EEUU negará la entrada al personal del Tribunal Penal Internacional

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, ha anunciado este viernes que su país impedirá la entrada en el país a todos los empleados del Tribunal Penal Internacional (TPI), el organismo encargado de perseguir los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresión y genocidio alrededor del mundo. El anuncio llega medio año después de que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pronunciara una arenga feroz contra el TPI, presentándolo como una amenaza para la soberanía estadounidense. El motivo de estas acciones punitivas no es otro que la investigación preliminar abierta por el tribunal con sede en La Haya sobre los crímenes en la guerra de Afganistán. Sus pesquisas se centran en los crímenes de los talibanes, pero también abordan las acciones del Ejército afgano y las fuerzas estadounidenses. 

“Estamos decididos a proteger a las tropas estadounidenses y aliadas, así como al personal civil, de vivir atemorizados por una injusta persecución derivada de las acciones adoptadas para proteger a nuestra gran nación”, dijo Pompeo. Inicialmente se negarán los visados al personal del TPI que participe en la investigación afgana, pero no se descartan medidas adicionales, que podrían extenderse a los fiscales relacionados con la solicitud presentada por Palestina para que se investiguen los crímenes israelís en los territorios ocupados. “Estamos preparados para tomar medidas adicionales, incluidas las sanciones económicas, si el TPI no cambia de rumbo”, añadio Pompeo.

NINGUNEO

 

Washington nunca ha reconocido al tribunal internacional, creado después de los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia para disuadir de futuras atrocidades y llevar a sus responsables ante la justicia. Bill Clinton llegó a firmar el Estatuto de Roma que sirvió para crear el tribunal, pero nunca llegó a someterlo a la ratificación del Senado. Aquel ninguneo dio paso a una hostilidad frontal bajo la presidencia de George Bush, que aprobó leyes para blindar judicialmente a sus ciudadanos de las acciones del TPI e incluso autorizó el uso de la fuerza militar para responder eventualmente a una causa contra sus ciudadanos. Con Donald Trump en el poder, se ha recuperado la agresividad de los tiempos de Bush. Tanto entonces como ahora, Bolton ha liderado la embestida contra el TPI, del que forman parte 124 países. 

Hace unos meses, el TPI afirmó que no se dejaría intimidar por las amenazas estadounidenses e instó a EEUU a investigar en sus propios tribunales los presuntos crímenes alegados, relacionados principalmente con los secuestros y las cárceles secretas de la CIA. De hacerlo, dejaría a la corte sin jurisdicción, pero hasta ahora Washington se ha negado a investigar sus acciones en Afganistán. 

Human Rights Watch ha asegurado que las medidas estadounidenses son “un intento propio de un matón de penalizar a los investigadores del TPI por su trabajo: investigar los crímenes de guerra”. Su postura, ha añadido, “envía un claro mensaje a toda clase de asesinos y torturadores, al decirles que no tendrán que rendir cuentas por sus crímenes”.