caso de salida abrupta del Reino Unido.

Más aún, ante la posibilidad de que esto se transforme en terreno conflictivo, Roma también ha sugerido a sus ciudadanos de inscribirse en el AIRE, el Registro de los Italianos Residentes en el Extranjero. Dicha inscripción, pese a que en teoría es obligatoria para los ciudadanos que viven de manera estable en otros países, en la actualidad es escasamente utilizada por muchos de los que residen fuera de Italia.

En esta línea, el Gobierno italiano también ha aventurado que todos los Ministerios mantienen reuniones regulares para encontrar soluciones y mitigar las consecuencias del 'brexit' en otras áreas delicadas, como las aduanas, el acceso a puertos y aeropuertos, y la sanidad pública. No obstante, Roma todavía no ha anunciado cómo lo hará.

ESPAÑA

Iberia y Gibraltar

Rosa María Sánchez (Madrid) .- España está preparada para el brexit y ya está con los deberes hechos aún para el caso de que el abandono del Reino Unido de la UE se produzca sin acuerdo, ha dicho la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Los planes para empresas y ciudadanos están en marcha y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, prevé comparecer el 7 de febrero en el Congreso para explicarlos en detalle. Pero hay dos aspectos muy delicados que meten presión en las decisiones del Gobierno y que aún suponen una gran incertidumbre para la economía y la sociedad española. Se trata de Iberia y de Gibraltar.

En el primer caso, sucede que la compañía de bandera española es propiedad de la firma británica IAG y si el plan de contingencia adoptado por la Comisión Europea para el supuesto de un brexit duro cayera con todo su peso sobre Iberia y Vueling, se podría dar el caso de que acabaran perdiendo sus derechos de vuelo dentro de la UE y que no pudiera haber trayectos dentro de España.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se han mostrado optimista sobre una posible solución para este dilema -con el argumento de que accionistas españoles poseen la mayor parte del capital de Iberia- pero aún no ha explicado con certeza cuál es el resultado de la negociación de España con la Comisión Europea en relación a esta cuestión.

El segundo punto delicado afecta a Gibraltar. El Peñón no forma parte de las medidas de contingencia lanzadas por la CE ante la posibilidad de un brexit duro.

El Gobierno español ha avanzado que las medidas de contingencia nacionales relacionadas con Gibraltar tendrán dos objetivos esenciales. En primer lugar preservar los derechos de nuestros ciudadanos, incluido el derecho de nuestros trabajadores al cobro de pensiones y prestaciones de la seguridad social, según la planificación acordada por el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero. En segundo lugar, garantizar que el cese de la aplicación del Derecho de la UE no provoque conductas lesivas a los intereses de la UE y España, como el tráfico y el contrabando, o la evasión de impuestos u ocultación de beneficios.

En todo caso, los planes del Gobierno ante la eventualidad de un 'brexit duro' incluyen la aprobación de un real decreto la primera semana de febrero que, entre otras cuestiones, prevé incorporar ayudas económicas para empresas y organizaciones de exportadores (cheque bréxit) para la adopción de planes de contingencia.

En segundo lugar, el Gobierno ha previsto medidas logísticas dirigidas a la dotación de medios personales y materiales en aduanas, oficinas de extranjería y otros departamentos para atender los nuevos procedimientos administrativos.

En tercer lugar, se ha puesto en marcha una labor de comunicación a los ciudadanos cuya pieza central es una página web en el servidor de Presidencia del Gobierno que informa de manera directa sobre lo que deben hacer los ciudadanos y empresas tanto si hay plan A (brexit' con acuerdo) como si se impone un plan B (salida sin acuerdo).

El contenido definitivo del real decreto está a la esperar de conocer el rumbo que, definitivamente, adopte el Parlamento británico y el Gobierno del Reino Unido respecto de su compromiso de abandonar la UE.

Para los ciudadanos, la voluntad del Gobierno es la de preservar globalmente sus derechos, según la nota emitida por el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero. Para ello se habilitará un sistema por el que los ciudadanos británicos en España pasan, de ser ciudadanos de la UE, a ser residentes legales en nuestro país, y se adoptan las medidas necesarias para garantizar a españoles y británicos derechos, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, entre otros.

El derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales que será reconocido mediante un Acuerdo Bilateral específico según lo previsto en el artículo 13 de la Constitución española.

IRLANDA

El más afectado

Begoña Arce (Londres) .- La República de Irlanda será seguramente el país de la UE más afectado por el brexit y mucho más aún si la ruptura se produce sin acuerdo. Su frontera con Irlanda del Norte, además de Gibraltar, será la única terrestre de la UE con el Reino Unido y ese ha sido hasta ahora el problema irresoluble en las negociaciones, para que los británicos se marchen de manera pactada.

El Gobierno irlandés lintensificó desde diciembre los preparativos para la eventualidad de un brexit sin acuerdo y el pasado jueves presentó un gran paquete legislativo de más de cien páginas, titulado Ley de Provisiones (Retirada del Reino Unido de la Unión Europea 29 Marzo 2019). La normativa consta de 17 apartados y abarca asuntos referentes a nueve Ministerios. El objetivo es proteger a los ciudadanos irlandeses, manteniendo en muchos casos los actuales acuerdos en vigor. Es el caso por ejemplo en lo referente a la justicia. La nueva legislación asegura el mantenimiento de las normas ya existentes en materia de extradición entre los dos países.

