La ONU investiga a Francia por el traslado de Siria a Irak de presos yihadistas franceses

Participó Francia en la transferencia de once combatientes del Estado Islámico (EI) franceses entre Siria a Irak el pasado mes de enero? Si así fuera, el Gobierno de Emmanuel Macron sería responsable de varias violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Con el objetivo de aclarar esta espinosa cuestión, el pasado 12 de agosto, la relatora especial de Naciones Unidas (ONU), Agnès Callamard, dirigió una carta oficial al Ejecutivo exigiendo explicaciones.

La implicación de Francia me parece creíble, incluso muy creíble, a la vista de los elementos que me han sido facilitados, y de los relatos de los presuntos yihadistas evocados por sus familiares y abogados, que dicen haber visto a oficiales franceses durante su transferencia, reiteró la relatora al diario 'Le Monde'. Para llegar a tal conclusión, Agnès Callamard se entrevistó con siete de los once presos franceses, todos ellos condenados a muerte por los tribunales de Bagdad.

Precisamente, en torno a esta sentencia planea la controversia: mientras Francia abolió la pena de muerte en 1981, Irak aplica la pena capital sin reparo alguno. En estas condiciones, la transferencia de personas a Irak para ser juzgadas es ilegal, denuncia la relatora de la ONU en su escrito. El traspaso de presos supondría, según la relatora del organismo internacional, condenas por procuración.

Declaración de principios

Ante tales acusaciones, el Ejecutivo no tardó en reaccionar negando cualquier implicación de Francia en el traspaso de los once detenidos. Puras especulaciones, con estas palabras el portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores descalificó los cargos de Agnès Callamard, recordando la posición oficial de Francia: los hombres y mujeres adultos de nacionalidad francesas que se han unido al Estado Islámico para luchar en el Levante deben ser juzgados lo más cerca posible de los lugares donde cometieron sus crímenes Las autoridades iraquís saben que Francia se opone, en todos los lugares y en todas las circunstancias, a la pena de muerte, y que exige que no se aplique.

Una declaración de principios insuficiente para enterrar las acusaciones de la ONU, que ha concedido un plazo de dos meses al Gobierno de Macron para aclarar las vastas zonas de sombra que subsisten, antes de decretar cualquier sanción al respecto. Poco importa si los actores del polémico traslado son kurdos-sirios, estadounidenses o iraquís, todos ellos han infringido las reglas del derecho internacional -recuerda la relatora-. Este procedimiento es la antítesis de la Justicia. Si Francia organizó el traslado o pidió a otro actor hacerlo, su responsabilidad será juzgada.

Si bien los reproches de la ONU se ciñen, en esta ocasión, al caso concreto de los once franceses condenados a muerte por los tribunales iraquís, la cuestión es mucho más compleja y engorrosa. Según fuentes sirias e iraquís menciondas por el periódico 'Le Figaro', 120 combatientes franceses engrosan la lista de espera para ser juzgados por los tribunales iraquís; 450 franceses, hombres y mujeres, afiliados al Estado Islámico permanecen detenidos por las autoridades kurdas o en campos de refugiados en Siria e Irak.

Miradas indiscretas

Cuál debe ser el sino de estos presuntos yihadistas? Mientras las familias de los detenidos denuncian una justicia expeditiva instaurada fuera de las fronteras de Francia y alejada de miradas indiscretas, la opinión pública rechaza la repatriación de sus connacionales: el 82% de los franceses considera que los detenidos deben ser puestos a disposición de la justicia iraquí, según un sondeo realizado el pasado mes de marzo por Odoxa-Dentsu Consulting.

El peso recae así sobre Irak. Un fardo colosal: a los presuntos yihadistas detenidos en territorio iraquí se suman todos aquellos transferidos desde el noreste por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, fuerzas árabo-kurdas, aliadas de la coalición internacional contra el EI), desbordadas también por los miles de detenidos en su poder. A cambio de asumir tal engorro, el Gobierno de Adel Abdel-Mehdi habría reclamado una compensación financiera a los países occidentales.

Según fuentes gubernamentales iraquís citadas por 'Le Figaro', Bagdad reclamaría 900.000 euros por cada yihadista extranjero transferido desde Siria y condenado a muerte por Irak; la cifra ascendería hasta 1,8 millones de euros para aquellos sentenciados a cadena perpetua. París y Bagdad aseguran que ninguna compensación financiera fue acordada a Irak por el juicio y condena de los once presos franceses condenados a la pena capital.

Capacidad de las instituciones

Ante la complejidad de la cuestión, tanto a nivel práctico como ético y moral, Jean-Yves Le Drian, ministro de Asuntos Exteriores, evocó, el pasado mes de mayo en una entrevista concedida al diario 'Le Parisien', la hipotética creación de un mecanismo jurídico especifico 'ad hoc' destinado a juzgar a los yihadistas afiliados al EI. Se trataría de un dispositivo judicial de dimensiones internacionales similar al creado para juzgar los crímenes de Kosovo o Ruanda. Por ahora, la propuesta no es más que una posibilidad.

Mientras tanto, a la espera de una respuesta oficial que arroje luz sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo el traslado de los once presos franceses condenados a la pena capital, la relatora especial de la ONU estima que, de confirmarse sus sospechas, París habría renunciado a una lógica democrática en favor de una revanchista reconociendo una debilidad, sugiriendo que París no confía en la capacidad de las instituciones judiciales y sociales de Francia para responder a este desafío.