De momento Dublín subraya que no tiene planes de contingencia para la instalación de una frontera formal entre el norte y el sur de la isla, algo que ninguna de las partes desea. Pero el Gobierno advierte que unas 70.000 pequeñas y medianas empresas irlandesas que comercian con el Reino Unido pueden sufrir significativamente el impacto de un 'brexit' sin acuerdo. A modo preventivo, se ha comenzado la contratación de 400 nuevos empleados de aduana, que estarán en sus puestos a finales de marzo.

Productos agrícolas, pesca, aviación y transporte por carretera podrían ser algunos de los sectores más vulnerables. Durante los 2017, 84.000 negocios irlandeses comerciaron con el Reino Unido y en torno a la mitad, unos 45.000, lo hacen regularmente. Actualmente sólo 17.000 empresas en Irlanda comercian con terceros países. Eso requiere 1.6 millones de declaraciones de importación y exportación. Las autoridades calculan que cuando el Reino Unido sea clasificado como un tercer país, Irlanda tendrá que tramitar unos 20 millones de esas declaraciones, algo que se antoja como una misión imposible.

La sanidad es otra gran preocupación. Entre el 60% y el 70% de las medicinas que consumen los irlandeses transitan o proceden del Reino Unido. El Gobierno ha puesto en una lista de vigilancia determinadas medicinas, más susceptibles de escasear. El primer ministro, Leo Vararadkar, ha desaconsejado sin embargo a los ciudadanos el almacenar fármacos extra por su cuenta, para no bloquear precisamente el suministro, o contribuir al aumento de los precios. Vamos a estar preparados, declaró Varadkar en el Dáil Éireann (el parlamento irlandés). Pero no voy a decir que todo va a salir bien. Está claro que habrá interrupciones y un impacto negativo, pero vamos a prepararnos en la media en que podamos.

BÉLGICA

El cuarto socio comercial

Silvia Martinez (Bruselas) .- El Gobierno en funciones aprobó hace unos días un primer anteproyecto de ley que contempla un presupuesto de 21 millones de euros para financiar las medidas suplementarias en caso de que el 29 de marzo se produzca un brexit sin acuerdo. Los planes de Bélgica incluyen la contratación de 245 inspectores de aduanas adicionales, que se sumarían a los 145 más ya previstos. Además, 21 funcionarios reforzarán las inspecciones del Ministerio de Economía y otros 40 los controles en las fronteras interiores.

El Reino Unido es, tras Alemania, Francia y Holanda, el cuarto socio comercial de Bélgica. Las empresas belgas exportan al mercado británico productos del sector automovilístico, químico y alimentario así como máquinas y otros aparatos. Y el Reino Unido es el principal destino de tejidos especiales y alfombras fabricados en territorio belga. Por ello, un brexit sin acuerdo se dejará sentir con cierta dureza. Según las estimaciones del Ministerio de Economía, costará a las empresas belgas y británicas 2.200 millones adicionales cada año en derechos de aduana y podría derivar en una fuerte pérdida de empleos, hasta 28.000 solo en Flandes, según un estudio de la Universidad Católica de Lovaina.

El Gobierno puso en marcha en septiembre una herramienta en internet para ayudar a las empresas pero solo una de cada cinco están preparadas para responder a las nuevas formalidades aduaneras que exigirá la salida del Reino Unido. Dicho de otra forma, de las 25.000 empresas que mantienen relaciones comerciales con el Reino Unido solo 5.000 están preparadas.

HOLANDA

Más funcionarios de aduanas

Silvia Martinez (Bruselas) .- Holanda alberga el puerto más importante de Europa, el de Rotterdam, y un brexit sin acuerdo obligará a aumentar el número de inspectores de aduanas. La intención del Gobierno es contratar 900 funcionarios adicionales, 300 al menos para el 29 de marzo, y el resto antes de que finalice el año lo que significará aumentar un 18% del número de empleados en este sector para controlar los ferries que transitan entre los puertos británicos y holandeses así como los buques de carga. Por ejemplo, solo la agencia holandesa de seguridad alimentaria necesitará 143 inspectores adicionales para los controles veterinarios adicionales que serán necesarios.

Además, las autoridades holandesas ya han tomado medidas para garantizar que en caso de no acuerdo los ciudadanos británicos (y sus familias) que residían en territorio holandés antes del 29 de marzo seguirán teniendo derecho a vivir, trabajar y estudiar durante al menos otros 15 meses. Este período transitorio también se aplicará a los familiares de los ciudadanos británicos que no tengan la ciudadanía europea. Los 45.000 británicos que residen en Holanda tendrán que solicitar un permiso de residencia permanente si quieren permanecer en el país más allá del período transitorio.

LUXEMBURGO

Permisos de residencia

Silvia Mastinez (Bruselas) .- Al igual que el Gobierno holandés, las autoridades de Luxemburgo también han empezado a preparar la legislación necesaria para garantizar los derechos de los británicos que residen en Reino Unido y los luxemburgueses en territorio británicos, 6.000 y unos 2.000 respectivamente. Si hay un divorcio caótico, los británicos que residen en el Gran Ducado podrán solicitar un permiso de residencia permanente para un año, hasta el 29 de marzo de 2020. Más allá de esa fecha no podrán solicitarlo.

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